España sigue armando a los antidisturbios de Perú y Togo, señalados por vulnerar los derechos humanos

Las cargas policiales en Lima (Perú) y Tomé (Togo) tienen su réplica en Madrid. El Gobierno, a través de la junta interministerial encargada de la concesión de autorizaciones de exportación de armamento, autorizó en 2020 varias ventas de material antidisturbios a ambos países por un valor global que supera los 10 millones de euros. De nada han valido los informes de los organismos de derechos humanos que aluden a casos de brutalidad policial cometidos por sus respectivos cuerpos de seguridad durante el año pasado.

Según consta en el informe de la Secretaría de Estado de Comercio sobre las exportaciones de armamento registradas en 2020, el Gobierno concedió 19 licencias de venta de "material policial y de seguridad" a un total de 12 países por un valor de 11.325.938 euros. El 89% de ese importe correspondió a tres licencias de exportación de productos antidisturbios para las Fuerzas Armadas peruanas, cuyo coste alcanzó los 10.091.430 euros.

El documento enviado a finales de la semana pasada a la comisión de Defensa del Congreso no ofrece datos concretos sobre esas nuevas licencias, aunque sí permite conocer, a grandes rasgos, las exportaciones que ya contaban con permisos concedidos y que se hicieron efectivas durante 2020. En el caso de Perú, se trató de "diversos cartuchos y despieces para el ensamble de artificios lacrimógenos" por un valor de 950.565 euros.

Esas operaciones se concretaron en medio de la grave crisis institucional padecida por Perú –que llegó a tener cuatro presidentes durante la última legislatura–, marcada por una salvaje represión policial que en noviembre pasado dejó dos jóvenes muertos y más de 200 heridos. "La Policía Nacional respondió a las manifestaciones de noviembre contra la destitución del presidente (Martín) Vizcarra haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza", denuncia Amnistía Internacional (AI) en su último informe anual.

"Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Policía había utilizado munición real y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, y había golpeado o reducido con violencia a la gente. Hubo policías vestidos de civil que se negaron a identificarse y efectuaron detenciones arbitrarias, entre ellas la de una persona que defendía los derechos humanos", señala AI. Del mismo modo, "también se presentaron denuncias de malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad, inclusive en casos de personas que habían estado en paradero desconocido".

El organismo de derechos humanos precisaba en su informe que "las investigaciones penales sobre las muertes y lesiones continuaban al finalizar el año". Pese a ello, el Gobierno español permitió esas nuevas operaciones de venta de material antidisturbios a Perú, que se consolida así como uno de los principales compradores: entre 2015 y 2020 se concedieron 15 licencias de exportaciones por un total de 38.602.515 euros.

Según han denunciado en reiteradas ocasiones distintos organismos de derechos humanos, el artículo 20 del Código Penal de ese país exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía de rendir cuentas en caso de causar lesiones o muerte. 

Gas lacrimógeno para Togo

En el documento remitido por el Gobierno al Congreso tampoco hay datos concretos sobre las dos licencias de exportación con destino a Togo, cuyo coste ascendió a 544.000 euros. En 2019, ese mismo país africano había cerrado otra operación de compra de material fabricado en España por un importe de 1.229.450 euros. El cruce de datos con las exportaciones materializadas en los dos últimos años permite establecer que se trató principalmente de cartuchos y artificios lacrimógenos dirigidos a la Policía de Togo. 

En el apartado sobre la situación de los derechos humanos en ese país, AI destaca que en 2020 "continuó el uso de la tortura bajo custodia policial", mientras que "las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas asociadas a la COVID-19 y para dispersar a manifestantes pacíficos".

El informe describe la muerte de un hombre "por disparos de un agente de policía tras desobedecer una orden durante un altercado con dos soldados" en mayo del año pasado. "Las autoridades abrieron una investigación –relata AI–, pero al terminar el año no se disponía de más información sobre sus progresos". En septiembre, "las fuerzas de seguridad mataron a una persona e hirieron a otras al usar botes de gas lacrimógeno para dispersar una celebración tradicional en la prefectura de Doufelgou". 

Cartuchos para Túnez

El ministerio del Interior de Túnez también figura entre los grandes compradores de material antidisturbios fabricado en nuestro país. Durante los últimos cinco años, el Gobierno español –primero con Mariano Rajoy, luego con Pedro Sánchez– concedió 10 licencias de exportación de granadas de mano, cartuchos lacrimógenos o botes de humo para la Policía tunecina por un importe de 7.391.261 euros. 

El año pasado se concretó una nueva exportación de cartuchos lacrimógenos para Túnez. Según AI, en ese mismo periodo "las autoridades investigaron o enjuiciaron a personas que publicaban blogs o usaban las redes sociales por expresar de manera pacífica en Internet sus opiniones, en especial por criticar al gobierno por su gestión de la COVID-19", al tiempo que "se arrestó y recluyó a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) por relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo".

En su informe sobre la situación vivida en ese país durante 2020, AI también alude a la utilización de cartuchos lacrimógenos por parte de la Policía tunecina, precisamente el mismo material adquirido en distintas ocasiones a empresas españolas.

En la noche del 20 al 21 de junio, la Policía lanzó temerariamente gas lacrimógeno en zonas residenciales densamente pobladas y algunos botes cayeron dentro de viviendas y cerca de un hospital. Pacientes, profesionales sanitarios, personal hospitalario y soldados que custodiaban el hospital sufrieron dificultades respiratorias debido a la exposición al gas lacrimógeno", señala el documento. 

En ese contexto, AI apunta que "al menos 11 manifestantes detenidos arbitrariamente durante la dispersión dijeron luego que los habían insultado, propinado patadas, arrastrado por el suelo y golpeado con porras o con las culatas de las armas, incluso sin oponer resistencia". "Los heridos estuvieron horas en comisaría antes de ser llevados a un hospital para recibir atención médica urgente", advierte.