Consejo de MinistrosEl Gobierno aprueba una Oferta Pública de Empleo de 33.793 plazas para 2019

El Consejo de Ministros aprobó este viernes una Oferta Pública de Empleo para 2019 de 33.793 plazas, que justificó por el envejecimiento de la plantilla de trabajadores públicos.

La ministra de Administraciones Públicas, Merirxell Batet, explicó que el Gobierno ha querido anticiparse al problema que se avecinaba ya que, según un estudio que ha encargado el propio Gobierno, el 51% de los funcionarios públicos entrará en edad de jubilación en los próximos diez años, y sólo en el 2019 podría también jubilarse el 14% de los trabajadores.

Batet explicó que, por primera vez, se ha hecho la oferta con una auténtica planificación de los recursos humanos que tiene que tener la Administración Pública, con el objetivo de atender mejor al ciudadano, y recordó que en los últimos diez años la plantilla de empleados públicos disminuyó en más de 30.000 personas.

La ministra explicó también que la oferta se adecúa a las necesidades que tiene que atender la Administración del Estado que, actualmente, está compuesta por 133.474 personas, entre funcionarios y personal laboral.

Para la ministra, el número de trabajadores no se puede considerar alto ni hablar de que la Administración del Estado está  sobredimensionada, y recordó que España está por debajo con respecto a otras Administraciones de la UE.

La Oferta Pública de Empleo es casi un 10% superior a la de 2018 y la más alta hecha por un Gobierno en los últimos doce años, pero aún así no supone un incremento neto de la plantilla.

En total, la Oferta es de 28.539 plazas, más 5.254 que corresponden a la estabilización de empleo temporal. A la Administración General del Estado se ofertarán 20.781 plazas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hay otras 383 plazas que ya se convocaron en febrero para afrontar el efecto del Brexit.

Batet explicó que era una obligación del Gobierno aprobar esta oferta de empleo, como se hace todos los años, y que se han adelanto a hacerlo porque había dudas jurídicas si podría hacerse estando en Ejecutivo en funciones, lo que ocurrirá tras la celebración de las elecciones.