Una vez más, el delincuente acusa a su víctima de los delitos que él mismo ha cometido contra ella. Pero lo peor es que a este hecho se le dé una relevancia noticiosa descomunal, sin siquiera informar de que los denunciantes contra una concejala elegida por los ciudadanos fueron expulsados de la Policía Local de la ciudad tras ser condenados en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que sentenció como probados los delitos de coacciones, denuncia falsa y falso testimonio.

Este miércoles, el diario balear Última Hora publicó la primicia –ya que ni la denunciada ni su abogado habían recibido aún notificación judicial– de que se había admitido a trámite "la querella presentada contra la actual concejala, Sonia Vivas, por parte de dos de los policías locales de Palma que fueron juzgados en la Audiencia a raíz de una denuncia de esta". Una querella que la acusa de "denuncia falsa y fraude procesal".

Aunque el texto debería decir "ex policías locales", ya que ambos fueron expulsados del cuerpo tras su condena, y se podría precisar que tendrán que sentarse de nuevo en el banquillo por participar de la mafia policial que será juzgada en breve tras el definitivo auto de procesamiento emitido por el juez Enrique Morell García, quien se ha hecho cargo en el Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma de la pieza correspondiente de la macro-causa conocida como caso Cursach.

Los delitos imputados a la mafia de la Policía Local de Palma

En ese auto de procesamiento de 36 agentes y exagentes de la Policía Local de Palma –al que Público ha tenido acceso– se dispone la apertura de juicio oral contra todos ellos, "y sin perjuicio de aplicar la continuidad delictiva a la mayoría de ellos, por presuntos delitos de:

"Cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, trafico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometida por funcionarios, contra la salud publica, obstrucción a la justicia, encubrimiento, contra la administración de justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos".

En resumen, la Policía Local se dedicaba a coaccionar, extorsionar y amenazar a los empresarios del ocio mallorquín que le hacían la competencia a Bartolomé Tolo Cursach, conocido como "el rey de la noche de Palma".

En ese mismo auto se hace un repaso de todos los procesados e imputados por tan graves delitos –especialmente cuando los que los cometen lo hacen actuando como fuerzas de seguridad uniformadas y armadas, y con salarios pagados por los contribuyentes–, entre los que se cita justamente a los dos que fueron juzgados por acosar a la actual concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma:

"ALBERTO JUAN LLANERAS y RAFAEL PUIGROS ROSSELLO, existen indicios racionales de que ambos iniciaron una campaña de hostigamiento contra una compañera Sonia Vivas, única y exclusivamente motivado por la condición sexual de la misma, hechos que se perpetuaron en el tiempo y que estuvieron amparados por sus mandos, y muy especialmente por el Comisario Estarellas, quien además de no investigar los hechos y participar activamente en las burlas, impidió que la declarante promocionara en el Cuerpo".

"La Srª Paola Van Gent en declaración prestada el 15 de noviembre de 2016 también relata como el Comisario Estarellas en connivencia con Rafael Puigros y Alberto Juan Llaneras, trataron de condicionar su declaración con el fin de desprestigiar a Sonia Vivas. Asimismo, relata cómo estos agentes con fines intimidatorios le hicieron ver que sabían qué domicilios tenía, habiendo sufrido además episodios de seguimientos, muy parecidos a los descritos por otros testigos de la causa".

Una "denuncia falsa carente de cualquier fundamento"

En este primer párrafo del auto de procesamiento referente a Puigrós y Llaneras se describe el "hostigamiento" que padeció Vivas como acoso homófobo dentro del cuerpo. En el siguiente, se resume el delito de coacciones contra una antigua pareja sentimental de la víctima, a la que visitaron en calidad de policías –y con previo aviso del propio comisario Estarellas– para intimidar a Paola Van Gent y forzarla a declarar contra la hoy concejala.

Además, uno de ellos presentó –dice el auto de procesamiento– "denuncia falsa (formulada esta última por Rafael Puigros carente de cualquier fundamento lógico) tramitada ante el Juzgado de Instrucción Nº 8, todo ello motivado por su activa colaboración en la investigación de las presentes actuaciones".

Pues bien, ambos fueron condenados por la Audiencia Provincial, mediante una sentencia a la que también ha tenido acceso este diario:

En esta sentencia, la Audiencia también consideró probado que Puigrós y Llaneras cometieron el delito de acoso al "humillar, menospreciar y ridiculizar a Sonia Vivas, movidos por su odio y desprecio a la condición homosexual de Sonia Vivas". Acoso homófobo que le causó "trastorno adaptativo de ansiedad-depresión precisando tratamiento médico", tal como testificó en el juicio la médico forense. Sin embargo, no los condenó por ello al estimar que el delito había prescrito.

Esta sentencia de la Audiencia se convirtió en firme cuando la ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), sólo rebajando levemente una de las penas, y el alto tribunal también incluyó entre los "hechos probados" que "ambos acusados de común acuerdo, especialmente Puigrós y en menor medida Juan [Llaneras], movidos por su odio y desprecio a la condición homosexual de Sonia Vivas," la humillaron y acosaron, "convirtiéndolo en la forma habitual de relacionarse con ella".

Asimismo, el fallo del tribunal del TSJB integrado por tres magistrados –al que igualmente ha tenido acceso Público– ratificó la sentencia de la Audiencia en cuanto a que  coaccionaron a la testigo Van Gent "con la finalidad de desacreditar y escarmentar a Vivas"; y que Puigrós presentó una denuncia falsa y después cometió falso testimonio "con el mismo ánimo de perjudicar a Vivas y desacreditarla como denunciante y testigo de una causa".

El fiscal del Supremo desestima el recurso final de los agentes

Puigrós y Llaneras –auxiliados por un notable equipo de abogados que ha estado a disposición de todos los encausados desde el inicio del caso Cursach– elevaron recurso de casación al Supremo, y el fiscal del Alto Tribunal Alfonso Aya Onsalo ha solicitado su inadmisión, el pasado 9 de octubre, mediante un escrito de oposición que también "impugna de fondo los motivos" del recurso "e interesa su desestimación". El de casación es un recurso final que sólo está justificado por infracción de ley o quebrantamiento de forma, por lo que en este caso es del todo impertinente, según las fuentes letradas consultadas por Público.

Dicho escrito de la Sección Penal de la Fiscalía a la Sala Segunda del Supremo –que también obra en poder de este diario– es contundente: empieza por descalificar de plano los argumentos del recurso ("no parecen razones muy jurídicas para recurrir una sentencia") y recriminar al recurrente que "no se observa en el escrito del recurso ningún comentario ni alusión a las motivaciones plasmadas en la resolución del TSJ". También desestima de un plumazo "la reiteración argumentativa del recurrente" y concluye que "la cuestión ya está resuelta adecuadamente en apelación" mediante el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Pese a todo lo antedicho, estos dos ex policías locales han vuelto a querellarse contra Vivas –imputándole delitos que ellos mismos cometieron– y así han conseguido de nuevo una repercusión mediática que perjudica la carrera política de Vivas y busca provocarle de nuevo ansiedad y angustia, según afirma su abogado, Alejandro Gámez.

La estrategia de intimidar a los testigos sigue adelante, como hemos ido relatando en anteriores artículos.