La Ley de Secretos Oficiales del franquismo sirvió para proteger en democracia a los guardias civiles vinculados con el GAL, entre los que se encontraba el recientemente fallecido Enrique Rodríguez Galindo. En 1995, el Gobierno de Felipe González recurrió precisamente a esa normativa para bloquear los intentos judiciales de conocer la verdad sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. En aquel contexto, el Estado no vio ningún inconveniente a la hora de ascender a General a Galindo, uno de los sospechosos. 

El verano de 1995 resultó movido en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. También en las más altas oficinas el CESID. En el ámbito de los tribunales, el juez Baltasar Garzón preparaba requerimientos para tratar de avanzar en el marco del sumario 15/1989, instruido para tratar de determinar la autoría del atentado en el Hotel Monbar de Baiona (País Vasco francés) en septiembre de 1985. Allí fueron asesinadas cuatro personas.

En ese marco, el 13 de julio de 1995 Garzón dirigió un escrito al entonces director del CESID, Félix Miranda Robredo, quien acababa de ser designado para tal cargo en sustitución de Emilio Alonso Manglano. En su requerimiento, el magistrado le solicitaba que en el plazo de ocho días "informase sobre 20 cuestiones o extremos que afectaban a cuestiones tales como la existencia o no de documentación en el CESID relativa a la organización GAL, la existencia
de documentación que acredite la presunta participación en actividades
delictivas de personas integradas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
o del propio Centro o ajenos a todos ellos".

Garzón también pedía datos sobre "la existencia de información procedente de Servicios de Inte1igencia extranjeros, en particular del francés, sobre el GAL". En el caso del servicio de inteligencia, el juez de la Audiencia Nacional solicitaba que se estableciera la identidad de las personas "pertenecientes al Departamento de Acción Operativa del CESID entre 1983 y 1987".

El magistrado aludía en su requerimiento a los documentos que obraban en poder del coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa de los servicios de inteligencia, y preguntaba además si en el CESID existía información "sobre determinadas personas, vinculándolas de
una u otra forma con algunos de los hechos presuntamente delictivos
que se imputan a los GAL". Garzón nombraba expresamente a Rodríguez Galindo, así como al ex gobernador civil Julián Sancristóbal o el ex secretario de estado de Seguridad, Rafael Vera, entre otros. 

Según se detalla en una sentencia emitida en diciembre de 1995 por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, el director general del CESID respondió que no era posible atender ese requerimiento judicial "porque las materias a las que se refiere están incluidas en la legislación de secretos oficiales", una ley que fue impulsada por la dictadura franquista y que aún hoy continúa vigente.

Garzón insistió. En el marco de otros sumarios también relacionados con crímenes del GAL, el juez intentó que ese organismo le remitiera información acerca de las actividades enmarcadas en la "respuesta ilegal contra ETA". Una y otra vez, el CESID se aferró a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo para negarse a proporcionar dicha información.

En medio de ese cruce de requerimientos judiciales y respuestas negativas por parte de los servicios de inteligencia, el Gobierno de Felipe González decidió ascender al coronel Rodríguez Galindo a la categoría de general de brigada, tal como había propuesto el entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. El ascenso, firmado por el rey Juan Carlos I y por el propio Suárez Pertierra, se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 7 de agosto de 1995.

Dos días después, el juez Garzón volvía a dirigirse al director del CESID para indicarle que debía "tomar las medidas adecuadas y urgentes para prevenir y evitar cualquier eventual pérdida de los documentos, notas de despacho, microfichas, de cualquier otra clase" que habían sido devueltas por el coronel Perote, "así como de cualesquiera otros que puedan guardar relación directa o indirecta con las actividades del GAL y su creación". El 16 de agosto, el secretario general del CESID le respondió que "la estructura de los archivos tienen la calificación de secreto y no se le puede informar de ello". 

"No resulta posible"

Ante esas reiteradas negativas, el magistrado de la Audiencia Nacional recurrió finalmente al ministro de Defensa. Tampoco tuvo suerte: Suárez Pertierra le respondió en octubre de 1995 que "no resulta legalmente posible acceder a lo solicitado, de acuerdo con la legislación de secretos oficiales".

Los encontronazos entre el juez y el ministerio de Defensa acabaron en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo, que en diciembre de ese año dio la razón al Gobierno de Felipe González. En su resolución, los magistrados indicaron que la competencia de "resolver sobre la entrega de documentos" recaía precisamente en Defensa, amparando así al Estado en su cerrada negativa a proporcionar cualquier documento relacionado con el GAL.