La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida de prisión del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que el juez Pablo Ruz rechazó en noviembre pasado, argumentando que existe 'riesgo de fuga' y el imputado podría ocultar pruebas, informaron fuentes jurídicas.

Las representantes del Ministerio Público, Concha Sabadell y Concha Nicolás, han pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que desestime el recurso de apelación presentado por el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, contra el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decidió mantenerle en prisión, donde se encuentra desde el pasado 27 de junio.

A la petición de la acusación pública se han sumado los representantes de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), que ejercen la acusación popular en el procedimiento.

Ruz rechazó la petición de libertad argumentando que tiene pendientes varias diligencias

Gómez de Liaño, por su parte, ha defendido que no existe riesgo de fuga ni de alteración de pruebas y que su cliente ha colaborado de forma continuada con la Justicia, como ocurrió, según ha apuntado, en el desarrollo de las comisiones rogatorias que se han librado a Suiza.

El abogado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, ha señalado, además, que Gómez de Liaño ha sugerido durante la vista que Bárcenas 'aportaría más información a la causa si estuviera en libertad aunque una cosa es colaborar y otra hacer el trabajo de la UDEF'.

Ruz rechazó en noviembre la petición de libertad del extesorero argumentando que tiene pendientes varias diligencias con el fin de 'confirmar y delimitar su participación delictiva' en los hechos investigados y que la instrucción ha puesto de relieve 'nuevos elementos fácticos que determinan la necesidad del mantenimiento' de esta medida.

También señalaba que el imputado sigue teniendo 'una importante infraestructura patrimonial' que resulta 'de difícil o compleja incautación y control judicial' y a la que habría transferido 'fondos de procedencia indiciariamente ilícita tras conocer que estaba siendo investigado en este procedimiento'.

Entre los nuevos indicios de delito referidos por Ruz se encuentran la incoación de un procedimiento penal en Uruguay por blanqueo de capitales a raíz de los movimientos bancarios que realizó su sociedad Tesedul y el conocimiento a partir de la información enviada por Estados Unidos de que, en colaboración con el extesorero de Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís, quiso reintegrar 'de modo opaco' parte de los 48 millones de euros que llegó a tener a comienzos de 2008 en sus cuentas en Suiza.

Su abogado sostiene que la prisión le provoca 'perjuicios de carácter personal'

Además, la documentación remitida por las autoridades helvéticas el pasado 11 de noviembre revela que Bárcenas habría continuado realizando operaciones 'de forma directa y personal' sobre sus cuentas en el Lombard Odier de Ginebra, incluso después de que en diciembre pasado el Dresdner Bank desvelara que llegó a reunir en la entidad un total de 22 millones de euros durante el año 2007.

En concreto, en la causa constan dos correos electrónicos a empleados de esta primera entidad bancaria, fechados el 13 y el 14 de febrero de este año, en los que Bárcenas ordenaba vender determinados valores de su cartera para cancelar un crédito de 1,30 millones de euros que caducaba el 18 de febrero.

En la petición de libertad planteada el pasado 5 de noviembre, Gómez de Liaño sostenía que la permanencia en prisión del exdirigente 'popular' le estaba provocando 'perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico'. También señalaba que el riesgo de fuga de su cliente es 'inexistente' y que no tiene 'ningún estímulo' para 'sustraerse a la acción de la Justicia ni para neutralizar elementos del prueba'.

Bárcenas se encuentra imputado en el 'caso Gürtel' por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. También es investigado en la pieza separada que se sigue por la presunta contabilidad B del Partido Popular (PP).