El Gobierno admite su inquietud por una creciente movilización social y advierte de su instrumentalización por el PP

"Nos ocupa y, por tanto, nos preocupa". Con estas palabras, fuentes del Gobierno admitieron la inquietud interna por la incipiente conflictividad social en distintos sectores, aunque con el firme propósito de afrontarla con diálogo y negociación.

Nadie puede obviar que el incremento de los conflictos en automoción, el transporte, el metal, la agricultura y la ganadería e, incluso, entre algunos sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha puesto en alerta al Ejecutivo, que hasta ahora ha gozado de una paz social inédita, fruto de los doce acuerdos alcanzados dentro del diálogo social.

Desde hace algunas semanas se ha producido un estallido de la conflictividad en determinados sectores que ya venían viviendo una tensión importante desde hace meses. No se ha producido, al menos de momento, un ciclo de movilizaciones importante, y cada conflicto es distinto (muchos de ellos van dirigidos contra las patronales).

En la actualidad destaca la tensión en tres sectores. El primero es el de los trabajadores del metal en Cádiz (el segundo sector más importante de la provincia), que desde hace días protagonizan fuertes protestas para no seguir perdiendo poder adquisitivo (su convenio está vencido desde diciembre del pasado año y las patronales rechazan garantizar la actualización de sus salarios, en un momento en el que el IPC está disparado).

A pesar de que se trata de una protesta contra las patronales del sector, el conflicto ha salpicado al Gobierno después de que este lunes se hayan producido cargas policiales contra los trabajadores e, incluso, se hayan podido ver tanquetas antidisturbios (una imagen que no ha gustado a Unidas Podemos, uno de los socios del Ejecutivo de coalición). Los sindicatos y el empresariado del sector siguen tratando de alcanzar un acuerdo acerca del convenio.

También se avecina un conflicto en el mes de diciembre, en este caso porque las patronales del transporte amenazan con paralizar su actividad a las puertas de las fiestas navideñas. El parón está convocado entre los días 19 y 22 de este mes, aunque el Ministerio de Transportes trata de frenar esta ofensiva por parte del empresariado del sector (ha anunciado que presentará una propuesta de resolución esta misma semana).

El Gobierno ve una "instrumentalización" de la derecha

Al parón patronal del transporte en diciembre podrían sumarse protestas convocadas por las principales asociaciones agrarias españolas (Asaja, COAG y UPA), que denuncian la subida de los costes de producción (en especial el precio del combustible de maquinaria agraria y el precio de la electricidad) y el hecho de que el encarecimiento del producto final que llega al consumidor no repercuta en más ingresos para los productores primarios.

Por último, algunas agrupaciones de policías y guardias civiles, entre las que se encuentra Jusapol, se manifestarán en Madrid el 27 de noviembre contra la reforma de la denominada ley mordaza.

Más allá de las protestas propiamente dichas (muy distintas entre sí, y con promotores e intereses muy diferentes) desde el Gobierno denuncian que perciben una "instrumentalización por parte de la derecha" de las mismas, con el objetivo de sacar rédito político y, en tono sarcástico, comentan que es paradójico que ahora se sumen a la lucha obrera.

Más allá de bromas, desde el Ejecutivo se asegura que en los sectores en conflicto ha habido ya una apuesta clara por implementar medidas e inversiones, pero eso no impedirá que se pueda seguir trabajando en mejoras razonables.

En este sentido se destaca el reciente acuerdo alcanzado en el sector cárnico, que había amenazado con una huelga del 3 al 9 de diciembre, y en los días principales de las fiestas navideñas; o las negociaciones que se han iniciado con los transportistas hace dos días.

Desde el Gobierno se asegura que nadie puede dudar de "la empatía" del Ejecutivo con los trabajadores, y que se afrontará cada reivindicación con esa premisa. Además, no se cree que este incremento de la conflictividad social sea contra las políticas del Ejecutivo o directamente contra Pedro Sánchez, ni que pueda estarse a las puertas de una huelga general, sino que más bien son reivindicaciones concretas y puntuales, muchas de ellas como secuelas de los efectos económicos de la pandemia y, ahora, de otras variables económicas como la inflación.