Optimismo en la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acerca de una futura reforma de la Ley de Extranjería para una mejor redistribución de menores migrantes entre las regiones de todo el Estado. Ambos representantes políticos, eso sí, han puesto la pelota en el tejado de las propias autonomías, que son "las que tendrán que aplicar el acuerdo", en palabras del ministro. El Partido Popular (PP), que gobierna en once comunidades además de Ceuta y Melilla, tendrá un gran peso en la decisión final.

Ese es un elemento fundamental de la negociación. En los últimos dos días, Torres y Clavijo se han reunido con todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y, con la excepción de Vox, todos ―en mayor o menor medida― se han mostrado abiertos a encarar esa reforma legislativa. Sin embargo, tanto el ministro, como el presidente canario han puntualizado la importancia de alcanzar un consenso con las comunidades autónomas.

No en vano, la modificación de la ley conllevaría que la acogida de los menores migrantes que llegan a las costas canarias se repartiera entre las distintas regiones. Se trata de una reivindicación histórica del Gobierno de las islas, cuya presidencia en la actualidad ostenta Coalición Canaria y cuya vicepresidencia está en manos del PP.

"Esto es una modificación legislativa singular", ha apuntado el ministro en una comparecencia en la Cámara Baja este mismo miércoles: "Significa redistribuir a personas ―concretamente, menores, personas vulnerables― y, por tanto, necesitamos el apoyo y la colaboración de las comunidades autónomas". "Si no es así", ha rematado Torres, "sería prácticamente imposible que esto fuera exitoso".

Torres también ha confirmado que durante la próxima semana o a principios de la siguiente se celebrará una conferencia sectorial en las Islas Canarias en la que las comunidades autónomas ofrecerán su punto de vista sobre la propuesta del Gobierno central y el Gobierno canario, que llegaron a un acuerdo en abril.

El siguiente paso será volver poner en común con los grupos parlamentarios la iniciativa de reforma conociendo ya la postura de cada una de las comunidades y, más adelante, someter a votación la modificación de la ley orgánica en la Cámara Baja. 

El factor de la financiación y la incógnita de Junts

Fuentes del Partido Popular deslizan que no se oponen a dicha reforma, pero que tiene que quedar claro "cómo se hará" y "para qué". Además, solo votarán a favor si "todas" las comunidades autónomas se comprometen a acoger a menores migrantes procedentes de Canarias. Lo dicen por la incógnita que representa Junts per Catalunya y sus reivindicaciones en materia de inmigración para Catalunya.

Según han confirmado Torres y Clavijo, la formación que lidera Míriam Nogueras en el Congreso es una de las que más apreciaciones habría hecho a la propuesta de reforma y se habría comprometido a elaborar una propia. No se ha establecido, en palabras de fuentes conocedoras de la negociación, un límite temporal para que los posconvergentes entreguen su propia versión de la reforma.

En cualquier caso, la financiación es el quid de la cuestión y lo que más preocupa a los grupos parlamentarios y, previsiblemente, también a buena parte de las comunidades autónomas. El ministro Torres ha salido al paso de las posibles dudas que pudiera suscitar el asunto y ha recordado que en la propia propuesta que acordaron el Gobierno y Canarias ya se asegura una "financiación suficiente" para encarar la acogida de los menores migrantes a cada una de las autonomías. 

En cualquier caso, se ha abierto a abordar el tema con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de principios de julio y, si es necesario, hacerlo de nuevo con los grupos.