El día 29 del pasado mes de agosto el buque granelero OS35 colisionó contra otra embarcación que se encontraba cerca de la salida del puerto de Gibraltar. El barco iba cargado de combustible (para su funcionamiento) y de barras de metal, y la brecha originada por el choque provocó el vertido de parte de ese fuel al mar.

El Grupo de Emergencias de Andalucía activó  el escenario 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral (PECLA), ya que habían llegado restos de hidrocarburos a tres playas del litoral de La Línea de la Concepción.

Tanto el accidente marítimo como la emergencia ambiental causados por este accidente fueron solventados por el gobierno y las autoridades de Gibraltar. Las autoridades españolas apoyaron la cobertura en las primeras horas dando aviso a Salvamento Marítimo y movilizando un helicóptero, pero la gestión del incidente medioambiental y la depuración de responsabilidades por lo sucedido fueron una prerrogativa de Gibraltar.

Entre otras medidas, se decidió adoptar una solución de emergencia que acarreó cierta polémica para tratar de contener las fugas de combustibles: hundir la proa del barco, aunque se hizo varios días después del choque y de que comenzara la fuga. Además, la policía gibraltareña llevó a cabo una investigación que se saldó con la imputación al capitán del barco granelero de siete infracciones, entre las que se encuentran haber puesto en peligro a estructuras, personas y a otros buques.

El 6 de septiembre el diputado de Izquierda Unida por Cádiz José Luis Bueno, en representación del grupo parlamentario de Unidas Podemos, remitió una pregunta escrita al Gobierno para preguntar por este suceso. En concreto, Bueno pidió que se le indicara qué medidas tiene previstas (el Ejecutivo) para reducir el bunkering en esas aguas o si se plantea impulsar cambios en el transporte marítimo para reducir la carga de fuel de los barcos.

El Gobierno no respondió a ninguna de las dos cuestiones planteadas por el diputado gaditano, pero sí que remitió una respuesta con algunas claves interesantes, una respuesta que llegó al Congreso el pasado viernes, 14 de octubre.

España pide información al Reino Unido

En el escrito, al que ha tenido acceso Público, el Ejecutivo asegura que "España ha solicitado al Reino Unido la remisión de un informe del suceso ocurrido en aguas que España considera de su soberanía". Es decir, que el Gobierno reconoce por escrito que el accidente ocurrió en aguas españolas (pese a que la gestión del mismo la realizó de manera íntegra Gibraltar) y que, además, han pedido un informe a las autoridades británicas.

Bueno, el diputado de Izquierda Unida que registró la pregunta, ya ha pedido al Ejecutivo que le remita el informe solicitado cuando esté en su poder. En la respuesta ofrecida al parlamentario se explica que "el conjunto de las Administraciones Públicas españolas competentes han estado en contacto permanente para coordinar entre ellas una respuesta a esta situación de emergencia".

"Asimismo", prosigue la respuesta, "el Gobierno mantiene contacto con las autoridades británicas en relación con el accidente referido, a través de los canales diplomáticos habituales, tanto a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como a través de la Embajada de España en Londres".

Además, en este mismo texto el Ejecutivo reconoce que todavía "se está en fase de gestión de la emergencia que es, en este momento, la máxima prioridad", aunque ya han pasado casi dos meses desde que los dos barcos colisionaran cerca del puerto de Gibraltar. "Una vez concluida, el Gobierno velará por obtener la máxima información posible, con el fin de dilucidar las responsabilidades que puedan derivarse", recoge el escrito.

El accidente provocó en su día una nueva polémica entre España y Gibraltar por la soberanía de las aguas que bañan las costas de ambos territorios. España se aferra al artículo X del Tratado de Utrecht, por el que la Corona española cedió a Gran Bretaña la ciudad y castillo de Gibraltar juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, ya que interpreta que no cedió el istmo, ni las aguas adyacentes, ni el espacio aéreo suprayacente, que son espacios de soberanía española.