El Gobierno mantiene la venta de armamento a Colombia pese a las graves violaciones de derechos humanos

Las graves vulneraciones a los derechos humanos registradas este año en Colombia no han sido suficientes para frenar la venta de armas españolas a ese país. Según datos oficiales del Gobierno, durante el primer semestre de 2021 se concedieron cinco licencias de exportación de material de Defensa a las Fuerzas Armadas colombianas por un valor de 59.645.534 euros. 

Estos datos aparecen recogidos en el documento remitido por la Secretaría de Estado de Comercio al Congreso sobre las operaciones de venta de material de defensa registradas durante ese periodo, en el que se registraron exportaciones por un total superior a los 1.633 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,3% en relación al mismo periodo de 2020.

En el caso de Colombia, de nada han valido las reiteradas peticiones formuladas por Amnistía Internacional (AI) para que el Ejecutivo –que tiene a su cargo la concesión de las licencias de exportación de armamento– cancelase las operaciones con Colombia hasta que se aclarasen las violaciones a los derechos humanos registradas en 2021. 

Según consta en un informe entregado la semana pasada al gobierno colombiano, la oficina local del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que 46 personas murieron durante la salvaje represión contra las protestas enmarcadas en el Paro Nacional en ese país entre el 28 de abril y el 31 de julio. El 76% de las víctimas presentaba heridas de bala.

El informe señala que al menos 28 de estos fallecimientos fueron causados por la Policía, mientras que otros diez son atribuidos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), adscrito al Ministerio de Defensa. Durante la represión de las protestas, el Gobierno del derechista Iván Duque movilizó también al Ejército.

El Gobierno español autorizó las ventas de armamento a las Fuerzas Armadas de Colombia a lo largo del mismo semestre en el que se registró la mayoría de esos graves casos de vulneraciones a los derechos humanos. 

De acuerdo a los datos que figuran en el informe oficial, las ventas de material militar a Colombia corresponden a las categorías de "bombas, torpedos, cohetes, misiles"; "vehículos terrenos" (blindados) y "aeronaves, vehículos más ligeros que el aire, vehículos aéreos no tripulados (UAV)". Del total de 59.645.534 euros de exportaciones autorizadas a Colombia, 50.000.000 corresponden a esa última categoría.

Durante el primer semestre de 2021 también se autorizó la venta de material militar y antidisturbios a Perú, otro país que ha sido señalado por los organismos internacionales de derechos humanos a raíz de la represión policial desatada en noviembre de 2020. El documento refleja también una exportación de material antidisturbios a Cuba por un importe de 350.000 euros, además de ventas realizadas a Albania, Togo o Túnez. 

Munición para Arabia Saudí

En cuanto a Arabia Saudí –uno de los principales clientes de la industria armamentística española– el informe señala refleja operaciones con ese régimen por un importe superior a los 55 millones de euros. La mayor parte (38 millones de euros) correspondió a la venta de munición de artillería.

Las exportaciones a las Fuerzas Armadas saudíes han sido reiteradamente denunciadas por los organismos de derechos humanos, que alertan sobre la posible utilización de dicho material en la guerra que ese país libra desde marzo de 2015 en Yemen. Por su parte, el Gobierno ha señalado en distintas ocasiones que las exportaciones a Arabia Saudí cumplen con los protocolos establecidos.