Aunque avezados lectores de encuestas detectaban cierta pulsión de cambio en Andalucía, nadie sospechaba el vuelco que se iba a producir el 2 de diciembre de 2018, que, por primera vez en la historia de la autonomía dio una mayoría a las fuerzas de la derecha. Esa misma noche, una vez leídos y celebrados los resultados y hechas las consultas pertinentes, el hoy presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP) llamó a la una y media de la madrugada al entonces candidatos de Ciudadanos, Juan Marín, hoy su vicepresidente y le dijo: "Los andaluces nos han dado un mandato". En Madrid, Pablo Casado, líder del PP, conversó con Santiago Abascal, presidente de Vox –la fuerza de ultraderecha que había pasado bajo el radar de los sondeos y que entró en el Parlamento andaluz con doce decisivos escaños– para amarrar el Gobierno de Andalucía para el PP, que hasta entonces, por un periodo de 36 años –las primeras andaluzas fueron en 1982– se les había escapado.

"En la encuesta preelectoral del CIS para las elecciones de 2018 (octubre, 2018) se podía observar una tensión latente sobre el posible resultado electoral. Por un lado, en torno al 25% de los andaluces pensaban que el mejor partido parar gobernar Andalucía seguía siendo el PSOE, el 65% creía que volvería a ganar las alecciones y el 22% tenía intención de votarlo, muy por encima del PP (9,8%), Ciudadanos (15,8%), Adelante Andalucía (9,2%) y VOX (1,6%). Por otro lado, el 58% de los andaluces decían que sería mejor para Andalucía que gobernara un partido diferente del que lo había hecho hasta entonces. Una valoración más negativa que positiva que empezó años atrás, en torno al 2010/2012. Había una pulsión de cambio", afirma Manuel Pérez Yruela, profesor de Investigación de Sociología en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA/CSIC, que también fue portavoz del Gobierno andaluz durante un corto lapso mientras José Antonio Griñán (PSOE) fue presidente.

En efecto, el CIS publicado antes de las elecciones de 2018, aunque pronosticaba otra victoria de la izquierda, apuntaba datos muy malos para el Gobierno y para la entonces presidenta, Susana Díaz. Así, solo el 11,3% valoraba bien o muy bien la gestión del Ejecutivo, por un 43,1% que la consideraba mala o muy mala. Díaz salía mejor parada que su gabinete, pero solo el 15,5% de los encuestados creía que lo había hecho bien o muy bien. Un 43,7% veía su actuación mala o muy mala.

"A esas elecciones se llega con un crisis de confianza en la política muy fuerte, que se sumaba a la crisis de un gobierno y de un partido que desde 2008 venía sufriendo un desgaste importante por varias razones", agrega Pérez Yruela.

En aquellas elecciones, la abstención jugó también un papel muy importante. Fueron unos comicios con una participación muy baja, del 58,6%, solo superados por los de 1990. Al respecto, Yruela aporta dos datos. Por un lado: "La abstención es muy importante por varias razones. Una de ellas es que la abstención electoral que hay en casi todas las elecciones, en las generales en torno a un 30 % y en las demás mayor, implican una debilidad de la democracia. Cerca de un tercio o más de la ciudadanía no participa en la conformación de los gobiernos o, en otras palabras, en la conformación de la voluntad general propia de la democracia".

Y por otro: "Según los estudios que ahora se pueden hacer de la participación según los niveles de renta de las distintas secciones censales, gracias a los datos que hace públicos la Agencia Tributaria, la participación en las de más renta pueden ser veinte punto o más que en los menos renta. Se puede empezar a hablar de pobreza o exclusión política".

Históricamente, el voto de los barrios de renta baja han votado mayoritariamente a la izquierda –y han sido sensibles al populismo también, sobre todo, hasta ahora en elecciones locales– por lo que una conclusión razonable es que la abstención penalizó en esos comicios de manera severa a la izquierda. El PSOE, sobre todo en la etapa de Manuel Chaves como presidente, ha tratado históricamente de vincular las elecciones andaluzas a las generales, a la búsqueda, precisamente, de aumentar la participación.

Bajada de impuestos

El nuevo Gobierno tomó posesión en enero. Su primera medida fue una bajada de impuestos que reducía la progresividad fiscal y favorecía sobre todo a quienes más tienen y más ingresan. Moreno y Marín se metieron también en una estrategia de erosión del PSOE y de descalificación de toda la herencia recibida. En paralelo, poco a poco, el PP iba colonizando la Junta de Andalucía y a controlar una administración de un tamaño muy considerable.

