El misterio continúa. Más de siete años después de la muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla, el Gobierno de Pedro Sánchez alega que carece de "información fidedigna" sobre su fallecimiento, producido el 17 de mayo de 2013. Así consta en la respuesta proporcionada por Exteriores vía Ley de Transparencia a Público, mediante la cual rechaza aclarar si los familiares del militar argentino y de otros dictadores premiados por Juan Carlos I con el Collar de Isabel la Católica devolvieron tales medallas tras sus decesos, tal como indica la propia normativa española.

En el expediente remitido por la Introductora de Embajadores de dicho ministerio, Caridad Batalla Junco, se señala que la Dirección de Protocolo, Cancillería y Órdenes de Exteriores –bajo la cual se rige actualmente el Collar de Isabel la Católica– "considera que una cuestión de fondo" motiva la "inadmisión" de la solicitud de información formulada por este periódico.

En concreto, Público había solicitado conocer si los herederos de los ya fallecidos Jorge Rafael Videla, Mobutu Sese Seko (Zaire), Gregorio Álvarez (Uruguay), Francisco Morales Bermúdez (Perú), João Baptista de Oliveira Figueiredo (Brasil) y Haji Mohammad Suharto (Indonesia) habían devuelto las condecoraciones entregadas por Juan Carlos I bajo los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González.

Anteriormente, Exteriores había indicado a este periódico que dicha información no estaba "digitalizada", a pesar de que estas muertes, que además se convirtieron en noticia tanto en sus respectivos países como a nivel internacional, se registraron entre 1997 –en el caso de Mobutu Sese Seko– y 2016 –año en el que murió el dictador uruguayo Gregorio Álvarez–.

Tras reiterar esa consulta vía Ley de Transparencia, el Gobierno ha vuelto a sostener que no es posible proporcionar tales datos. En el expediente de respuesta, Exteriores deniega la solicitud de información alegando que la propia normativa sobre Transparencia establece que "se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública" en aquellos casos caso que "sea necesaria una acción previa de reelaboración".

En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que "no se dispone de acceso a información fidedigna sobre las muertes de las personas indicadas". Alega además que para aclarar si las medallas fueron o no devueltas "habría que tener acceso a ficheros de los que no se dispone, debiendo elaborarse expresamente una respuesta haciendo uso de diversas fuentes no disponibles".

Asegura además que la Unidad a cargo de tales condecoraciones en el ministerio de Exteriores "carece tanto de los medios técnicos como de medios personales necesarios para obtener la información", por lo que rechaza la solicitud.

"Falaz e improcedente"

Para el abogado Jacinto Lara, quien trabaja habitualmente en temas relacionados con los derechos humanos, el argumento del Gobierno en torno a la falta de "información fidedigna" sobre las muertes de los dictadores condecorados por España "es falaz e improcedente".

En tal sentido, destaca que Exteriores podría "incoar un expediente administrativo de oficio" y solicitar, a través de sus delegaciones diplomáticas, los certificados de fallecimiento de los dictadores en cuestión. "Lo que ocurre es que no hay ninguna voluntad de tramitar esos expedientes de oficio para que puedan ser devueltas dichas condecoraciones", afirmó Lara a Público.

"En Derecho no es necesario probar aquello que es público y notorio, como por ejemplo la existencia del Papa", ironiza el también abogado José Luis Muga, integrante de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. En tal sentido, sostiene que "si España no tiene información fidedigna del fallecimiento de los dictadores, será porque no quiere tenerla", al tiempo que subraya lo fácil que resulta para la administración "pedir el correspondiente certificado de defunción".