El exjefe del PP en Pontevedra condenado por prevaricación denuncia al líder de Podemos en Galicia por relacionarle con la corrupción

El ex presidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, quien hace menos de siete meses fue condenado a dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude en el marco de la Operación Patos, ha denunciado en los tribunales al secretario xeral de Podemos Galicia y diputado de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez Reino, por vincularle, precisamente, con esos casos de corrupción por los que fue investigado, juzgado y declarado culpable.

Los hechos se remontan a julio del 2020, cuando Gómez Reino, candidato a la Presidencia de la Xunta, participaba en el debate electoral de las elecciones autonómicas gallegas retransmitido en directo por la Televisión de Galicia. En un momento del mismo, y durante su turno de palabra, el diputado se dirigió en estos términos al presidente de la Xunta y aspirante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo:

"Voy a leer una serie de casos de corrupción: caso Baltar, caso Campeón, caso Carioca, caso Gürtel con el señor Pablo Crespo, usted lo conoce bien. Naseiro, Orquesta, caso Patos, Rafal Louzán, caso Pokémon, Zeta, Pémex... ¿Conoce usted todo esto? Estos son casos de corrupción. Casos de corrupción y de puertas giratorias del PP. ¿No conoce al señor Pablo Crespo? ¿No conoce usted a Rafael Louzán? ¡Ahora no lo conoce! Igual que al señor Marcial Dorado".

En la demanda de conciliación previa a la querella criminal que los representantes legales del expresidente provincial del PP de Pontevedra han presentado en un juzgado de A Coruña, y a la que ha tenido acceso Público, aseguran que las afirmaciones vertidas por Gómez Reino "son rotundamente falsas y atentan gravemente contra el señor Louzán, su dignidad y su honor, imputándole delitos por los que nunca fue condenado (ni juzgado)".

"En síntesis, lo acusa de ser un corrupto. Lo acusa de ser un delincuente de la misma clase que Pablo Crespo y Marcial Dorado", aseguran los abogados de Louzán, en referencia al ex tesorero del PP de Galicia condenado a 28 años de cárcel por varios casos de corrupción, y al narcotraficante encarcelado por tráfico de drogas con quien Feijóo compartió en más de una ocasión vacaciones y viajes en yate.

Lo cierto es que, pese a lo que dice su representación legal en la demanda, Louzán sí fue juzgado y condenado por la Operación Patos, en la que la Fiscalía los acusó a él, cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra en el 2011, y a la entonces alcaldesa de Moraña y posteriormente delegada de la Xunta en la provincia, Luisa Piñeiro, también del PP, de conceder una subvención para realizar unas obras en el campo de fútbol del citado pueblo pontevedrés que ya habían sido ejecutadas previamente.

Según la jueza, la Diputación aceptó, con conocimiento de Louzán, dar una subvención de 86.618 euros para la mejora de los vestuarios y las gradas del estadio, una obra que ya se había realizado, para compensar así el sobrecoste en el que la adjudicataria había incurrido, en idéntica cantidad, en otro proyecto distinto: la instalación de césped artificial, cuyo coste, por tratarse también de una obra también subvencionada, no podía sobrepasar el presupuesto inicial.

Louzán y el resto de los condenados, según la sentencia, idearon para ello "un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba". La magistrada subraya que Louzán "sabía de primera mano, por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas". Eso, dice la jueza, "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho".

Louzán llegó a ser uno de los baluartes del PP en Pontevedra en la época en la que algunas de las más altas instituciones del Estado y de Galicia estaban en manos de miembros del PP naturales de esa provincia: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la presidenta del Congreso y ex ministra Ana Pastor; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; su vicepresidente, Alfonso Rueda; Pilar Rojo, presidenta del Parlamento de Galicia... Tras las elecciones municipales del año 2015, el PP perdió la Diputación de Pontevedra, pero Louzán encontró abrigo al frente de la Federación Gallega de Fútbol (FGF).

Tras la sentencia del juzgado de Pontevedra, Luisa Piñeiro anunció que dimitía de su cargo al frente de la Delegación de la Xunta en Pontevedra, pero Louzán se ha negado a dejar la Federación alegando que ha a recurrido su condena. Tiene "el convencimiento claro", según manifestó en un comunicado en febrero, de poder demostrar su inocencia en la apelación, sobre la que debe pronunciarse ahora la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Louzán y Gómez Reino se verán las caras este lunes en los juzgados de A Coruña. Será en el acto de conciliación previo a la presentación de la querella criminal que el ex presidente de la Diputación de Pontevedra presentará si el secretario xeral de Podemos Galicia no se aviene, entre otras cosas, a admitir que sus declaraciones en el debate electoral sobre su implicación en la Operación Patos "son falsas y carentes de todo rigor"; a enviarle una carta manuscrita pidiendo disculpas; a hacer lo mismo en directo y en horario de máxima audiencia en la TVG; y, además, a indemnizarle con 15.000 euros.

Fuentes del entorno de Gómez Reino, quien también ocupa la Presidencia de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, han indicado que el diputado no tiene intención alguna de acceder a esas reclamaciones, y que se reafirmará en que cuando las hizo Louzán estaba siendo investigado por un caso de corrupción por el que posteriormente fue juzgado y finalmente condenado.

Público ha intentado contactar con Rafael Louzán para que pudiera explicar por qué considera que no fue juzgado y condenado por un asunto por el que efectivamente sí fue juzgado y condenado; para saber por qué ha tardado más de un año en presentar su denuncia; y si los costes de su asesoramiento legal los asume él o los servicios jurídicos de la Federación. Pero no ha podido obtener respuesta a esas preguntas.