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Un informe anónimo implica directamente a Alfonso Fernández Mañueco en la investigación abierta por la posible financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca, durante las primarias que el presidente autonómico ganó para ser el candidato a la Presidencia de Castilla y León. El documento, que entró el pasado 21 de diciembre en el juzgado donde se instruye la causa y al que ha tenido acceso Público, implica directamente al líder popular y le acusa entre otras cosas de utilizar al letrado municipal, cuando era alcalde de Salamanca, para asesorarle en la presunta trama del partido.
Los autores de este informe son miembros del propio equipo que Fernández Mañueco tenía en el Ayuntamiento de Salamanca y en la Diputación provincial cuando fue alcalde de la ciudad y líder del partido en el año 2017, según afirman a Público fuentes próximas al Partido Popular.
Las mismas fuentes señalan que estas personas se vieron obligadas, por orden del actual presidente autonómico, a pagar en dinero negro ciertas cantidades destinadas a cubrir las cuotas de los miles de afiliados del PP que no estaban al día en sus pagos como militantes en Salamanca y en Castilla y León. Se trata "de un impuesto revolucionario que todos los cargos públicos o de partido nos vimos obligados a dar en dinero negro", explican en sus propias palabras.
Afiliados morosos del PP
Los estatutos del PP no permiten votar en las primarias a quien no esté al día en los pagos de las cuotas y Mañueco necesitaba cubrir a los militantes morosos para, con sus votos, tener el respaldo suficiente para liderar el partido en Castilla y León y poder presentarse a las elecciones de la comunidad.
El juez instructor ya ha citado como investigados, por esta presunta financiación ilegal, al actual presidente provincial del partido, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez, así como al propio Partido Popular de Salamanca. Si el juez acepta como prueba el informe anónimo recibido en el juzgado, también estaría implicado el propio Alfonso Fernández Mañueco.
Los autores del documento aseguran que, en febrero de 2017, cuando el actual presidente castellanoleonés comunicó a Javier Iglesias su intención de presentarse a las primarias del partido para liderar Castilla y León, el propio presidente provincial y la gerente del PP de Salamanca ya le informaron de que "existe un número muy alto de afiliados que no pueden votar por no estar al día en sus cuotas".
Cargos del PP implicados
El informe detalla que mientras Fernández Mañueco era alcalde de Salamanca citó en el Ayuntamiento a diferentes cargos electos y orgánicos del PP provincial para tratar este tema interno de partido. Entre otros señalan al senador Gonzalo Robles, al diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro, a Javier Iglesias –entonces y ahora presidente de la Diputación Provincial de Salamanca– y al actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo –entonces concejal–, así como a su teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, además de a la gerente del partido, Isabel Sánchez, y al letrado municipal, José María Benavente.
La deuda de los afiliados morosos del PP de Salamanca ascendía en aquel momento a 61.937 euros y afectaba a un total de 1.238 militantes, según especifica el anónimo derivado al juzgado que instruye el caso de la financiación ilegal del PP. En este documento, sus autores también aseguran que "Javier Iglesias le pregunta, delante de Mañueco, al letrado José María Benavente si se puede poner este dinero del partido, bien de altos cargos o de donaciones de empresarios de Salamanca, y éste les indica que pudiera ser financiación ilegal, pero no se opone a que lo hagan".
Quién y cómo se recoge el dinero
El informe afirma que es el actual presidente de Castilla y León el que dice qué personas lo harán y cómo recogerán el dinero en negro de los cargos electos y de partido destinado a cubrir la morosidad para que puedan votar todos los afiliados del PP. Así, recoge textualmente que "Javier Iglesias se reúne con Mañueco y con Isabel Sánchez en la Diputación y entre los tres montan la trama, con el visto bueno de Robles y Bermúdez de Castro, que le informan como lo iban hacer. También llaman al letrado José María Benavente Cuesta y este no se opone a que lo hagan".
También especifica que "empiezan a recoger dinero las personas que se habían encargado por el Ayuntamiento: Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo, en efectivo y anónimo, lo van metiendo en un sobre y tomando nota en un folio del importe que cada uno abona, si bien aportaron todos los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento, varios Jefes de Servicio, incluso el letrado José́ María Benavente también aportó. Aunque las donaciones quieren que sean anónimas, Carbayo las apunta en un folio".
El documento insiste en que en la Diputación Provincial de Salamanca se encargó de recoger el dinero su presidente. "Javier Iglesias era la persona que coordinaba todo y conductor general del entramado, ya que manifiesta que no existe ningún problema, que tiene contactos con empresarios salmantinos afines al partido que están dispuestos a colaborar. Aportan dinero todos los diputados provinciales y este llama a empresarios de la plaza y aportan la cantidad hasta completar el importe que les dice Javier. Todas las aportaciones las apunta Javier Iglesias en un folio, que luego fue destruido por orden de Javier Iglesias e Isabel Sánchez siguiendo instrucciones de Mañueco, Robles y Bermúdez de Castro".
Las cuentas
De los cerca de 62.000 euros que necesitaban para cubrir las cuotas impagadas de los afiliados morosos del PP de Salamanca, según este escrito se recuperaron hasta 11.016,15 euros por afiliados que aceptaron cubrir sus propios impagos con ingreso en cuenta y transferencia. Además, un total de 9.431,50 euros fue la colaboración voluntaria de afiliados que se encontraban al día en sus cuotas. La parte más difícil de justificar es la de la aportación de empresarios de Salamanca, que alcanzó la cantidad de 24.140 euros, "en efectivo y en mano, metido en un sobre y entregados a Javier Iglesias en la Diputación", según detalla el informe.
Además, siempre según este documento anónimo, un total de 17.350 euros fue la aportación de los altos cargos del partido "con representación pública y miembros de la Diputación del PP, Ayuntamiento del PP y alcaldes de pueblos del PP".
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