En las filas socialistas no ocultan que, como es obvio, las negociaciones con Junts son las más difíciles que tienen que afrontar esta legislatura. El partido de Carles Puigdemont no ha cedido en sus pretensiones y se ha mostrado especialmente duro desde la investidura de Salvador Illa en Catalunya. Pese a todo, en Moncloa no tiran la toalla para convencer al partido catalán de los beneficios de aprobar el techo de gasto y, por consiguiente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. 

En esta suerte de bucle político en el que está inmerso el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha entrado en juego un nuevo movimiento: el aplazamiento de la votación de la senda de estabilidad, prevista para este jueves en el Congreso. "Si necesitamos más tiempo, lo daremos", señalan fuentes gubernamentales. 

Moncloa ve margen para el acuerdo y por eso han tomado esta decisión pese al aparente inmovilismo de Junts. Algo que quedó claro en la reunión mantenida el pasado viernes en Suiza entre una delegación socialista y otra del partido de Puigdemont. El aplazamiento esconde además una derivada importante. Se trata del calendario orgánico de Junts. 

El partido catalán celebrará su Congreso a finales del mes de octubre. Por tanto, la idea del Gobierno es retrasar los plazos inicialmente previstos para que el cónclave de Junts despeje en cierta manera la posibilidad de llegar a acuerdos. Los socialistas llevan tiempo señalando que el Congreso condiciona las decisiones de Puigdemont y que en cierto modo era normal que necesitaran un periodo de reflexión. 

En el Ejecutivo de Sánchez, por tanto, no consideran un drama que los PGE se terminen aprobando en enero o febrero y no antes del 31 de diciembre. Para ello, primero deben decidir cuándo vuelve el techo de gasto al Congreso. Moncloa ha destacado este martes que no se han fijado plazos. Al mismo tiempo no han descartado realizar retoques al techo de gasto actual, tal y como le pide Junts. Si esta vía se lleva adelante el procedimiento sería el mismo al actual y tendría que convocarse un nuevo Consejo de Política Fiscal, donde están presentes las comunidades autónomas. 

A partir de esa votación, que en el Gobierno esperan que sea fructífera, tendrá que venir el acuerdo interno en la coalición entre PSOE y Sumar. Los contactos formales se iniciaron ya la semana pasada. Luego vendrá otra fase para negociar con todos los grupos parlamentarios necesarios. Todos, según fuentes del Gobierno, han mostrado ya su disposición a sacarlos adelante y varios de ellos se mueven también para mediar con Junts. 

En Moncloa destacan especialmente el papel y la actitud del PNV, el partido más cercano a Junts dentro de los aliados parlamentarios del Gobierno. La semana pasada Sánchez se reunió con el lehendakari, Imanol Pradales. Públicamente abogó por la estabilidad gubernamental en el Estado y la aprobación de los PGE porque son positivos para Euskadi. 

En todo caso, si el Gobierno no consigue atraer a Junts a la aprobación del techo de gasto, se aplicará el que hay actualmente en vigor, según destacan fuentes de Hacienda. Es decir, no se cerraría el paso definitivamente a al aprobación de los PGE aunque ese escenario ahora mismo no es el que persiguen en las filas socialistas. 

Por su parte, la noticia del aplazamiento de la votación ha sido bien recibida por el partido de Puigdemont. La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, atendía a los medios en el Congreso para celebrar la decisión. "Pedro Sánchez, al cabo de un año, ha entendido que si quiere que pasen cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes", ha destacó. Desde las filas de Junts consideran que un buen punto de partida para las negociaciones es una moción sobre los objetivos de estabilidad aprobada en el Parlament de Catalunya en el año 2014. 

En paralelo, en el PSOE pretenden acelerar otros compromisos firmados con Junts. Especialmente sobre la cesión de las competencias de migración a Catalunya. Se está trabajando de manera discreta desde hace tiempo, según confirman fuentes conocedoras. Junts ya ha avisado que solo aceptarán una cesión integral y desligan ese acuerdo del de las cuentas públicas. 

12.000 millones y presión al PP 

Al contrario que con Junts, con el que el PSOE cuida las formas de manera pública, el Gobierno ha puesto el foco en la "irresponsabilidad" del PP en este asunto. Aquí destacan de forma insistente la cifra de 12.000 millones de euros. Es el montante que perderán las comunidades autónomas y los ayuntamientos si no se aplica la senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros. 

"Pedimos de nuevo un ejercicio de responsabilidad por parte del PP", dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En cualquier caso, no está previsto, según las fuentes consultadas, que de momento el Gobierno llame al PP para buscar de manera formal su apoyo. "Están en el no a todo", señalan desde las filas socialistas.