JUICIO AL PROCÉSLa Fiscalía compra el lenguaje de Vox sobre el procés y asegura al Supremo que hubo rebelión, no sedición

A nadie sorprende que el partido ultraderechista Vox tilde a los 12 acusados en el juicio a la cúpula del procés catalán de "golpistas", si bien hasta la fecha la Fiscalía del Tribunal Supremo no le había comprado este lenguaje. El fiscal Javier Zaragoza se refirió este martes al procés como un "golpe de Estado" violento, utilizando una expresión que hasta la fecha utilizaba en exclusiva el partido que ejerce como acusación popular en la causa, de determinados medios de comunicación y por supuesto del Partido Popular y Ciudadanos.

En la presentación de sus conclusiones definitivas, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los cuatro representantes del Ministerio Público defendieron con vehemencia que la hoja de ruta independentista llevó a un golpe de Estado violento pero sin armas en Catalunya, que se malversó dinero público para costear el referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017, y que los procesados pretendían "liquidar la Constitución".

Zaragoza corrió con el peso de la parte más política, más bien dirigida a los medios de comunicación y a quienes asisten a las sesiones por streaming

Zaragoza, quien más colmillo ha demostrado interrogando -también quien ha acumulado más salidas de tono en su estrado-, corrió con el peso de la parte más política, más bien dirigida a los medios de comunicación y a quienes asisten a las sesiones por streaming, al otro lado de los muros del Tribunal Supremo. Lo cierto es que el término "golpe de Estado", que tantos titulares ha granjeado a Zaragoza, no aparece ni una sola vez en su escrito de conclusiones definitivas, conocido hace apenas una semana, ni aparecía tampoco en el escrito de acusación provisional.

Lejos de repensar sus posiciones, la Fiscalía ha endurecido su discurso sobre el supuesto delito de rebelión que atribuye a 9 de los 12 procesados, afilándolo. También ha querido poner el parche antes que la herida, advirtiendo al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena de que en el procés en ningún caso hubo sedición, como asegura la Abogacía del Estado, sino rebelión en su más estricto sentido.

Lo afirmaba Zaragoza, pero después volvía a hacerlo el fiscal Fidel Cadena, responsable del discurso más técnico en lo que a tipos penales se refiere -y leído a toda velocidad-. Si Zaragoza se ganaba los focos, Cadena advertía de que en este caso no cabe suavizar la acusación: hubo rebelión, no conspiración a la rebelión ni otras fórmulas, como si la Fiscalía estuviera curándose en salud. El razonamiento de ambos era idéntico: el delito supuestamente cometido va "contra el ordenamiento constitucional, y no contra el orden público", lo que sí cuadraría con la sedición.

Ni Zaragoza ni Cadena olvidaban alabar el discurso del rey Felipe VI dos días después del referéndum, para criticar que los procesados lo ignorasen

Ni Zaragoza ni Cadena olvidaban alabar el discurso del rey Felipe VI dos días después del referéndum, para criticar que los procesados lo ignorasen. El segundo, incluso, iba más allá, y afirmaba que la explicación de las defensas sobre lo ocurrido en Catalunya en estas fechas, extrapolado al 23 F -la única ocasión por la que sí se ha condenado por rebelión en España- podría servir para "discutir la tipicidad del alzamiento" de esa jornada, decía. El presidente del PP, Pablo Casado, equiparó el caso de los acusados del procés con el golpista Antonio Tejero en plena campaña electoral para el 26-M, pero hasta ahora la Fiscalía no había hecho lo propio.

En esencia, entre los cuatro han defendido que los políticos y los líderes de la ANC y Ómnium Cultural procesados son responsables de que más de dos millones de personas salieran a la calle para votar el 1-O, para dificultar la actuación policial. Lograron "manejar a las masas y utilizar a los Mossos d'Esquadra", y recurrieron a la "violencia necesaria" para lograr sus fines, en palabras de Cadena y de Jaime Moreno, que habló poco antes. Incluso, que la suma de civiles y agentes heridos en esa jornada (1.093, de los que 1.000 son civiles) sería atribuible a la actuación de los acusados.

Por otro lado, la intervención de la abogada del Estado, Rosa Seoane, ha mostrado la absoluta falta de entendimiento entre la Abogacía y el Ministerio Público. Ambas acusaciones han negado que haya base legal para condenar a los procesados por el delito que aprecia la otra parte -para la Fiscalía, que sí ve violencia, sería insuficiente, para Seoane la violencia no fue un "componente estructural" del procés-.

Como cierre de la sesión, Vox se ha marcado un discurso de autobombo permitido por el tribunal, repitiendo sin cesar la palabra "golpistas", y pidiendo una condena ejemplar. Eso, sin dejar de recordar que la fiscal Consuelo Madrigal ha asegurado que los procesado actuaron como una organización criminal, uno de los delitos por los que sí acusan los ultraderechistas.

Madrigal habla ahora de organización criminal

Por otro lado, si los fiscales Cadena y Moreno se esforzaron por convencer de que hubo violencia -"Hay un levantamiento y una insurrección contra los cimientos del Estado democrático que es evidente", "Sin violencia física no hubiese sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta"-, Consuelo Madrigal se centraba en la supuesta malversación.

"Así es como actúan las organizaciones criminales, y les resulta sencillo hacerlo cuando ocupan las principales administraciones", asegura Madrigal

En este sentido, poco después de que se conociera que la Fiscalía sí acusa de organización criminal en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, en la causa contra otros altos dirigentes de la Generalitat que estaban jerárquicamente por debajo del Govern, que rinde cuentas ante el Supremo, hasta ahora el Ministerio Público nunca se había referido a este delito en esta causa. No aparece en el escrito de acusación, si bien Madrigal ha afirmado que la malversación en el procés, "el inmenso derroche de fondos públicos que perjudicó a las haciendas públicas española y catalana", fue "un execrable ataque al Estado de derecho".

"Así es como actúan las organizaciones criminales, y les resulta sencillo hacerlo cuando ocupan las principales administraciones de una comunidad autónoma", apostillaba Madrigal.

Tras esta 50 sesión, y después de protestar por el reparto de tiempos para la próxima semana, las defensas se preparan para la traca final del juicio. Los letrados podrán exponer sus conclusiones durante una hora a partir del miércoles. A ellos les seguirán los acusados en turno de última palabra y, tras cuatro meses de sesiones, el juicio quedará visto para sentencia.