En una coyuntura en la que la denominada agenda social se abre paso en los relatos de casi todas las opciones políticas, esta cuestión no podía faltar en el discurso pronunciado por Felipe VI este 24 de diciembre, aunque, como casi siempre, con matices.

Tras una legislatura de Gobierno progresista y un giro desde la Europa de la austeridad hacia la Europa de la economía expansiva, la protección de los derechos sociales ha ganado enteros en los diferentes discursos políticos.

Pero el hecho de que proteger y reconocer derechos esté bien visto en un contexto determinado, no quiere decir que estos se cumplan ni que todos los actores que hacen suyo el discurso estén igualmente comprometidos con ello. Felipe VI ha dedicado algunos minutos a hablar en su intervención navideña de esta agenda social en un contexto marcado por la inflación y los problemas económicos de muchas familias.

"Las dificultades sociales y económicas que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos que se manifiesta especialmente en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos", ha asegurado el monarca.

"Desde luego también", ha proseguido, "con la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda". Tras mencionar estas "dificultades sociales y económicas", el rey ha avanzado que el resto de su discurso lo iba a centrar en la importancia de la Constitución y en España, y ha cumplido claramente su advertencia.

La derecha que rechaza limitar los alquileres

Tras mencionar 18 veces el texto constitucional, Felipe VI ha retomado el asunto de la agenda social, pero lo ha hecho situando la Carta Magna como su condición de posibilidad. "Hay otra dimensión de la Constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda también es muy importante: la que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y de entender la vida", ha dicho.

El monarca ha vinculado al texto constitucional el derecho a recibir una educación, a tener un empleo, a protegerse de la enfermedad, a acceder una vivienda, a formar una familia, a contar con una ayuda social o a disponer de un retiro digno". Derechos que, efectivamente, aparecen mencionados en diferentes partes de la Carta Magna, pero cuya constancia en este texto, que ha centrado el discurso de Felipe VI, no se ven cubiertos en muchas situaciones ni garantizados por los poderes públicos.

El jefe del Estado no ha mencionado en este sentido los recortes en sanidad y educación perpetrados por la derecha en las instituciones en las que gobierna (y donde rechaza aplicar la ley de vivienda que pone límite a los alquileres), los espectáculos y ofertas culturales cancelados y censurados por los gobiernos de coalición entre el PP y Vox, o los desplantes de la extrema derecha a los minutos de silencio institucionales contra crímenes machistas o contra la mujer que sólo se celebran bajo el epígrafe negacionista de "violencia intrafamiliar".

Más allá de las menciones breves o descontextualizadas, el rey directamente no se ha referido a uno de los principales problemas que sufre el mundo: la crisis climática. Especialmente después de un año, 2023, en el que España la ha sufrido sobremanera y en el que la ciudadanía ha visto cómo se han batido varios récords de temperatura en distintas zonas.

Una crisis climática que está en el origen de numerosos movimientos migratorios, fenómeno que Felipe VI tampoco ha citado en su discurso, a pesar de que este año se han producido más de 50.000 llegadas irregulares de migrantes a España por primera vez desde 2018; un aumento del 76,2% frente a 2022. En su intento de llegar a Europa, al menos 2.210 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central.

La agenda social se abre paso incluso en el discurso del rey, pero la intervención del monarca no señala cuáles son las principales causas de que los derechos no se vean cumplidos, algo que no garantiza por sí sola la Constitución.