El Gobierno impulsa un fondo público de pensiones colectivas que compita con el sector privado

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al anteproyecto de ley para reformular los planes de pensiones de empleo, una regulación que, entre otras cuestiones, da el primer paso para la creación de un macrofondo público de pensiones de empleo que articule una alternativa pública a los denominados planes de pensiones individuales (o de ahorro) privados.

Estas dos categorías (planes de pensiones colectivos y planes de pensiones individuales) entran dentro de los regímenes complementarios del sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con el objetivo de aumentar el ahorro de las personas en su jubilación.

El anteproyecto de ley que se ha aprobado este martes busca dar respuesta a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, entre otros elementos, recogía la necesidad de dar un impulso a los planes de pensiones privados colectivos en el ámbito de la empresa (en detrimento de los planes de pensiones privados individuales).

Las empresas ponen estos planes colectivos a disposición de sus trabajadores y sus condiciones son pactadas en el seno de la negociación colectiva. Aunque forman parte de las fórmulas del denominado segundo pilar del sistema (el de los planes complementarios al sistema público de pensiones), solo uno de cada 10 trabajadores han acudido a esta fórmula, que tiene cierto éxito, principalmente, en la Administración Pública y en algunas grandes empresas.

El objetivo del Gobierno es que esta modalidad de complemento a las pensiones se extienda y sea mucho más utilizada en todos los ámbitos, en especial en las pequeñas y medianas empresas y también en el colectivo de los autónomos.

Comisión de control y seguimiento

Con este objetivo, se crearán fondos de empleos de impulso público para que los planes colectivos sean accesibles a las rentas más bajas. En la actualidad, ha reconocido el ministro de Seguridad Social, estos planes "son caros" y para "rentas altas y muy altas".

Escrivá ha explicado, además, que se incentivará la competencia al seleccionar a las gestoras depositarias de estos planes mediante concurso público para garantizar así "unas comisiones muy bajas", se tendrá una política de inversión financieramente sostenible y responsable, y se creará una comisión de control y seguimiento (cuyos componentes serán elegidos por el Gobierno, los sindicatos y las patronales).

El ministro de Inclusión y Seguridad Social ha avanzado que espera que la reforma llegue antes del mes de junio del próximo año (necesita ser ratificada de nuevo en Consejo de Ministros después del denominado trámite de audiencia pública y, posteriormente, se tramitará en el Congreso de los Diputados).