La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que las indemnizaciones por maltrato policial que deberán recibir los etarras responsables del atentado de la T4 ordenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sean embargadas para pagar al Estado español los daños ocasionados.

El TEDH, con sede en Estrasburgo, condenó el pasado martes a España a indemnizar a Igor Portu con 30.000 euros y a Martín Sarasola con 20.000 por el trato "inhumano y degradante" que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008.

Los etarras fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años de prisión y a indemnizar a las familias de los dos fallecidos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, con 500.000 y 700.000 euros, respectivamente, así como a compensar con más de 2,5 millones de euros a los numerosos afectados, entre ellos un herido que sufrió una discapacidad del 67%.

La Audiencia Nacional también condenó a Portu y Sarasola a pagar 1,16 millones de euros al Estado, en relación con la cuantía de las indemnizaciones que adelantó la Subdirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, y 41,6 millones al Consorcio de Compensación de Seguros. El atentado produjo, además, daños en 863 vehículos que estaban aparcados en la terminal del aeropuerto de Madrid.

Que sea imputadas al pago de la responsabilidad civil

Por eso, la Fiscalía pide que las cantidades que el Estado debe pagar ahora a Portu y Sarasola "sean embargadas inmediatamente y directamente imputadas al pago de las responsabilidades civiles declaradas por sentencia firme en favor del Estado español por subrogación en el procedimiento seguido por el atentado de la T-4".

Además de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado también ha solicitado que la indemnización para los etarras se detraiga de la deuda pendiente que tienen con las víctimas del atentado, siguiendo así casos similares como el de la también terrorista Inés del Río, a quien en 2013 se le embargaron los 30.000 euros concedidos por Estrasburgo por los daños morales que le habría causado la aplicación con carácter retroactivo de la denominada 'doctrina Parot'.