Moreno y Marín pactaron "encapsular" el Gobierno de la montaña rusa electoral –municipales y autonómicas y dos generales– del año 2019 y, de manera sorprendente, lo lograron. Vox apostó por la estabilidad en Andalucía y el nuevo Gobierno pudo pisar un terreno firme con un acuerdo para los presupuestos de ese año, que el PSOE había dejado sin aprobar.

Seis meses después, en junio, el centro de estudios andaluces, al que Elías Bendodo (PP), el consejero de la presidencia, el factótum del Ejecutivo, le encargó la elaboración de encuestas periódicas con publicación de la intención de voto, sacó la primera de ellas. El cambio había sido bien recibido. El PP resultaba un partido más simpático que el PSOE –22,9% por un 18,8%–. Había un empate –30,7%– entre quienes consideraban la situación política muy buena o buena y muy mala o mala. Y la gestión del Gobierno no había causado desperfectos. El 35,6% la consideraba buena o muy buena por un 15,5% que la veía mala o muy mala.

Todo empezó a cambiar a principios de este año, cuando terminó el ciclo electoral con las generales de noviembre y cuando PP y Ciudadanos habían firmado unos pactos presupuestarios con Vox que les garantizaba prácticamente una legislatura completa, hasta 2022. Entonces, el gabinete de Moreno empezó a tomar decisiones con un marchamo ideológico. Canal Sur –las televisiones conservan en tiempos de internet, ya no un poder omnímodo, pero sí mucha pegada– cambió con la llegada de un nuevo director de informativos, Álvaro Zancajo; las normas educativas se modificaron para favorecer a los centros concertados –privados financiados con fondos públicos, fundamentalmente católicos–, lo que provocó una huelga educativa, y el Ejecutivo de Moreno lanzó un decretazo, solo hablado con la gran patronal, que acometía una desrregulación urbanística, medioambiental y sanitaria.

La pandemia

Después llegó la pandemia y se llevó casi todo por delante. En su primera parte, en primavera, el Gobierno de España asumió la responsabilidad de un severísimo confinamiento –y el desgaste que ello implicaba–, mientras el gabinete de Moreno aprovechó para colar una reforma urbanística de calado, además de evitar el Parlamento todo lo que pudo, y se lanzó a aprobar una serie de decretos-leyes, que Vox le convalidó, unos aprobados sin discusión y otros discutidos por la oposición.

En junio de este año, tras el confinamiento, los sondeos del Centra de Bendodo revelaban que el periodo de bula del Gobierno andaluz había terminado y se había formado ya una oposición a su actividad. En un año, quienes pensaban que el Ejecutivo lo estaba haciendo mal o muy mal habían subido más de 20 puntos, hasta situarse en el 36,4%. El gabinete de PP y Ciudadanos, sin embargo, aguantaba: un 40,4% consideraba entonces que el trabajo era bueno o muy bueno. Además, el PSOE era de nuevo el más simpático para los andaluces: 26,2% por 21% del PP. Y lo superaba también en intención de voto directa: PSOE, 23,1%; PP, 21,6%.

La segunda ola de la pandemia se ha afrontado de un modo diferente a la primera –las restricciones ha sido más leves y la incidencia en Andalucía mayor– y ha sido el presidentes autonómico en lugar de Pedro Sánchez quien ha asumido la responsabilidad y ha tenido que poner la cara, para lo bueno, que ha sido poco y para lo malo, que ha sido más. Y aunque Moreno no ha puesto paños calientes ante la situación, la situación se ha revelado diabólica: el virus se ha expandido, la hostelería y la restauración se han visto afectadas y la población no ha podido salir de su municipio en semanas. Algunas medidas, además, se han visto como erráticas –como el bono turístico y la contratación exprés de vigilantes de la playa– y, como colofón, el endeble funcionamiento de la sanidad andaluza, que no es una responsabilidad exclusiva de Moreno, aunque ya lleve dos años al frente, se sitúa a día de hoy en Andalucía como uno de los principales problemas de la ciudadanía andaluza.

