El ex jefe de prensa de la Casa Real, Javier Ayuso, ha afirmado en el programa Espejo Público que "se ha cumplido la amenaza del comisario Villarejo que desveló Público", en referencia a los documentos secretos que acreditaban la relación de Bárbara Rey con el rey emérito Juan Carlos I y las "grabaciones del CESID" aparecidas en el medio que dirige Eduardo Inda.

La información fue desvelada por Público hace un mes, después de que el comisario Enrique García Castaño confirmara en una reunión que estaba al tanto de la extorsión a las más altas instituciones del Estado por parte de Inda y de su actual jefe de Investigación, Manuel Cerdán, junto a los comisarios José Manuel Villarejo y Eugenio Pino. El motivo, según aseguraba el propio ex número dos de la Policía, que no les imputen ni llamen a declarar en el caso del pequeño Nicolás. 

Todos los tertulianos que acompañaban a Susanna Griso —Paco Marhuenda, Cristina de la Hoz y Raúl del Pozo, además de Ayuso— han asegurado que "la cloaca esta funcionando" y se han sumado a que el chantaje se está demostrando a través del trabajo de Público: desde las grabaciones del ministro del Interior en su despacho, al chantaje al CNI o la oscura trama que se esconde tras el caso del pequeño Nicolás. 

Ni Interior ni la Fiscalía han querido investigar en serio la 'brigada política' creada en la cúpula policial

Gracias a audios, documentos y testimonios obtenidos en exclusiva, Público ha sacado a la luz durante el último año tanto la existencia de una brigada política creada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como las maniobras de los mandos que la integraban para obstruir las investigaciones judiciales sobre esa trama policial.

Esta próxima semana empezará a trabajar la comisión de investigación del Congreso de los Diputados –la primera creada desde la del 11-M– encargada de averiguar cómo y por qué se grabó al ministro en su despacho oficial, así como de desentrañar esa conspiración desde el Ejecutivo para destruir las reputaciones de políticos soberanistas catalanes, tal como se escucha claramente en las conversaciones de Fernández Díaz con el exjefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, destituido por el Parlament a raíz de la difusión de esas grabaciones en Público.

Este diario entregó las grabaciones íntegras a la Fiscalía General del Estado, que las entregó a la Fiscalía del Supremo, pero ese alto tribunal decidió archivar el caso alegando que no disponía de los audios originales, aunque disponía hasta de un dictamen de su propio fiscal.

Por su parte, Fernández Díaz anunció a bombo y platillo la apertura de una investigación sobre las grabaciones –y hasta convocó a la prensa para un barrido de la sede de Interior en busca de micrófonos– y semanas más tarde filtró que esas pesquisas estaban muy adelantadas y a punto de concluir. Sin embargo, han pasado ya casi nueve meses y nada más se ha sabido de esa supuesta investigación interna, pese a que en un principio el ministro aseguró que se trataba de un hecho gravísimo, delictivo y una intolerable violación de la seguridad del Estado.

Al final, tendrá que ser el Parlamento el que haga algo de luz sobre esta trama formada en la cúpula de la Policía –que también fabricó montajes contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias–, aunque los dos grandes partidos parecen haber pactado impedir que sean llamados a declarar en el Congreso los comisarios implicados, precisamente los únicos que podrían desvelar el origen y las actividades de dicha brigada política.​