El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, va a tener que mojarse definitivamente sobre su –hasta ahora– cerrada defensa del que nombró fiscal Anticorrupción tal como deseaba el hoy encarcelado expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Porque Maza acaba de recibir una denuncia contra su protegido Manuel Moix, al que varios imputados en el caso espionaje (el seguimiento con detectives entre altos dirigentes del PP madrileño) acusan de haber protegido a González durante la instrucción de esa causa, al omitir su deber –cuando era fiscal superior de Madrid– de investigar a los responsables de la Dirección General de Seguridad de la comunidad, que hubieran conducido hasta quien en aquel entonces (2009) era el vicepresidente de Esperanza Aguirre.

Los denunciantes –los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, y el técnico en seguridad José Manuel Pinto– explican en su exhaustiva denuncia, de 21 páginas (que se puede ver íntegra al final de esta información) y varios anexos documentales probatorios, que deberían haberla presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, "pero como quiera que en la actualidad ostenta el cargo superior en esta institución D. Manuel Moix Blázquez, aquí denunciado, nos dirigimos ante la Fiscalía General del Estado" que encabeza Maza.

Lo innegable es que, tras encargarse como fiscal superior de las diligencias sobre el caso espionaje, Moix consiguió no sólo que ni González ni ningún otro político del PP fueran encausados –a pesar de que se trataba precisamente de un escándalo de espionaje entre ellos– sino también que no se investigara a los responsables de ordenar esos seguimientos, empezando por Sergio Gamón, quien fue designado director general de Seguridad por voluntad personal de Aguirre.

Fue el propio consejero de Interior, Alfredo Prada, quien reconoció en su declaración ante la Fiscalía Superior de Madrid (el 23 de marzo de 2009) que creó aquella Dirección General de Seguridad y puso a Gamón al frente, "por petición expresa de la presidenta" de la Comunidad de Madrid. Y Prada –quien también sería víctima del espionaje– subrayó sus "tensas relaciones que acabaron siendo nulas con Sergio Gamón, debido a que éste, alardeando ante los alcaldes de sus buenas relaciones con la presidenta (Esperanza Aguirre) y con el vicepresidente primero (Ignacio González), ninguneaba y obstaculizaba el desarrollo del proyecto BESCAM” (Brigadas Especiales de Seguridad de la comunidad).

Así que Moix era plenamente consciente de que Gamón y su segundo (Miguel Castaño, policía procedente del Canal de Isabel II que fue nombrado subdirector cuando Prada estaba de vacaciones) actuaban directamente a las órdenes de González y de Aguirre. Hace sólo un mes, Prada corroboró esa declaración –que hizo ante la Fiscalía que dirigía Moix– en su comparecencia ante la Comisión Contra la Corrupción Política en la Asamblea de Madrid, a la que ratificó que no tuvo ningún trato con Castaño, al que recomendó Gamón. Así se expone en la denuncia:

"Las funciones que asumió la nueva Dirección General de Seguridad, ya existían y se desarrollaban en el Departamento de Seguridad dependiente de la Dirección General de Protección Ciudadana. Para mayor aberración, se creó sólo con las figuras del Director General y del Subdirector General. Los Consejeros D. Alfredo Prada Presa y su sustituto D. Francisco Granados Lerena, responsables directos del señor Gamón, ni decidieron su nombramiento, ni fueron capaces de controlar sus actuaciones, que obedecían a órdenes del entonces Vicepresidente Primero D. Ignacio González o de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma".

"A este respecto, hay que reseñar las reiteradas denuncias ante el Consejero D. Francisco Granados Lerena, de las actividades irregulares ordenadas por D. Sergio Gamón Serrano a los asesores de seguridad procedentes de la Guardia Civil", prosigue la denuncia.

Los denunciantes contra Moix subrayan que el hoy fiscal jefe Anticorrupción sabía perfectamente que los que habían ordenado el espionaje de dirigentes políticos del PP eran Gamón y Castaño –y que obedecían únicamente a González y Aguirre–, pero que no efectuó indagación ninguna sobre ellos, centrándose en cambio en perseguir a guardias civiles (como Oreja y Coronado) que precisamente se habían negado a seguir las órdenes de Gamón de espiar a diversos políticos conservadores.

Oreja y Coronado declararon eso mismo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid –donde alertaron de que Gamón les había indicado que el espionaje se hacía por instrucciones directas de González–, pero el fiscal decidió investigarles sólo a ellos, a un técnico como Pinto –al que achacaban haber escrito los partes, sin que el Ministerio Público hiciese las pruebas periciales caligráficas oportunas– y a un asesor como Marcos Peña, quien ni siquiera estaba en la Comunidad de Madrid cuando se produjeron los hechos. Así logró que no apareciese imputado ninguno de los políticos ni responsables jerárquicos que ordenaron esos seguimientos.

En cambio, el fiscal superior ni siquiera investigó a los tres policías nacionales que figuraban como asesores y que estaban en los lugares de los seguimientos, según reveló el posicionamiento de sus teléfonos, pese a que fueron denunciados por las víctimas del espionaje. Tiempo después, dos de esos policías pasaron de vacaciones más de tres años disponiendo de medios públicos de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, como coches, teléfonos, etc., cuando ya era director de Seguridad Enrique Barón, quien ahora es es el comisario general de Información y puede optar a la Dirección Adjunta Operativa cuando se jubile en otoño Florentino Villabona.

Además, en ese presunto encubrimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid participó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), cuyo comisario jefe era José Luis Olivera y quien también obvió investigar a los responsables de todo ese operativo ilegal. Como se expone en la denuncia:

"La UDEF, no incluyó en su instancia a la Instructora, los nombres, ni los teléfonos del Director General de Seguridad, D. Sergio Gamón Serrano, ni del Subdirector General , D. Miguel Castaño Grande. Los señores Gamón y Castaño, figuraban denunciados en el proceso penal por los señores Prada y Cobo [Manuel, en aquel entonces vicealcalde de Madrid]. Sus nombres figuraban en los controvertidos “partes de seguimiento” y además eran los responsables funcionales de todas las personas que figuraban en el escrito remitido a la Compañía Telefónica España".

Y aquí llegamos a una coincidencia francamente notable: todos estos altos responsables de la Fiscalía y la Policía que aparentemente participaron en maniobras para proteger a Ignacio González han impartido cursos –bien remunerados– en el instituto jurídico Schola Iuris, que controla (a través de las empresas Cenyt Consultoría y Cenyt & Argo) el excomisario José Manuel Villarejo, uno de los más destacados integrantes de la brigada política montada en Interior durante el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz.

Tanto el fiscal general Maza como el fiscal Anticorrupción Moix pasaron por Schola Iuris, igual que Olivera, y los tres han actuado claramente en defensa de los intereses judiciales de Ignacio González, principal cabecilla del caso Lezo: el saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio de unos cuantos dirigentes del PP y técnicos empleados por ellos.

Por tanto, ¿tienen relación todas estas maniobras con la corrupción política en la Comunidad de Madrid? Pues todo indica que sí, puesto que estos tres mencionados no son los únicos que han trabajado en favor de Ignacio González... como revelaremos próximamente.

...CONTINUARÁ