El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Para ello da a la familia 15 días para que señale un nuevo lugar de inhumación alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, sitio que el Gobierno excluye por motivos de seguridad y de orden público. 

Así lo ha confirmado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha explicado en una rueda de prensa que “si no hubiera acuerdo, el lugar para la inhumación lo decidirá el Consejo de Ministros". 

El Gobierno da así el último paso antes de la exhumación del dictador. Delgado asegura que si no hay acuerdo con la familia, el lugar para trasladar los restos de Franco "tiene que cumplir con la Ley de Memoria Histórica y con las normas del Orden Público".

La familia Franco pedirá al Supremo que paralice la exhumación

Por su parte, la familia de Francisco Franco recurrirá al Tribunal Supremo el acuerdo aprobado ante "el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" para que los tribunales "impidan" una "tropelía" que el Gobierno "alza como victoria" y solo aumenta "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles". El recurso solicitará "medidas cautelarísimas" buscando la paralización inmediata del procedimiento, avanzan fuentes del entorno de la familia. También la Fundación Nacional Francisco Franco y la Abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos recurrirán al Supremo en sentido similar a la familia. 

La intención, avanzan las fuentes consultadas, es presentar estos recursos antes de que venza el plazo de 15 días que el Gobierno ha dado a la familia para que elija una ubicación alternativa a la cripta de la catedral de La Almudena para reinhumar los restos del dictador.

El Ejecutivo alega motivos de seguridad y de orden público para prohibir llevar los restos de Franco a la cripta de La Almudena y ha pedido a la familia que busque otra ubicación que no presente estos problemas. Si la familia no se presta a señalar otro emplazamiento, el Consejo de Ministros decidirá dónde se llevarán los restos del dictador.

La familia en cambio, que ha emprendido una batalla legal para frenar la exhumación, no está dispuesta a renunciar a La Almudena, donde posee unas sepulturas a perpetuidad y está enterrada la única hija del dictador, Carmen Franco Polo. Las partes aún no han tenido acceso al acuerdo motivado del Gobierno que piensan recurrir pero en cuanto puedan estudiarlo con detalle se pondrán a preparar los recursos.

Las medidas cautelarísimas que se disponen a solicitar implican que el Supremo tiene que resolver sin tener que dar audiencia a las partes, por lo que el plazo de respuesta es muy corto. En caso de que estas medidas se rechacen, la familia aún tendría margen para insistir en la paralización del proceso. Pero en este segundo caso el tribunal, antes de decidir, tendría que pedir la opinión del Gobierno.