El Gobierno acelera el Plan de Acción por la Democracia y trabaja ya en medidas sobre medios de comunicación

El pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el llamado Plan de Acción por la Democracia. Un asunto muy esperado y que Pedro Sánchez había anunciado el pasado mes de abril tras los cinco días que se tomó de reflexión por los ataques recibidos por su esposa Begoña Gómez. Aquel día se presentó un documento con 31 medidas a desarrollar durante el resto de legislatura. 

Hasta el momento se han aprobado únicamente cuatro medidas. Las dos últimas este mismo martes a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige Óscar López. Fuentes gubernamentales señalan que el objetivo es acelerar el proceso y que el resto de medidas, especialmente las que afectan a los medios de comunicación estén "cuanto antes". 

Precisamente la primera medida relacionada con la profesión periodística ya tiene la luz verde en Moncloa. Son las ayudas para la digitalización, cifradas en 124,5 millones de euros. Las convocatorias para optar a las ayudas saldrán de manera progresiva. Aunque el paquete principal, destinado a la consolidación digital de la prensa escrita por un valor de 65 millones, no estará hasta poco antes del verano porque se necesitan autorizaciones de la UE, según señalan fuentes del Gobierno. 

Estas mismas fuentes destacan que ya están en marcha los trabajos para elaborar algunas de las medidas más llamativas en los cambios que pretende incluir el Gobierno. Se trata de, entre otras, la creación del registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. O de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. 

Fuentes del Gobierno hacen hincapié en la necesidad de abordar la cuestión de los medidores de audiencia, que son el principal baremo que utilizan los anunciantes y las administraciones públicas para insertar publicidad en los medios. Estas fuentes detectan un problema para los medios digitales, ya que no hay un consenso claro sobre los medidores actuales, que ofrecen cifras muy dispares. El objetivo del Gobierno es que haya un medidor fiable y con cierto carácter independiente que cuente con el beneplácito del sector. 

No hay más detalles por el momento salvo una voluntad política. La adaptación al Reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación sí establece algunas fechas clave como la de febrero para el registro de medios o la de mayo para que todos los Estados cuenten con un organismo regulador que, en el caso de España, sería la CNMC. 

Medidas de transparencia

En el Consejo de Ministros de este martes se aprobó también un primer paso para otra de las medidas incluidas en el plan del Gobierno. En este caso sobre transparencia, otro de los ejes vertebradores de las medidas que quiere impulsar el Ejecutivo. Se trata de la celebración de un hito concreto que es la la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025. Será en Vitoria-Gasteiz entres el 7 y el 9 de octubre del próximo año y ya se ha creado el Comité Organizador del evento. 

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), lanzada en 2011 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue impulsada por el presidente de EEUU, Barack Obama, y busca consolidar los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo a la democracia y el desarrollo inclusivo. 

Según destacó el propio López, desde este martes hasta el próximo mes de octubre se desarrollarán otras medidas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia como una nueva ley de administración abierta, la ley de lobbies o grupos de interés y una nueva Estrategia de Gobierno Abierto que se presentará ya en Vitoria.

Medidas judiciales ya en marcha

De las medidas incluidas, ya están en marcha otras dos impulsadas por el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños. El pasado 29 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta norma "establece como prioridades garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción". 

Por otra parte se aprobó también un Real Decreto por el que el Gobierno crea dos nuevas fiscalías especiales de sala para perseguir la corrupción. En concreto, una dedicada a investigar delitos económicos y otra a delitos contra la administración pública. 

Asuntos pendientes 

Muchos son todavía los asuntos pendientes que están incluidos en los planes del Gobierno. Uno de los más destacados es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que varios grupos parlamentarios vienen reclamando desde la pasada legislatura. También es una antigua reclamación la reforma del Código Penal sobre los llamados delitos de opinión. 

El Plan de Acción por la Democracia incluía también otros asuntos llamativos sobre los que aún no hay novedades. Entre ellos, la reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación, la reforma de la Ley Electoral para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas o para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales.