La carrera meteórica del comisario Andrés Gómez Gordo va estrechamente unida a la de la ex secretaria general del Partido Popular y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. En 2011, al desbancar al socialista José María Barreda al mando de la junta manchega, se llevó de las filas de la Jefatura Superior de Policía de Madrid a quien entonces era inspector jefe y le colocó como director de Análisis y Documentación de su Gobierno, debido a que "no existía en el catálogo el puesto de director de Seguridad", como confirmó el propio Gómez Gordo en varias entrevistas y conversaciones que una periodista de Público mantuvo con él a lo largo de 2015.  

Fue Gómez Gordo quien a través de un abogado contrató a la agencia de detectives Método3 y pagó 16.500 euros para que se investigaran los ordenadores del anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha "con la intención de interponer una querella", según ha confirmado a Público el director de la agencia, Francisco Marco, "y como ha publicado El País estos días, la factura se pagó desde un departamento oficial de la Junta manchega". 

En la actualidad Andrés Gómez Gordo es comisario en activo en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, donde se llevan importantes investigaciones que afectan directamente al Partido Popular. 

Fernández Díaz le condecoró y Zoido le ascendió

Cuando se acabó en 2015 el mandato de Cospedal en Castilla-La Mancha y dio el salto a la política nacional, la secretaria general del PP colocó a su policía de confianza en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) junto al comisario José Villarejo, donde fue premiado con una medalla roja –que conlleva una pensión vitalicia– por el número 2 de la Policía, Eugenio Pino, y por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a pesar de llevar sólo cuatro meses en un puesto de oficina y de que para obtenerla se necesita haber puesto en riesgo la vida, según dicta la ley.

El ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,c., y el ex director general de la Guardia Civil, Juan Manuel Holgado,d., y la ex ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal. EFE/Ismael Herrero

Uno de los pocos trabajos que había realizado Andrés Gómez Gordo, desde que se convocaron las nuevas elecciones autonómicas en 2015 hasta la festividad de la Policía a principios de noviembre, fue instruir un expediente sobre el comisario Jaime Barrado, tras iniciar este una investigación sobre el comisario José Villarejo por el apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto, tras un encargo del empresario de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid. Ese expediente llevó a la suspensión de empleo y sueldo de Barrado, que finalmente tuvo que ser readmitido en la Policía hasta su jubilación.

Después de este premio, porque el que se abrieron diligencias en la Audiencia Nacional tras la denuncia de un sindicato policial por el fraude en el reparto de medallas por parte de Fernández Díaz, llegó Juan Ignacio Zoido al ministerio del Interior y la carrera de Gómez Gordo siguió progresando por encima de la media de funcionarios. Fue ascendido a comisario, a pesar de llevar más de una década sin estar en un puesto operativo, y destinado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde todavía continúa. 

Del espionaje a Prada a los informes de Barreda

La relación entre Gómez Gordo y Cospedal viene de antes de que se produjera la reunión entre Cospedal, el comisario José Manuel Villarejo y el empresario Ignacio López del Hierro en la sede de Génova, 13, en el año 2009. Está vinculada a las relaciones que los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño tenían con el Partido Popular de Madrid al menos desde 2005, como desveló Público, y que sirvieron para tapar varias informaciones sobre Gürtel que los concejales de Majadahonda, José Luis Peñas y Juanjo Moreno, habían puesto en conocimiento de la presidenta. 

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, durante un pleno sobre la trama de espías. EFE/Fernando Alvarado

En concreto, apuntan las fuentes consultadas, el entonces inspector jefe y la recién dimitida diputada popular se conocieron dos años antes de la reunión con Villarejo, cuando ambos trabajaban en el Gobierno de Esperanza Aguirre: Cospedal como consejera de Transportes, en sustitución de Francisco Granados, y Gómez Gordo como director de Seguridad del consejero de Justicia, Alfredo Prada.

Andrés Gómez Gordo ascendió a inspector de policía el 30 de marzo de 2000, fecha en la que el BOE publicó la Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad. Al poco se convirtió en persona de confianza de Juan Carlos Fernández, director de Seguridad en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid hasta 2007 y posteriormente director de Seguridad del Campus de la Justicia, la faraónica obra de Esperanza Aguirre en la que se han perdido más de cien millones de euros.

Es esta empresa mixta la que contrata los servicios de Gómez Gordo. Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ve sacudido por el espionaje interno entre los consejeros del PP —Alfredo Prada, Ignacio González y Francisco Granados— cobra una cuantiosa indemnización y pasa a las órdenes de Francisco Granados, donde entabla una estrecha amistad con Sergio Ríos Esgueva, a quien Cospedal colocará en 2010 como chófer Luis Bárcenas y al que los comisarios Villarejo y Enrique García Castaño utilizarán para robar información del ex tesorero y ocultarla a la justicia. Después, en 2014, Fernandez Díaz y Eugenio Pino le aprobarán con 40 años el examen de acceso a la Policía Nacional. 

Es con motivo del caso del espionaje a Alfredo Prada y a Ignacio González en la Comunidad de Madrid que el comisario Jaime Barrado, entonces destinado en la UDEF, sufre el primer encontronazo con Andrés Gómez Gordo. Diferentes fuentes –tanto policiales como de agencias de detectives privados– señalan al comisario Gómez Gordo, actualmente destinado en la UDEF donde se llevan a cabo las investigaciones de los casos de corrupción del PP, como "la persona que se relacionaba con las agencias de detectives que realmente realizaron ambos espionajes. Sobre Ignacio González, ya está acreditado judicialmente, y sobre quién realizó el verdadero espionaje a Alfredo Prada y el montaje contra los dos guardias civiles, también se acabará sabiendo".