Un día después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha intentado despejar todas las incógnitas sobre la consulta. La vicepresidenta ha explicado que de momento hay un listado provisional de puestos de votación que corresponde a los que se usan en unas elecciones. La lista, que se puede consultar en la web, debe ser confirmada por los ayuntamientos.

Los consistorios tienen diez días para asignar las mesas y los colegios. Preguntada sobre la posición de algunos gobiernos municipales que se han mostrado en contra de la consulta, Ortega ha dicho que todavía no tiene ninguna comunicación oficial, pero ha tranquilizado a la población: 'No será por locales de participación que la gente no podrá ejercer el derecho a voto. Garantizaremos que haya puestos de votación'. Ortega ha recordado que 'se trata de se trata de una ley' y ha avisado a los ayuntamientos de que no se la pueden saltar. En total, la Generalitat prevé que el 9-N haya 2.718 locales para votar y 8.130 mesas.

En las mesas habrá 24.390 ciudadanos, que se designarán por sorteo. Además, se convocarán 48.780 suplentes. En cada mesa habrá tres personas, un presidente y dos vocales. El presidente cobrará 70 euros y los vocales, 62. Aun así, Ortega ha asegurado que la Generalitat no sancionará a los ciudadanos que no formen las mesas.

Está previsto que a principios de octubre esté listo todo el material, 10.800 urnas y 6,7 millones de papeletas. Ortega ha explicado que las urnas cuestan 3,02 euros y que son rápidas de hacer. Espera que a principios de octubre ya las tengan listas.

Los datos del registro de población serán la base del censo de votantes. En los lugares de participación habrá 5.200 cabinas de votación para el voto secreto. Podrán votar 5,4 millones de catalanes de más de 16 años y 2.547 personas más que se han inscrito en el registro de residentes en el extranjero. Aún no hay datos, sin embargo, del número de ciudadanos comunitarios y extracomunitarios que viven en Catalunya. Podrán votar los comunitarios con al menos un año de residencia y los extracomunitarios que lleven tres años en el país y que se inscriban en el registro de participación.

Unos 9.200 agentes velarán por la seguridad en la jornada de votación. 6.000 serán Mossos y el resto miembros de la policía local. Además, se desplegarán 4.834 representantes de la administración y 1.000 coordinadores municipales.

El presupuesto de la consulta es de casi nueve millones de euros.

Una vez firmado y publicado el decreto en el Diario Oficial, la vicepresidenta ya activó el mismo sábado los convenios y protocolos que deben servir para organizar la consulta. Así, por ejemplo, firmó un acuerdo con el Idescat para poder utilizar los datos del registro de población u otro para encargar la gestión de las urnas y las papeletas.

También se ha convocado para el miércoles un pleno en el Parlamento para nombrar la comisión de control, que es el organismo que, entre otras cosas, establecerá los criterios a seguir en el recuento de las papeletas.

También está en marcha la campaña institucional del 9-N, con un spot y una web informativa donde se explica, por ejemplo, quién tiene derecho a votar.