EspañaEl Gobierno defiende que se aplicó "la normativa nobiliaria vigente" en la sucesión del ducado de Franco

El Gobierno se escuda en que cumplió con la "legalidad nobiliaria vigente" para completar el traspaso del ducado de Franco a la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, heredando así el título nobiliario de su madre, Carmen Franco Polo, hija del dictador Francisco Franco. 

Así se ha pronunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de que el senador de Compromís Carles Mulet García le cuestionase el pasado diciembre sobre el asunto de la sucesión del título de duquesa de Franco: "¿Qué medidas adoptó el Gobierno para evitar esta vergüenza?", cuestionaba entonces Mulet. 

La respuesta al senador autonómico llegó el pasado viernes. El Gobierno se pronunció de manera escueta, aduciendo que "se aplicó la normativa nobiliaria vigente en la tramitación del procedimiento de sucesión de ese título".

De esta forma, el Gobierno se lava las manos ante un asunto incómodo, pese a que en 2018 se plantease la posibilidad de acabar con el Ducado de Franco. Un título nobiliario instaurado por el rey Juan Carlos en noviembre del año 1975, coincidiendo con el fallecimiento de Francisco Franco. 

El título recayó entonces en Carmen Polo y de ella pasó a la única hija del dictador, Carmen Franco Polo. Su fallecimiento en diciembre de 2017 dejó vacante el ducado, pero en marzo de ese año su hija y nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiú, inició los trámites para que se le reconociera como duquesa de Franco. 

Curiosamente, el ministro de Justicia Rafael Catalá expidió, apenas un día antes de que se materializara la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy, la Real Carta de Sucesión para que el título nobiliario pasara a manos de Martínez-Bordiú.

Con el pago de un impuesto por valor de 2.750 euros en julio de 2019, la nieta del dictador que se perpetuó en el poder durante casi 40 años goza ya del ducado de Franco. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica trató de tumbar este título apelando al derecho a la dignidad de sus víctimas. También argumentó que se trataba de un acto de enaltecimiento de la dictadura, pero la Fiscalía finalmente rechazó la apelación.