La Fiscalía concluye: el PP entregó cuentas falseadas al Tribunal de Cuentas

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de calificación en Valencia del que se desprende que el PP financió de forma ilegal sus campañas electorales de los años 2007 y 2008 en dicha comunidad autónoma con más de dos millones de euros en negro.

El ministerio público concluye en su escrito que el PP valenciano presentó una contabilidad falseada al Tribunal de Cuentas sobre las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, referidas a la Comunidad Valenciana.

En el año 2007, el PP nacional sólo reconoció al Tribunal de Cuentas una contratación a las empresas de la trama Gürtel por valor de 175.000 euros por sus campañas. La facturación real fue de 1.155.231 euros para las elecciones autonómicas y 78.878 euros para las municipales, según la Fiscalía.

El PP valenciano entregó su contabilidad al PP nacional. Luis Bárcenas Gutiérrez era el administrador de la candidatura del PP de las elecciones autonómicas y municipales de 2007. “La contabilidad presentada a tal efecto ante el Tribunal de Cuentas omitía ingresos y gastos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana” destaca el escrito del ministerio público remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Por su parte, Cristóbal Páez Vicedo, en su condición de administrador general de la candidatura para las Elecciones Generales 2008, recibió la información contable del PP valenciano “y el 10/7/2008 presentó ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad, que omitía ingresos y gastos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”, añade el fiscal.

Los actos pagados en negro por el PP y financiados con empresas de la trama Gürtel que, previamente, pasaban la gorra a empresarios valencianos abarcan desde ruedas de prensa a mítines, y hasta cenas y comidas con los simpatizantes.

Mariano Rajoy asistió a diversos de estos actos pagados en negro por el PP a través de la trama Gürtel. En concreto, el 12 de mayo de 2007 (“Acto Rajoy Alicante, 16.882,22 euros”, sostiene la Fiscalía) y el 28 de febrero de 2008 (Acto IFA Rajoy, 27.264 euros).

Por si fuera poco, a lo largo de los años 2007 y 2008, el PP valenciano encargó otros servicios a la empresa de Gürtel Orange Market SL de organización de actos no electorales. “Parte de esos servicios se abonaron también fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron”, destaca la Fiscalía. El PP pagó en negro un total de 1.426.063 euros (508.051,40 euros en 2007 y 918.012,44 euros en 2008).

El ministerio público no acusa en su escrito a Francisco Camps, el líder del PP en esta época, porque no tenía firma. En cambio, sí que pide penas de cárcel para sus manos derecha e izquierda en este partido dentro del 'caso Gürtel' que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, el escrito solicita una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts Vicente Rambla y Ricardo Costa por delito electoral y falsedad documental.

También pide cárcel para los presuntos corruptores. En concreto, 17 años de cárcel para Álvaro Pérez, el bigotes, y otros 12 años para Pablo Crespo, líderes de la trama que recibía la adjudicación de contratos con presupuestos engordados para pagar luego con dinero negro a quienes les beneficiaban.

Para otro supuesto corruptor, el empresario del a construcción Enrique Ortiz, la fiscalía pide 4 años de cárcel.

La calificación del ministerio público se enmarca en las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel', en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal.

Las dos primeras piezas del caso Gürtel se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunitat, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. Mientras que la pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.

Cárcel para los dirigentes populares

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para los presuntos políticos corruptos y sus corruptores.

Para cuatro miembros del Partido Popular Valenciano:

Vicente Rambla y Ricardo Costa, exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts, así como David Serra –ex vicesecretario general del partido- y Cristina Ibáñez, administradora de la candidatura de las elecciones municipales: Siete años y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales en 2007 y 2008 y otro delito de falsedad documental en relación con una presunta financiación irregular del partido.

Yolanda García, exgerente del partido: seis meses de prisión como "cómplice" del delito electoral de las Elecciones Generales de 2008.

Para cinco miembros de la trama Gürtel:

Pablo Crespo y Francisco Correa, cabecillas de la trama: 24 años y medio para cada uno.

Álvaro Pérez, el Bigotes: 27 años de cárcel, responsable de Orange Market

Cándido Herrero, consejero delegado de Orange: 19 años y medio

José Ramón Blanco Balín, empresario vinculado a Gürtel: 17 años y medio.

Para nueve empresarios:

Rafael y Tomás Martínez Berna, de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras: cinco años de cárcel

Enrique Gimeno (Facsa); Alejandro y Antonio Pons (Dols y Piaf); y Gabriel Alberto Batalla (Lubasa): seis años de cárcel.