El Gobierno ha decidido ampliar el acuerdo de coalición y actuará contra los desahucios por impago de alquiler. Fuentes del Ejecutivo de coalición trasladan a Público que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han trabajado para incorporar esta voluntad al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. 

En un comunicado difundido este lunes, el Gobierno explica que abordarán esta cuestión en el marco de la reforma de LAU. "En el marco de la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tomaremos las medidas necesarias para evitar este tipo de desahucios", reza el texto. El Gobierno también prorrogará la moratoria a los desahucios hipotecarios a través de un real decreto que prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros.

Las negociaciones entre los dos vicepresidentes comenzaron hace apenas tres semanas, después de que Iglesias se reuniera con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), explican fuentes del Gobierno.

En esa reunión, el vicepresidente segundo no pudo comprometerse a impulsar medidas concretas, ante las críticas de la PAH, que hace dos semanas lanzó su campaña de presión al Ejecutivo para lograr medidas rápidas en la dirección en que ahora se ha movido el Gobierno.

Semanas después, el Ejecutivo pone en valor la importancia de este acuerdo: "La clave de los desahucios son los alquileres", celebran. 

También explican que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha facilitado el entendimiento, frente a las posiciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, reacia a actuar en este sentido. Las diferencias entre Calviño e Iglesias son particularmente evidentes en esta materia, pero finalmente las conversaciones han permitido además la ampliación de la moratoria de desahucios hipotecarios. 

"Asimismo, la Vicepresidencia segunda ha trabajado con la Vicepresidencia tercera para ampliar el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios y para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella", reza el comunicado. 

Además, tras la crisis en el Ejecutivo a cuenta de la ley contra las violencias sexuales, la semana pasada, el Gobierno se sirve de este pacto para transmitir imagen de unidad. Las diferencias llevaron a convocar una reunión de la comisión que debe supervisar el cumplimiento del acuerdo de coalición, el espacio en que ambas formaciones deben limar sus discrepancias. Esta reunión no aparecía en agenda, y no fue comunicada hasta su conclusión. 

La posición de Calvo ha quedado debilitada tras su polémica gestión de todo lo que rodea a esta ley, y el hecho de que haya alcanzado un acuerdo con el vicepresidente y líder de UP puede servir para reconstruir puentes. O, cuanto menos, vienen a firmar una suerte de tregua. Han trabajado "mano a mano", subraya el comunicado del Ejecutivo. 

"Al mismo tiempo que acordamos la prórroga a la moratoria de desahucios hipotecarios, este Gobierno ha decidido tomar medidas para poner freno a otra lacra social que sufre nuestro país: los desahucios por impago del alquiler. En el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos, tomaremos las medidas necesarias para evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario", reza el escrito.

La PAH: "Lo hemos conseguido"

En declaraciones a Público, la portavoz de la PAH, Alejandra Jacinto, ha celebrado este anuncio que, según afirma, "supone una victoria" del colectivo antidesahucios y es fruto de "la campaña de presión iniciada hace 15 días". Recuerda que la plataforma ya logró que el PP pusiera una marcha en 2012 una moratoria para desahucios hipotecarios de familias en situación de vulnerabilidad y que ahora han logrado ampliarla a algunos casos de alquiler.

"Seguiremos vigilantes hasta conocer el texto definitivo y, sobre todo, seguimos presionando hasta que se modifiquen cuestiones estructurales y lograr que el derecho a la vivienda sea efectivo, es decir, consolidar un verdadero parque público de vivienda social y una Ley de Vivienda Estatal", ya que "las moratorias son solo un parche ante una situación de emergencia

Por su parte, desde los sindicatos de inquilinos e inquilinas de Madrid y Barcelona, dos movimiento sociales nacidos hace pocos años para combatir y denunciar los efectos de la burbuja de  precios del alquiler y la especulación de fondos de inversión, también celebran esta medida, aunque con las mismas reservas que la PAH.

"Es un avance positivo que hay que agradecer a las presiones de la PAH", ha dicho a Público Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "Es un avance que la moratoria de desahucios se amplíe a casos de alquiler, pero todavía sigue dejando fuera a los desahucios por extinción de contratos. Frena los casos más dramáticos pero necesitamos leyes que hagan que no haya desahucios y eso pasa por regulación de las precios", sostiene.

En la misma línea, Jaime Palomera, portavoz de Sindicat de Logaters, recuerda que "actualmente, una familia es desahuciada cada diez minutos por orden judicial, y esto solo es la punta del iceberg: el número real es mucho mayor porque la cifra oficial no tiene en cuenta los desahucios invisibles, los que se producen por no renovación de contratos, lo que llamamos desahucios invisibles". 

Según este activista y las encuestas a afectados que realiza su colectivos en Barcelona, hay "dos formas dominantes de desahucio por la especulación con el alquiler: los que derivan de un impago —los que registra el Poder Judicial— y por imposibilidad  de hacer frente al nuevo precio exigido por el arrendador, de una situación de acoso inmobiliario y/o finalización de contrato". Para Palomera, "esto pasa en aquí porque, a diferencia de muchos países europeos, como Francia o Alemania, no existen los contratos renovables automáticamente o la prórroga forzosa".