Secretismo oficial en 2021 en torno al propio secretismo, también de Estado, de 1987. "Esto es como rizar el rizo", traduce Sara del Río, responsable de la campaña de Desarme en Greenpeace. Hace algunos meses, esta organización le pidió al Gobierno, vía Ley de Transparencia, que haga pública la norma del Ejecutivo de Felipe González que cubrió el negocio armamentístico con un manto de silencio. Intento fallido: la exportación de material militar está, a día de hoy, fuera del alcance de cualquier norma transparente. 

Del Río y su equipo acaban de comprobar que el muro continúa siendo, literalmente, indestructible. Actualmente no hay manera de conocer las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), largo nombre sobre el que se esconde una actividad muy concreta: allí se decide o se rechaza la venta de armas a distintos lugares del planeta, entre los que figura en un lugar predominante el régimen saudí, gran cliente de la industria armamentística española.

En marzo de 1987, el Gobierno de Felipe González decretó que las actas de la JIMMDU serían material clasificado y, por tanto, no habría forma de conocer los criterios seguidos por el Estado a la hora de permitir cada uno de estos negocios. El Ejecutivo se basó para ello en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, vigente entonces y vigente ahora. De ahí, precisamente, que el muro resulte imposible de romper. 

Greenpeace quiso abrir una grieta vía Ley de Transparencia. En una solicitud formulada en marzo pasado, esta organización –integrante junto Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y FundiPau de la plataforma Armas Bajo Control– solicitó una copia del acuerdo de 1987, "de imposible localización en los registros públicos de acceso general".

Tras recibir esta petición a través del Portal de Transparencia, el Gobierno ha optado por dejar pasar el tiempo, otra forma de decir no sin tener que escribirlo en un documento. "Tras la suspensión de los plazos administrativos por el Real Decreto del estado de alarma, de 14 de mayo de 2020, que se reanudaron el pasado 1 de junio, y habiendo transcurrido más de un mes sin contestación, se entiende desestimada la petición por silencio administrativo", destaca la organización pacifista en un comunicado. 

Ante esa situación, Greenpeace ha formulado una solicitud amparo al Consejo de Transparencia "por considerar que la negativa del Gobierno a hacer público un acuerdo en el que se basa para denegar el derecho de acceso a la información pública carece de base jurídica, ya que este derecho está garantizado por la Constitución y los convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos, como derecho instrumental para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información veraz", subraya, al tiempo que remarca que esta actitud del Gobierno "atenta gravemente contra los principios de transparencia y publicidad de la actividad de la Administración pública".

La organización considera que no tener acceso a este documento le genera indefensión y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que dificulta su derecho a emprender acciones judiciales por la sistemática denegación de acceso al contenido de las autorizaciones y licencias de exportación de material bélico a Arabia Saudí.

"El Gobierno sabe de sobra que exportar armas a países que pueden usarlas en la comisión de violaciones de derechos humanos, como las que suceden a diario en el conflicto de Yemen, además de inmoral es ilegal, lo que explica su interés por ocultar el posible uso de armas españolas en este conflicto", sostiene Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.

En tal sentido, subrayó que"la falta de transparencia en el comercio de armas es extrema e injustificada, y parece responder más a los intereses multimillonarios de la industria armamentística que a la salvaguarda de la seguridad nacional".

No es el primer muro contra el que se choca Greenpeace. En las últimas semanas, el Gobierno rechazó otras solicitudes de información presentadas por esta organización vía Ley de Transparencia. En concreto, la administración rechazó aportar el informe emitido por el Ejecutivo del PP en 2015 mediante el que permitió la construcción de los cinco buques de guerra encargados por Arabia Saudí a Navantia. 

"Información comercial sensible"

La Secretaría de Estado de Comercio también se ha negado a entregar a Greenpeace la copia de los expedientes administrativos "referidos a cada una de las autorizaciones o licencias concedidas para la exportación de munición de artillería fabricada por EXPAL SYSTEMS con destino a los Emiratos Árabes Unidos y/ o Arabia Saudí, entre el año 2017 y la actualidad".

Al igual que en el caso de las corbetas construidas por Navantia, el Gobierno alega que "el conjunto del expediente contiene información comercial sensible de un operador privado que la Administración ha recabado en el ejercicio de sus competencias y que debe tratar con la debida diligencia y confidencialidad". del mismo modo, sostiene que el acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en 1987 otorga a este tipo de información el carácter de reservada. El secretismo continúa tan vigente como entonces.