MADRID.- Toda la oposición lo pidió, pero el Gobierno, como el PP, ha hecho oídos sordos. El Ejecutivo en funciones ha rehusado este viernes llevar a cabo la reprobación del ministro Jorge Fernández Díaz solicitada en el Congreso por el caso de las escuchas de Interior desvelado por Público.

"La decisión de nombrar y cesar a los ministros es del presidente, no de las Cortes", ha respondido Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también defendió la "labor" de ese mismo departamento en los polémicos CIEs: "(Los policías) trabajan de la mejor manera para llevar a cabo las actuaciones de vigilancia que les son propias", ha defendido.

La vicepresidenta también ha manifestado que "el Gobierno no está de acuerdo con la reprobación del Parlamento" y ha incidido en que "las Cortes dan la confianza al presidente y el presidente nombra Gobierno".

Además, ha echado balones fuera y ha insinuado -en referencia a los partidos nacionalistas contra quienes presuntamente intentó conspirar el titular de Interior y el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya- que "con esa votación, algunos evitan dar explicaciones que afectan a sus propias estructuras de partido". La misma respuesta sirve, dijo, para la Comisión de Investigación contra Fernández Díaz que está pendiente de abrirse en la Cámara baja.

Fue Fernández Díaz, precisamente, quien estos días ha mostrado su disposición a permanecer en el cargo si Mariano Rajoy vuelve a ser investido presidente. Una cuestión a la que la número dos del Ejecutivo en funciones no quiso responder sobre sí misma ("no voy a merendarme la cena", metaforizó), del mismo modo que descartó hablar de fechas concretas para que se produzca el pleno de investidura porque ésta depende "de la presidenta del Congreso", Ana Pastor.

Lo que sí dio por hecho es que Rajoy está trabajando ya en su discurso y mostró su disponibilidad para negociar con el PSOE las cuestiones presupuestarias del próximo año, aunque los socialistas nieguen todavía que vayan a ofrecer "estabilidad" al Gobierno en minoría del PP.

En este sentido, Sáenz de Santamaría no descartó llevar a cabo nuevos recortes o subidas de impuestos si es necesario por las exigencias de la UE. "Hemos mandado a Bruselas un plan financiero muy prudente. Todo presupuesto es una previsión con estimación de ingresos. Habrá que determinar las cifras de ingresos, ver el cierre de la ejecución presupuestaria del 2016, etc", explicó sin responder claramente a la pregunta. "El crecimiento nos ha permitido llevar a cabo cumplimientos de déficit sin tener que tomar medidas adicionales. Tendremos que ver, con los objetivos de estabilidad presupuestaria, las medidas que se tienen que llevar a cabo", añadió.

No habla de EEUU pero sí de Venezuela

En otro orden de cosas, Sáenz de Santamaría se negó a responder "como mujer y como política" sobre los debates de Trump y Clinton en EEUU porque, dijo, "el Gobierno no debe intervenir en los procesos electorales de ningún otro Estado democrático".

Sin embargo, sí se atrevió a responder sobre la suspensión en Venezuela de la recogida de firmas para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro. "La defensa de los Derechos Humanos es fundamental en cualquier democracia. Si no se cumplen los requisitos de deparación de poderes, independencia del poder judicial, etc., faltará la esencia de una verdadera democracia", opinó.

De igual manera, respondiendo sin responder de forma directa, la vicepresidenta insinuó que Podemos sí está detrás del escrache a Felipe González en la Universidad. "Yo no sé quién estaba detrás de ese escrache, lo que sí sé es quién estaba en otros momentos porque los he visto desde la cocina de mi casa. Y lo que les digo es que los derechos no son ilimitados. La libertad de protesta de quienes estaban allí termina donde empieza la libertad de expresión de Felipe González", zanjó.

Por último, Sáenz de Santamaría instó a las autoridades catalanas a "acatar" la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la prohibición de las corridas de toros, que no dudó en ligar, de forma velada, al proceso soberanista. De ahí, esta indirecta: "Esa decisión determina el reparto competencial entre una y otra Administración y dice que la Administración competente es el Estado", concluyó.