Este mes de diciembre, la consideración negativa del gobierno andaluz ha superado por primera vez a la positiva. Y la figura del presidente, que todo el gobierno –incluido Juan Marín, el vicepresidente que ha ejercido de escudero, cuando ha sido requerido– ha tratado de proteger desde que tomó posesión al modo de una especie de reina madre que solo actúa cuando es imprescindible, también por vez primera está mal vista por más gente que la que lo ve bien. Así, el 34,9% considera que su gestión es buena o muy buena, mientras que el 37,8% cree que es mala o muy mala.

Los datos no son particularmente graves para el Ejecutivo y lo único que revelan es que, dos años después de tomar posesión, Moreno y su gabinete empiezan a asumir un desgaste, lo propio de la gestión. El desgaste no ha entrado en zona de peligro. La encuesta, de hecho, está llena de datos buenos para el Gobierno y da por segura la victoria del trío PP, Ciudadanos y Vox que, en todos los escenarios planteados –eso sí: todos ellos dibujados con una abstención muy importante– se llevan el gato al agua. La oposición no cuaja y el liderazgo de la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, queda puesto en cuestión.

"Suele decirse que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierden los gobiernos. En el caso del actual gobierno de Andalucía es pronto para hacer aún un balance de errores y aciertos, más con la pandemia que nos afecta que lo hace todo más complicado. En este momento creo que la alianza que gobierna Andalucía no está del todo consolidada. Hay que esperar", afirma Pérez Yruela.

El sociólogo e investigador añade sobre la situación política de hoy: "Creo, más como ciudadano observador de la actualidad, que la oposición es poco visible, más bien débil. Hay que comprender que no es fácil estar en la oposición. No obstante, cuando se ha estado tanto tiempo gobernando se debe tener información y capacidad para juzgar la gestión de gobierno, desvelar errores y ofrecer alternativas. Pero, por otra parte, el estar tanto tiempo gobernando hace que los partidos se dediquen más a la gestión y abandonen su implicación y conexión con los ciudadanos y su vida cotidiana, pierden presencia en el seno de la sociedad. En mi opinión esto puede suponer una debilidad a la hora de hacer oposición".

El sesgo

Los sociólogos consultados por Público –algunos han preferido no salir en esta crónica– detectan en los sondeos del Centra de Bendodo un sesgo de tipo técnico hacia la derecha, lo que produce consecuencias en todas las categorías. En el último de ellos, los andaluces se sitúan en un 5,3 en la escala ideológica, lo cual implicaría un cambio muy profundo no detectado por otras encuestas. Implicaría que la sensibilidad andanza ha derivado del centro izquierda al centro derecha en estos dos años.

"No se pueden ver cambios en la base sociológica en dos años. Se pueden ver cambios en las políticas de la Junta. Los cambios sociales requieren más tiempo aunque vivamos en sociedades marcadas por la inmediatez", afirma Julia Espinosa, socióloga y profesora en la Universidad de Cádiz.

"En el barómetro [del Centra] me parece bien el trabajo que se está haciendo, pero hay algo que me llama la atención. Ese 5,3, tendente o cercano al centro derecha. Esto nunca ha pasado en los estudios de opinión que yo conozco en los que desde hace bastante tiempo se hace esta pregunta. Los andaluces se vienen situando históricamente en torno al 4,5, centro izquierda. Concretamente, en el estudio preelectoral del CIS de 2018, la posición era el 4,56. Es raro que en tan poco tiempo se haya producido ese cambio. Pudiera estar relacionado con errores muestrales. Lo mismo que en la pregunta sobre recuerdo de voto en las elecciones de 2018, en la que el PP tiene un 24,6% (obtuvo un 20,74%), el PSOE un 19,5% (obtuvo un 27,94%), Ciudadanos un 9,2% (obtuvo un 18,28%), Adelante Andalucía un 3% (obtuvo un 16,19%) y VOX el 9,1% (obtuvo el 10,96%). Si estos desequilibrios muestrales no se ponderan puede que las respuestas tengan algún sesgo [hacia la derecha]", abunda Pérez Yruela.

La secuencia desde los años 80 hasta hoy sí revelan una tendencia hacia posiciones más conservadoras, pero no tan pronunciadas, como lo que expone el Centra. Así, según el CIS, se ha pasado, con diversos vaivenes, del 4,2 en 1990 al 4,7 de enero de 2019. "[En el largo plazo] se trata de cambios ligados al descrédito institucional, la desconfianza política, el individualismo. Tendencias que se ven en otros territorios también", analiza Espinosa.