Los fiscales no recibirán órdenes verbales de sus superiores, sino que será todo por escrito y las instrucciones generales se publicarán en un boletín oficial.

Esta es una de las medidas que propone el Gobierno para asegurar la independencia del ministerio público, ya que su voluntad es pasar la instrucción de los casos penales de los jueces a los fiscales.

Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá en el Congreso de los Diputados, quien echará a rodar la reforma del Estatuto Fiscal “en breve”, aunque fuentes jurídicas sostienen que será a partir de abril.

El otorgar la instrucción a los fiscales es un mantra que repiten los sucesivos ministros de Justicia de distintos signo, con el fin de asemejar la instrucción de las causas penales a otros países europeos, donde son los fiscales los instructores.

Hasta ahora, ningún Gobierno ha logrado este cambio. La razón estriba en la desconfianza que despierta que el Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Ejecutivo, dirija el ministerio público y de quien dependen los fiscales de manera orgánica y jerarquizada.

Para despejar temores, Rafael Catalá ha resaltado que los fiscales instructores no recibirán órdenes verbales, sino escritas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, hablando con Margarita Robles, del PSOE / EFE

El ministro ha anunciado en el Congreso la inminencia de esta reforma que trabaja su departamento, junto con la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal que reemplace a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) de 1881.

Ambas reformas deben ser un “proyecto compartido”: o se aprueba por una mayoría de la cámara suficiente “o no será”, ha destacado Catalá.

El borrador del Código Procesal Penal incluye la figura del fiscal investigador y otorga el protagonismo procesal a la fase de juicio oral. De ahí que Catalá haya defendido que esta reforma se haga en paralelo a del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Nada ha dicho el ministro respecto a la dependencia jerárquica de los fiscales ni del nombramiento del Fiscal General del Estado o de la cúpula del ministerio público.

Es más, el ministro sostiene que la Fiscalía actualmente “no admite ningún tipo de injerencia y no se deja intimidar por nada ni por nadie".

"Tenemos una Fiscalía cien por cien autónoma y libre", ha destacado, para añadir que el Gobierno no puede dar ninguna instrucción a los representantes del Ministerio Público y que ni su Gobierno ni él como ministro ha dado instrucción alguna.

Así lo ha confirmado, según Catalá, tanto el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza como los fiscales jefe en La Rioja y en Murcia, "tanto el saliente como el entrante", en clara alusión, aunque sin citarlas, a las polémicas por las investigaciones penales abiertas en ambas comunidades autónomas sobre responsables del Partido Popular como es el caso del ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

Los cambios irán dirigidos a "conciliar el principio de autonomía con el de unidad de actuación como garantía de seguridad jurídica, en el que se remarque su imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley", ha resaltado Catalá.

Rafael Catalá durante la comparecencia este jueves / EFE

La comparecencia de Catalá se ha producido para responder a 14 peticiones de los distintos grupos parlamentarios.

Tanto los portavoces de ERC como de Unidos Podemos han reprochado al ministro de los esfuerzos se concentren en casos como el de la tuitera Cassandra -condenada a 1 año de prisión y 7 de inhabilitación por humillación a las víctimas del terrorismo-, en lugar de afrontar la pérdida de recursos para delitos como la violencia machista.

"Por hacer chistes o bromas en España no se condena a ningún ciudadano", ha respondió tajante el ministro, al tiempo que ha destacado que las condenas se han producido por tipos penales concretos.

Sara Carreño, de Unidos Podemos, había preguntado al ministro si consideraba motivo para una querella la admitida en la Audiencia de Madrid contra José Miguel Monzón el Gran Wyoming y Daniel Mateo, del programa "El Intermedio", por descalificar la cruz del Valle de los Caídos.

“No es conveniente mandar el mensaje de que se penaliza el humor”, ha replicado Rafael Catalá para quien "hacer contraponer el derecho a la libertad de expresión con el respeto a las víctimas, la no humillación a las víctimas del delito, de todo delito y muy en particular a las víctimas del terrorismo, es una dialéctica improductiva que no nos lleva a ninguna parte".

"Le aseguro que en España no hay nadie condenado por el ejercicio de derechos", ha añadido Rafael Catalá en el Congreso para rematar que el sistema penal español es "afinado" y "garantista" y que existe una “opinión muy extendida” de que tiene un poder judicial independiente, comparable con las principales democracias del planeta.