Este artículo se publicó hace 8 años.
España no dejará de quemar carbón para bajar sus emisiones de CO2
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, descarta desde la cumbre del clima de Marrakech aprobar una ley para el cierre de las centrales térmicas.
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MARRAKESCH. -El Acuerdo de París marcó la senda a seguir: para evitar los peores efectos del cambio climático es necesario transitar hacia una descarbonización de la economía, es decir, dejar de quemar combustibles fósiles, que es la principal causa del aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero el recién estrenado gobierno de Mariano Rajoy va a contracorriente.
En un encuentro con periodistas en la cumbre del clima de la ONU que se celebra estos días en Marrakech, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha descartado que el Ejecutivo tenga entre sus planes aprobar por ley un calendario de cierre de las centrales térmicas españolas. “Un cierre decretado de las centrales no se contempla. Será el propio mercado el que vaya demandando menos carbón”, ha justificado.
La quema de carbón es, precisamente, la razón principal de que España haya aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero en los dos últimos años. Según datos de Red Eléctrica de España, el uso de este combustible para generar electricidad se disparó un 23,4% en 2015 con respecto a un año antes. Derivado de ello, se prevé que las emisiones en nuestro país aumenten en el mismo periodo entre un 3,5 y un 4%.
“España ha sido capaz de anunciar unas garantías para cumplir los objetivos de descarbonización sin tener una hoja de ruta consistente que permita saber cómo vamos a cumplirlos. Un gobierno que prioriza la concentración de la producción de la energía y el apoyo a sectores fósiles no puede liderar el cambio de modelo renovable, sean cuales sean las palabras de sus máximos responsables climáticos”, denuncia Ecologistas en Acción.
En un informe publicado este jueves, Greenpeace ha pedido el cierre de todas las centrales térmicas en 2025 y una "transición justa" para los trabajadores y los territorios.
"Que vengan a la cumbre del clima a decir que no tenemos un plan de cierre del carbón es realmente preocupante para nuestra ambición de lucha contra el cambio climático. Una fecha de cierre también es necesaria para que las empresas y las regiones puedan planificar con tiempo un modelo económico fuera de los combustibles fósiles", dice la responsable de campaña de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, a Público.
En Europa, Portugal, Austria, Reino Unido y Finlandia han definido ya un calendario de cierre para el carbón que oscilará entre 2025 y 2030. Por su parte, Bélgica, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta forman parte de la lista de países que ya no usan este combustible fósil.
La ministra de Medio Ambiente, sin embargo, está tranquila. “El acuerdo no dice cómo hay que cumplir, pero hay que cumplir. España cumplió con el Protocolo de Kioto y está en condiciones de decir que cumplirá con los objetivos a 2020”, dijo Isabel García Tejerina este miércoles a los periodistas en Marrakech.
Aunque es cierto que España ha hecho los deberes, no ha sido gracias a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos. Por un lado, la crisis económica supuso un freno importante al aumento de las emisiones hasta 2014; por otro, para cumplir con Kioto nuestro país tuvo que gastar más de 800 millones de euros en derechos de emisión que compensaran los excesos. Y es posible que, al ritmo al que siguen aumentando, se vuelva a ver obligado a pagar.
La otra asignatura pendiente en España son las energías renovables. En contraste con el carbón, su aportación a la producción energética de 2015 bajó un 5%, según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad. El Gobierno ha anunciado una nueva subasta de energía renovable a finales de año para poder llegar al objetivo impuesto por la directiva europea (cubrir un 20% de la demanda con energías limpias en 2020); pero la transición hacia un modelo renovable sigue paralizada.
En todo 2015, nuestro país sólo instaló 49 nuevos megavatios de potencia fotovoltaica, frente a los 3.500 de Reino Unido, los 1.500 en Alemania o los 900 en Francia, según datos de Unión Española Fotovoltaica, que apuntó como principal causa “la falta de voluntad política”.
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