Este artículo se publicó hace 3 años.
Brecha de géneroEl Gobierno salva por la mínima el decreto ley del complemento de maternidad en las pensiones
La abstención de ERC y EH Bildu ha impedido la derogación de la norma, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan enmendarla y "mejorarla" en sede parlamentaria.
Pilar Araque Conde
Madrid--Actualizado a
El Congreso ha convalidado finalmente el real decreto por el que se crea nuevo un complemento de maternidad en las pensiones y se modifica el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La abstención de ERC y EH Bildu ha impedido un nuevo revés parlamentario del Ejecutivo, que ha salvado la norma con apuros, ya que hasta hace unas horas no tenía garantizado los apoyos para sacarlo adelante. El decreto, que ha recibido 168 votos a favor, 164 en contra y 16 abstenciones, será tramitado como proyecto de ley para que los grupos puedan añadir modificaciones más adelante.
El Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que entró en vigor el pasado 4 de febrero, prevé un nuevo complemento de maternidad a las pensiones, que tendrá una cuantía fija de 400 euros anuales por hijo, desde el primero (hasta ahora solo se podía acceder a partir del segundo hijo) para reducir la brecha de género en las pensiones, del 30% a menos del 5%, como planea el Gobierno. Los hombres que acrediten que su paternidad supuso un perjuicio a su carrera profesional también podrán beneficiarse de esta ayuda.
Esta prestación se extiende a las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario, por lo que se reconocerá en todas las modalidades de pensión: jubilación, incapacidad permanente y viudedad, excepto la jubilación parcial. Asimismo, la norma contiene la flexibilización de algunos requisitos para el acceso al Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, el decreto amplía la cobertura y prorroga el plazo de solicitud de diferentes moratorias financieras para paliar los efectos de la crisis provocada por la covid-19, con las que los hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores de turismo y transporte pueden aplazar hasta un total de nueve meses el pago del principal y los intereses de sus préstamos hipotecarios y de consumo.
Si bien, aunque muchos grupos han compartido y celebrado las medidas que contiene el decreto, han afeado que el Gobierno "abusa" de esta figura legal, "sin someter" estas cuestiones de gran calado social a un consenso previo con los grupos. De hecho, los socios habituales del Gobierno, como ERC, EH Bildu o PNV, han criticado que no ha tenido en cuenta a las autonomías para abordar esta iniciativa.
"Se abusa del decreto ley para poder mezclar cosas buenas y no tan buenas, lo que nos obliga a decidir ante un dilema moral", ha señalado el diputado de ERC Jordi Salvador, cuyo grupo se ha abstenido para poder "mejorar" el decreto en su tramitación como proyecto de ley. "No compartimos las formas. Una vez más, se actúa a hecho consumado sin tener en cuenta las competencias", ha manifestado la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta. Ambos partidos no tenían decidido hasta hace escasas horas el sentido del voto.
El PNV, por su parte, ha discrepado también en la forma de llevar a cabo estas medidas. El diputado del grupo nacionalista vasco Íñigo Barandiaran ha afeado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que use de nuevo un real decreto para regular el IMV, una prestación "muy importante" que "necesita" tener en cuenta a las comunidades autónomas. Por otra parte, le ha instado a valorar las medidas en materia de pensiones en la comisión del Pacto de Toledo.
Ciudadanos también ha votado en contra de la norma, pues a su entender el Gobierno, una vez más, presenta un RDL "elaborado con prisas y sin consenso". Una práctica que se está convirtiendo en "habitual y que perjudica gravemente a los españoles, que ven cómo el Ejecutivo solo aporta incertidumbre en lugar de sosiego y buena gestión. De nuevo, Sánchez e Iglesias piden al Congreso un cheque en blanco con uno de sus decretos", según ha explicado el partido naranja.
El PP, que también se ha opuesto a la norma, se ha expresado en estos términos: "Nos trae un decreto sin consensuar con los grupos ni con el Pacto de Toledo. Esa no es la actitud", ha avisado el diputado conservador Tomás Cabezón, quien ha acusado al Gobierno de "esconder un recorte en las pensiones" a través de este "batiburrillo de medidas".
El PDeCAT ha criticado que tomar decisiones a través de un decreto ley "no da demasiada seguridad jurídica", ha apuntado su diputado Genís Boadella, mientras que el BNG ha lamentado que esta iniciativa "no resuelve la ineficacia del IMV".
El ministro, por su parte, ha defendido que el nuevo complemento para atajar la brecha de género en las pensiones "es más eficaz y más progresivo". Con la convalidación de este decreto, el Ejecutivo cumple su compromiso –asegura– de "no dejar a nadie atrás, reducir la brecha de género y flexibilizar el IMV", ha manifestado en el Congreso.
Pese a las críticas, el Gobierno ha salvado la votación y ha impedido un nuevo revés parlamentario, después del que sufrió en septiembre de 2020 cuando cosechó su primera derrota en la Cámara Baja tras la derogación del decreto del superávit de los ayuntamientos. Pese a las negociaciones in extremis, el Ejecutivo no pudo sacar adelante la norma que permitiría a los consistorios el desbloqueo de 5.000 millones de euros de superávit, a cambio de prestar sus remanentes al Estado.
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