El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies animales y vegetales, la primera estrategia con la que cuenta nuestro país para luchar contra el tercer negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo —entre 10.000 y 27.000 millones de euros al año, según la organización WWF— sólo por detrás del comercio de drogas y de armas.

El plan era una vieja petición de las organizaciones ecologistas. Aunque el tráfico de especies se asocia generalmente a regiones como Asia, África o América Latina, Europa es un importante punto de destino en este tipo de crímenes, y España, en particular, una de las principales puertas de entrada. Aquí, Según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) encargado en mayor medida de las incautaciones, entre 2005 y 2014 se decomisaron cerca de 14.000 animales ilegales.

“Nuestra situación geográfica hace que seamos una puerta en Europa y también un punto de escala hacia otros mercados”, señala Luis Suárez, responsable de especies amenazadas de WWF, que advierte de que, entre las especies con las que más se ha traficado durante estos últimos diez años se cuentan 13.000 piezas de reptiles, 3.000 aves, 600 macacos, 70 colmillos de elefantes o 15.000 kilos de angulas. “Estamos hablando de cantidades importantes”, asevera.

El documento aprobado por España —con un paquete de 26 medidas a desarrollar hasta 2020 por los ministerios de Exteriores, Medio Ambiente, Economía y Hacienda, la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado — es en realidad una adaptación del plan europeo contra el tráfico de especies aprobado en febrero de 2016, que persigue tres objetivos: prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo atacando sus causas en los países de origen; aplicar y hacer cumplir más efectivamente las normas existentes y reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico ilegal.

“En general, valoramos de forma positiva el plan, que tiene una estructura y unas medidas bien planteadas. Se aplicará mejor la normativa y seguramente se endurecerán las sanciones, pero seguimos con muchas carencias en el cuidado y rescate de estas especies”, señala Suárez.

Aunque las comunidades autónomas sí tienen centros especializados para hacerse cargo de los animales decomisados por tráfico ilegal, sólo acogen a las especies autóctonas. Para las especies exóticas, el Estado no dispone de centros de acogida, por lo que deriva esta función a zoológicos o centros privados, que deben asumir el coste con fondos propios.

“No hay planes para devolver a estos animales a sus lugares de origen o para que se reintegren en planes de cría en cautividad. El hecho de que muchos centros dependan de sus propios recursos lo hace muy complicado, porque sólo el cuidado es muy costoso”, dice el experto de WWF.