Los mandos antiterroristas del Gobierno de Felipe González tuvieron a varios países de América Latina entre ceja y ceja. Según consta en un documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU, a mediados de 1992 el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, impulsaba una campaña de persecución contra supuestos miembros de ETA en el extranjero, para lo cual tenía previsto "presionar" a distintos gobiernos latinoamericanos. Los presuntos etarras ya "retirados" llegaron a ser considerados como posibles "regalos" que el Ejecutivo de González buscaría obtener a toda costa.

En un informe fechado el 1 de julio de 1992 al que ha tenido acceso Público, funcionarios del Departamento de Estado daban detalles de la reunión que habían mantenido con Vera para analizar, entre otras cuestiones, el dispositivo de seguridad montado por el Gobierno español de cara a los juegos olímpicos de Barcelona, que comenzarían a finales de ese mes. 

Durante la reunión, Vera señaló a sus interlocutores que ETA estaba "seriamente debilitada" por una serie de operaciones policiales y puso de relieve que existía "una nueva actitud de cooperación por parte del Gobierno francés", lo que le hacía creer que "los días de ETA estaban contados". Sin embargo, su disolución no se produciría hasta 26 años después, en mayo de 2018.

En aquel verano de 1992, el Gobierno de Felipe González –sobre el que ya pesaban acusaciones por sus responsabilidades en los crímenes del GAL– tenía los ojos puestos en América Latina. Algunos meses antes, el Gobierno uruguayo –entonces en manos, al igual que ahora, del derechista Partido Nacional– había accedido a detener a unos 30 vascos que vivían en Montevideo, lo que fue publicitado en Madrid como la mayor operación contra ETA en el extranjero.

Las acusaciones se fueron desinflando, hasta que finalmente la justicia uruguaya procesó a 13 vascos allí afincados. España demandó el envío a Madrid de ocho de ellos, pero los tribunales uruguayos accedieron a extraditar a tres. 

Aquello derivó en unos sucesos que Uruguay no borra de su memoria: el 24 de agosto de 1994, mientras los presuntos miembros de ETA hacían una huelga de hambre contra su extradición, miles de personas se movilizaron en el exterior del hospital de Montevideo donde permanecían ingresados para pedir que se respetara el derecho de asilo que consagraba la Constitución. La Policía reprimió salvajemente y hubo dos manifestantes muertos. 

Dos años antes de que se produjeran esos hechos, Vera explicaba a los funcionarios del Departamento de Estado que miembros de ETA "estaban buscando refugio en otros países, especialmente en América Latina", por lo que el Ejecutivo del PSOE "había llegado a la conclusión de que valía la pena darles un buen golpe". "Esto explica la cooperación de España con Uruguay para detener a los agentes 'retirados' de ETA en ese país", señala el documento.

El alcance de esa "cooperación" entre Uruguay y España estuvo marcada por las sospechas sobre su verdadero alcance. La incertidumbre llegó incluso al Parlamento de ese país latinoamericano, donde el diputado socialista Guillermo Chifflet denunció en febrero de 2003 que en los interrogatorios realizados en las oficinas de la Dirección de Inteligencia de Montevideo a uno de los detenidos vascos "había policías españoles". Una investigación publicada a principios de 2017 por el periodista Samuel Blixen en el semanario Brecha de Uruguay señaló que los interrogatorios fueron realizados "por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes".

El artículo publicado por el referido semanario indicaba además que Vera "hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4.000 revólveres". En el documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU no hay alusiones a esa entrega de armamento, aunque sí se destacaba que España tenía previsto ejercer "presión" sobre distintos gobiernos para buscar que se negara el "refugio" a los miembros de ETA y se les extraditara. 

Un "regalo" desde Dominicana

Vera citó también el caso concreto de República Dominicana. "Santo Domingo fue durante mucho tiempo el hogar del 'frente negociador' de ETA", explicó el entonces secretario de Estado de Seguridad a sus interlocutores estadounidenses. Si bien reconoció que los ciudadanos vascos que vivían en ese país "no participaban activamente en actividades terroristas y solo se les vigilaba", adelantó que España igualmente seguiría "intentando persuadir al Gobierno dominicano para que extraditara a tres de las figuras más importantes de ETA en el país".

El Ejecutivo de Felipe González quería aprovechar la cumbre iberoamericana que se celebraría a finales de julio de 1992 en Madrid para presionar al Gobierno dominicano que lideraba Joaquín Balaguer. En ese línea, Vera señaló que en dicho encuentro "Balaguer podría hacer un 'regalo' a España", ya que después de esa cumbre "la influencia de España disminuiría". 

La presión dio sus frutos, aunque no de forma inmediata. En agosto de 1997, el Gobierno dominicano extraditó a Eugenio Etxebeste, Ignacio Arakama y José María Gantxegi, los tres miembros de ETA que el Gobierno de González codiciaba. Vera ya había abandonado para entonces su puesto, y se encaminaba hacia una sentencia en los tribunales: en julio de 1998, el exsecretario de Estado de Seguridad fue condenado por su implicación en el GAL.