Contratar en 24 ocasiones durante cuatro años y sin concurso previo al cuñado del alcalde para que defienda como abogado al Ayuntamiento no supone un episodio de negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades ni tampoco de prevaricación; o al menos no en Calatayud (Zaragoza), donde el alcalde y también senador José Manuel Aranda (PP) y el marido de su hermana, el abogado R. G. M., acaban de ver cómo la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha archivado las diligencias que abrió hace cuatro meses para determinar si se trataba de un caso de enchufismo.

De haber concluido que así era, el siguiente episodio habría sido una denuncia ante la Sala Segunda del Supremo, ya que el acta de senador confiere a Aranda la condición de aforado estatal, una situación que no va a darse salvo que alguien opte por denunciar el asunto en la vía judicial.

La denuncia, cuyo relato de hechos no se ve cuestionada en el auto de archivo ni tampoco lo fue por el propio Ayuntamiento de Calatayud durante la investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía zaragozana, exponía que el consistorio efectuó "una encomienda personal y directa" a R. G. M. para intervenir en "distintos procedimientos judiciales en defensa de los intereses" del consistorio "sin haber mediado ningún procedimiento de contratación, durante al menos los años 2019 a 2022".

Esas contrataciones, añadía la denuncia, se produjeron "amparándose en la relación familiar existente, y sin mediar contrato alguno". La investigación de la Fiscalía ha constatado el segundo de esos datos, aunque el resultado de las pesquisas le lleva a no entrar si el primero pudo haberse producido.

Más de 30.000 euros por 24 pleitos en cuatro años

R. G. M., que dirige un despacho de abogados de cierto prestigio en la pequeña ciudad aragonesa, tuvo cierta relevancia mediática hace unos años al haber actuado como abogado de Francis Franco, nieto del dictador, durante una parte del proceso en el que este fue encartado por su presunta participación en un atentado a una patrulla de la Guardia Civil, asunto en el que fue exonerado por la Audiencia de Teruel tras una condena inicial en el Juzgado de lo Penal de esa provincia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, entre abril de 2019 y mayo de 2022 el letrado giró al Ayuntamiento de Calatayud un total de 24 facturas por una cuantía bruta de 30.950 euros, aunque lo ingresos netos fueron de 25.842 una vez descontadas las retenciones del IRPF por valor de 5.108 euros.

Los servicios, a un ritmo de cuatro pleitos en 2019 (4.476 euros brutos), otros tantos un año después (5.808), 14 más (18.367) al siguiente y dos (2.299) en 2022, fueron facturados por R. G. M. como profesional independiente, no como servicios del despacho.

El grueso de ellos se ventilaron en la jurisdicción social o en la contencioso-administrativa, aunque en este caso con una vertiente laboral ya que muchos de ellos se centraban en asuntos de clasificación profesional y de salarios de trabajadores municipales tras la aprobación de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). La mayoría de estos últimos los perdió el consistorio bilbilitano.

"Queda excluida la pretendida comisión de un delito"

El "juicio inicial de valoración sobre el contenido de la denuncia" efectuado por la Fiscalía de Zaragoza concluye con el "archivo de las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante a reproducir su pretensión por vía judicial", a partir de un "informe técnico elaborado por la técnico responsable de la Unidad de Personal" del consistorio.

Ese dictamen concluye que "cuando el valor estimado del servicio de defensa del Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que se solicita a cualquier despacho en cualquier procedimiento no exceda de 5.000 euros (…) no se requería ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional más allá de la propuesta de gasto firmada por la concejal-delegada y la presentación de la factura".

Es decir, que en el Ayuntamiento de Calatayud los responsables políticos tienen cobertura legal para contratar a dedo a cualquier abogado que vaya a cobrar menos de 5.000 euros, no se aclara si brutos o netos, por defender al consistorio en una de esas dos jurisdicciones.

"Excluida la exigencia de procedimiento específico, salta a la vista que también queda excluida la pretendida comisión de un delito", señala la Fiscalía.

Otra investigación abierta sobre la gestión municipal

La decisión de la Fiscalía supone un respiro para Aranda en vísperas de la tradicional etapa de luchas internas en los partidos políticos que rodea la configuración de las listas para las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año, que se prevén especialmente tensas entre los conservadores aragoneses tras el carrusel de cambios orgánicos de los últimos tiempos.

Sin embargo, la que afectaba al alcalde y su cuñado no es la única investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Zaragoza sobre la gestión municipal en Calatayud.

Desde hace unos meses, y tras haberle transferido las pesquisas la Fiscalía Anticorrupción por motivos de competencia, el ministerio público indaga las relaciones que mantiene con el consistorio la empresa Transfer, especializada en señalización vial y en la que trabaja como jefe de producción el concejal de Movilidad, Héctor Sarria, también del PP.

Esa firma ha resultado adjudicataria de algunas contratas municipales y ha participado en la ejecución de otras como subcontratada, en muchos casos con el área que dirige el edil como responsable de la supervisión de esos trabajos.