El Tribunal Supremo ha cerrado la última puerta para que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo rindan cuentas por haber malvendido 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone. El Alto Tribunal dio a conocer este jueves un auto en el que desestima el recurso interpuesto por la concejal socialista Mercedes González, contra el auto por el que el Tribunal de Cuentas le impidió recurrir la absolución de la exdirigente del Partido Popular, en diciembre de 2019.

Se da la circunstancia de que el ponente de este auto, Fernando Román, fue secretario de Estado de Justicia cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy, también del PP. Gallardón es, a su vez, el predecesor directo de Botella en la Alcaldía de Madrid. 

El periplo judicial hasta este desenlace arrancó en diciembre de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar
25,7 millones de euros -el valor del perjuicio causado a las arcas públicas-, por vender estas 1.860 viviendas protegidas por debajo del precio de mercado, en 2013.

Unos meses después, en julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento de ese Tribunal revocó la condena, y lo hizo con los votos de dos consejeros nombrados por el PP : Margarita Mariscal de Gente, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, esposo de Botella; y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Es la primera, pero no la última aparición de ambos juristas en esta historia.

Mientras la venta de estas viviendas transcurría en paralelo por la vía penal - de la que fue excluida Botella-, el 27 de julio el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción que reclamaba al Consistorio que recurriese la absolución de la exalcaldesa. Estas iniciativas no tienen carácter vinculante, pero expresan la voluntad de la mayoría del pleno.

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ignoró por completo la voluntad del pleno -como también obvió los escritos registrados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento de vivienda de Madrid, que le reclamaron que recurriese-. ​ No sólo desoyó estas voces, sino que, llegado septiembre, escasos días antes de que expirase el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo -un recurso muy técnico para un caso de por sí intrincado-, Almeida cesó a la directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Paloma Arranz. Era quien conocía el caso en detalle, y presentar recurso no requería de un especial desembolso. 

No obstante, Almeida justificó su negativa a cumplir la decisión del pleno afirmando que no pensaba "derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles". Desoyó todas las advertencias de Más Madrid y del PSOE, que se comprometieron a emprender acciones legales. La EMV, controlada por el Gobierno del PP y Ciudadanos, se reunió para ratificar su decisión de no recurrir, exactamente el mismo día en que expiraba el plazo para presentar recurso (27 de septiembre).

Para justificar esta posición, Almeida obvió su propio compromiso de no "derrochar dinero público" en esta materia. Como desveló Público, la EMVS gastó 14.250 euros de las arcas públicas en un informe jurídico que avalara su decisión de no presentar recurso. Fue el único de los tres informes esgrimidos por PP y Ciudadanos que tenía empaque jurídico. 

El trabajo lo realizó el conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo, al que se unió en enero la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Para él también ha trabajado el exconcejal del Partido Popular en Madrid Percival Manglano, y a él han recurrido exdirigentes del PP como Esperanza Aguirre [imputada en Púnica], Ángel Acebes [juzgado en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pendiente de sentencia] o Lucía Figar [imputada en Púnica].

Por si fuera poco, el periplo judicial de la edil del PSOE se prolongó durante otros tres meses, hasta que, en diciembre de 2019, -como avanzó este diario-, el Tribunal de Cuentas impidió a González que se personase para actuar contra el archivo de esta venta de vivienda pública.

En septiembre, González había reclamado al Tribunal de Cuentas que le permitiese ejercer la acción sustitutoria, contemplada en el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esto es: al no haber actuado el Ayuntamiento de Almeida, ni tampoco la EMVS -controlada por el Gobierno de PP y Cs-, la edil socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la legitimase para presentar recurso de casación ante el Supremo.

Fueron los mismos consejeros del Tribunal de Cuentas que ya habían blindado a Botella quienes firmaron esta decisión. La concejal reclamó entonces al Supremo, cuyo auto está fechado el 13 de marzo, antes de la parálisis institucional causada por la pandemia del coronavirus.

Y, como bonus track, de vuelta a septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado rechazó recurrir la absolución de Botella, como le reclamó el grupo parlamentario Podemos-IU-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid, porque no apreció "perjuicio económico" en esta venta de vivienda pública.

Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas había cuantificado el agujero causado por esta venta de vivienda social en 25.7 millones. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende a 127 millones de euros. Botella ha quedado absuelta.