Caso espíasUn excomisario denuncia que el exfiscal Moix no le dejó investigar al PP en el caso del espionaje en Madrid

El excomisario de Policía Jaime Barrado ha denunciado este miércoles en el juicio del caso espías "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como "irregularidades" de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a seis acusados de realizar seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

Durante su declaración como testigo Jaime Barrado ha manifestado que José Luis Olivera, que entonces era el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, le dijo por dónde tenía que ir la investigación de este caso y que no se fiaba ni de él ni del entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Incluso ha señalado que Olivera le ocultó y le engañó en relación con algunos datos a los que solo él por su cargo podía tener acceso como quién realizó unas consultas a unas matrículas de coches.

Ha añadido que le impidieron investigar a los que estaban "más arriba" de los seis acusados para ver quién ordenó el espionaje y denunció este hecho al superior de Olivera, el comisario general de Policía Judicial, "en unas notas informativas que se quedaron en un cajón porque no hubo consecuencias".

Ante esta circunstancia la presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha decidido suspender la declaración como testigo de Jaime Barrado para proteger sus derechos ante la posibilidad de que lo que estaba manifestando pudieran comprometerle penalmente.

Tras un receso el abogado Javier Vasallo, defensor de uno de los tres guardias civiles acusados, ha pedido que se deduzca el correspondiente testimonio por parte del tribunal para depurar las responsabilidades que correspondan y ha anunciado que ejercitará acciones penales contra Manuel Moix, José Luis Olivera, Jaime Barrado y los demás responsables policiales intervinientes.

Los acusados en este juicio son el exdirector general de Seguridad Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional, que se enfrentan a entre dos y cuatro años de prisión que pide el PSOE por delito de malversación de caudales públicos, ya que la Fiscalía no acusa.

Durante su declaración, Jaime Barrado ha recordado que comenzaron a investigar con un listado de posicionamientos de teléfonos que el entonces fiscal jefe, Manuel Moix, pidió a Telefónica y que luego se percataron que tenían que pedir permiso al Juzgado de Instrucción, como así hicieron.

"El PP estaba metido pero no teníamos acceso a más arriba de los guardias civiles y los policías nacionales y se nos cortaba todas las posibilidades", ha manifestado Barrado en referencia a sus intentos de averiguar quién o quiénes ordenaron el espionaje. Y ha apostillado: "Aseguro que era una actividad ordenada por alguien pero allí no llegábamos".

Tras suspenderse el interrogatorio a Barrado, la vista ha continuado con el resto de testigos y la presidenta del tribunal ha explicado que resolverá ya en la sentencia la petición de deducción de testimonio formulada por Javier Vasallo a la que se ha adherido Ramón González Bosch, letrado de los otros dos guardias civiles y el técnico acusados.

Seguidamente ha testificado el policía Marcos Peña, que en la época de los hechos era asesor del entonces consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

Marcos Peña ha recordado que fue citado como testigo por la UDEF para declarar sobre este caso y que al llegar le dijo a Jaime Barrado que cómo le llamaban a él y no a los jefes de los acusados. "Barrado me dijo que no llamaba a más gente porque era cosa del fiscal y de los políticos", ha manifestado Peña.

También ha comparecido el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, que ha dicho que en la época de los hechos él era secretario general técnico del Gobierno regional y que lo único que conocía del caso es lo que publicó en 2009 el diario El País.