"Nadie va a liquidar la Constitución española, la unidad nacional y la soberanía nacional". Así se manifestó Mariano Rajoy en Bruselas el jueves, fecha en la que también respondió a la carta de Carles Puigdemont acusándole de querer "romper la convivencia en Catalunya".

En las últimas semanas, el Gobierno central ha endurecido sus declaraciones respecto al referéndum  soberanista que la Generalitat pretende llevar a cabo en dicha Comunidad. Unas advertencias que, pese a la llamada 'Operación Diálogo' liderada por Soraya Sáenz de Santamaría, no difieren demasiado de las amenazas que ya lanzó el anterior Ejecutivo en 2014, año en el que al anterior jefe del Govern, logró organizar el 9-N. 

Artur Mas terminó siendo juzgado e inhabilitado por dicho acto y ésa es, precisamente, la primera parte de la estrategia del Ejecutivo central para frenar el independentismo de Junts pel Sí y la CUP. "Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner urnas [esta vez]. Los que colaboren, poniendo una urna o dejando un local, tendrán consecuencias y responsabilidades penales", sentenció la ministra de Defensa en tono amenazante en una entrevista en la Cope. 

Y es que igual que en su día fue Pedro Morenés, ahora es María Dolores de Cospedal quien parece la encargada de lanzar los mensajes más extremos de la 'política del miedo'. "Si todo el mundo cumple con su deber, no hará falta ninguna actuación del Ejército", sentenció su antecesor apenas dos meses antes de que se celebrara la consulta en 2014. "Si las amenazas [de la Generalitat] se transforman en hechos, el Gobierno tendrá que utilizar todos los medios que le da el Estado de derecho", repitió ella casi tres años después en otra entrevista en Onda Cero.

La también secretaria general del PP dijo no querer adelantarse a los acontecimientos y anunció que el Gobierno central actuará "con proporcionalidad" a las actuaciones que "paso a paso" vaya dando el Ejecutivo catalán. Pero, igual que ocurrió en la anterior ocasión, no descarta tener que utilizar al Ejército o el artículo 155 de la Constitución -que suspendería la Autonomía de Catalunya- para impedir el referéndum. "El Gobierno tiene muchos instrumentos jurídicos y de otro tipo a su alcance y, si se cumplen las amenazas, se utilizarían los que crea más conveniente el Gobierno y el Parlamento", concluyó Cospedal.

Invitación al Congreso

Mientras tanto, el resto del Ejecutivo pretende dar una imagen más amable. La estrategia de la vicepresidenta, que ha acudido en numerosas ocasiones a actos culturales y económicos en Catalunya, o la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prometiendo grandes inversiones en la Comunidad en sus Presupuestos Generales del Estado, pretende convencer a los catalanes que "el Gobierno se preocupa por lo que de verdad les importa a los ciudadanos", repiten como un mantra una y otra vez. 

Además, frente al inmovilismo habitual de Rajoy frente al independentismo, esta vez el Gobierno insiste en que sí está dispuesto a "dialogar" a Puigdemont. Eso sí, siempre que en dicho diálogo no se incluya una negociación sobre el derecho a decidir. Una línea roja que también marcó Sáenz de Santamaría en sus reuniones con el número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras, y que ahora zanjó el presidente en su carta a su homólogo catalán. 

No obstante, ambos han invitado a Puigdemont a defender sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde saben que los partidos autodenominados "constitucionalistas" (PP, PSOE y Ciudadanos) tumbarán cualquier propuesta de referéndum, del mismo modo que ocurrió en abril de 2014. Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se aliaron entonces para impedir el traspaso de competencias a Catalunya para que pudiera celebrar la consulta. 

Después, la Generalitat siguió adelante y comenzaron las amenazas. Rajoy no sólo advirtió de las consecuencias económicas que conllevaría la independencia de Catalunya para los catalanes ("Saldrán de la UE, del euro, de la OTAN...", enumeró), sino que amenazó con llegar a cualquier extremo para impedir el 9-N. "El Gobierno tiene listas todas las medidas para impedir la consulta", decía entonces. 

Unas palabras que hoy vuelven a los titulares como medida de presión para frenar lo que tanto el Gobierno como el PP consideran "un disparate desde cualquier punto de vista: político, jurídico y social", reza el argumentario del partido a este respecto. "Es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa", sentencian los conservadores ante las informaciones que aseguran que la Generalitat tiene ya preparada una declaración de independencia unilateral en caso de que no prospere el referéndum.

"Es muy difícil encontrar un precedente tan antidemocrático", añaden las directrices de Rajoy al resto de su partido. Una forma de pasar la pelota al tejado de Puigdemont, acusándole de querer dar "un golpe de Estado". 'Política del miedo' en todos los sentidos.