La industria militar española cuenta con la protección del Gobierno para hacer sus negocios más polémicos, incluso aquellos que corren riesgo de implicar violaciones del derecho internacional. Ese silencio oficial ha llegado al seno del Tratado de Comercio de Armas (TCA), un acuerdo suscrito por España que, al menos sobre el papel, impide ese tipo de operaciones comerciales.

Las dudas se acumulan desde hace varios años. ¿Cómo es posible que España, en plena masacre contra Yemen, permitiese la venta de armas al régimen saudí, autor junto a Emiratos Árabes Unidos de aquellas matanzas?

Esta pregunta, formulada por grupos políticos como EH Bildu, Podemos o ERC y por organizaciones de derechos humanos –entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI), Greenpeace o el Centro Delàs– nunca tuvo respuesta.

A la hora de argumentar su silencio, desde instancias tales como la Abogacía del Estado o la Secretaría de Comercio han alegado en varias ocasiones que desvelar información sobre las exportaciones de armas a Arabia Saudí u otros destinos calientes podría "afectar la seguridad nacional" y se "pondría en peligro tanto los intereses económicos y comerciales de España como los de la entidad exportadora".

El paraguas para blindar ese hermetismo oficial es un decreto del Gobierno de Felipe González aprobado en 1987 –poco después de que se permitiese la venta de armas a la dictadura chilena– bajo el amparo de la protección de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente. 

Según ha constatado Público, el Gobierno ha preferido omitir esas razones de "seguridad nacional" y de respeto a los "intereses económicos y comerciales" en sus rendiciones de cuentas ante el TCA.

El último informe anual del Monitor del Tratado de Comercio de Armas que elabora la organización Armas Bajo Control deja en evidencia, precisamente, ese silencio. El documento subraya que las autoridades españolas no especificaron "si se retuvo alguna información por razones de sensibilidad comercial/seguridad nacional".

En el apartado que lleva como título "margen de mejora", el Monitor apunta además que "España podría proporcionar comentarios que describan la naturaleza de sus exportaciones e importaciones notificadas".

Asimismo, señala que el Gobierno "podría indicar claramente que no se han notificado exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías específicas de armas, en lugar de dejar en blanco las secciones pertinentes de la plantilla de notificación".

Negocios con Israel

Ese hermetismo oficial que constatan los observadores del TCA alcanza también a los negocios armamentísticos con el Gobierno de Israel, responsable del genocidio contra la población civil de la Franja de Gaza. 

Según datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz, desde el 7 de octubre de 2023 se adjudicaron contratos públicos de compra de armamento a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España por un valor de 1.027 millones de euros.

De acuerdo a ese informe, en noviembre de 2023 se exportaron desde España 987.000 euros en municiones a Israel por parte de Nammo Palencia con destino a la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí.

El Gobierno español ha asegurado que no se han autorizado nuevas exportaciones de armamento a Israel desde el pasado 7 de octubre. Sin embargo, AI ha reclamado al Ejecutivo que se frenen también aquellas operaciones que fueron autorizadas de forma previa y que aún no se han materializado. 

El peso de los derechos humanos

La organización de derechos humanos también ha pedido al Gobierno que el historial de derechos humanos del país receptor de armas españolas sea el elemento esencial de la evaluación de riesgo y no un elemento más a tener en cuenta, como ocurre ahora.

"La cuestión clave es cuánto pesan los derechos humanos en la decisión final", afirmó a Público el portavoz de comercio de armas en AI España, Alberto Estévez. En ese escenario, AI ha pedido al Gobierno la creación de una unidad específica que se encargue de la evaluación de riesgos en las operaciones más delicadas, tal como ya ocurre en Reino Unido, Países Bajos o EEUU.

En cuanto a los aspectos positivos de los informes del Ejecutivo español ante el TCA, el documento del Monitor señala que España "facilitó descripciones de todas sus exportaciones e importaciones"  y proporcionó "cifras desglosadas de sus exportaciones e importaciones de armas pequeñas, tanto por tipo de arma como por Estado importador/exportador".

"Feminista y transversal"

El documento incluye las valoraciones de Ignacio Sánchez Lerín, el funcionario español que representa a España en el TCA. "La política exterior de España es feminista y transversal. Así podemos centrarnos en la integración de la perspectiva de género en todos los procedimientos administrativos, especialmente en el proceso de toma de decisiones sobre la transferencia de armas, donde se aplica el TCA", alegó.

Sánchez Lerín argumentó que "todas las solicitudes de licencia siguen un proceso estándar, en el que es obligatoria una evaluación del riesgo de violencia de género". "Esto significa que cada solicitud de licencia que pasa por el sistema español solo puede ser aprobada si se ha incluido una evaluación de riesgos de género", subrayó. 

El embajador ante el TCA subrayó además que "España también está muy centrada en abordar los riesgos de desvío". "Nos estamos dando cuenta de que la mayor parte de los desvíos no se produce durante las distintas fases de la transferencia de armas, tal y como se contempla
en el Tratado", afirmó.