Donde unos pierden, otros ganan. El negocio armamentístico ha avanzado a pasos agigantados en España durante los últimos 15 años, y lo ha hecho tanto bajo administraciones del PP como del PSOE. Así, bajo el silencio garantizado por la Ley de Secretos Oficiales, las ventas de armamento español a distintos países –también a aquellos señalados por violar los derechos humanos– han experimentado un repunte y consolidación que, según distintos informes, siempre cuadra con la normativa internacional.

De todo eso se habla en el libro "Armas, negocio, política, opacidad", publicado por la Editorial Icaria y elaborado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz. En este trabajo, que saldrá a la venta en las próximas semanas, se analizan las exportaciones españolas de armamento entre 2005 y 2017.

"España es uno de los principales países exportadores de armamento del mundo. En el período analizado en este libro (2005-2017) ocupó la séptima posición en la clasificación de los países exportadores de armas, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI)", afirman Tica Font y Eduardo Melero, investigadores del Centro Delàs y coordinadores de esta obra, en la que distintos expertos analizan este asunto desde distintas perspectivas.

A la hora de buscar una explicación a ese crecimiento de España en el ranking mundial de venta de armas, los autores sostienen que responde, principalmente, a tres causas fundamentales: "la participación de España en programas internacionales con otros países de la Unión Europea para desarrollar sistemas de armamento, una interpretación poco exigente de la legislación que establece controles sobre el comercio internacional de material de defensa y una política gubernamental continuada de fomento de las exportaciones de armamento".

En tal sentido, señalan que el análisis de las estadísticas permite concluir que "las exportaciones españolas a lo largo del período estudiado se han ido incrementando sistemáticamente, independientemente del partido que ha ostentado el Gobierno de la nación, ya haya sido el Partido Socialista o el Partido Popular". Con ambas formaciones al frente de La Moncloa, subrayan, "la política de fomentar las exportaciones ha sido la misma y con los mismos resultados".

Respecto a los "principales destinos de las armas españolas", los autores destacan, por un lado, que "las exportaciones dentro de la propia UE tienen un peso muy relevante debido a la participación de la industria española en proyectos de fabricación conjunta de ciertos programas europeos de aviones o misiles".

Los coordinadores de este trabajo apuntan que las ventas de armamento español se producen con mayor incidencia "a aquellos países con niveles de PIB más elevados o que están teniendo un crecimiento continuado en su economía". Destacan en concreto los casos de Oriente Medio y Asia como "las dos regiones más activas en el destino de armas".

"Exportaciones sesgadas"

Del mismo modo, señalan que "dichas exportaciones están sesgadas por criterios geopolíticos", ya que "se vende a aquellos que se les considera aliados occidentales y no se les vende a aquellos países que no son aliados".
En ese contexto, hay otro asunto que también entra en juego: la realidad de los países que compran armamento fabricado en este país. "Las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que el Gobierno español está llevando a cabo una aplicación muy poco rigurosa de la legislación", resaltan.

Apuntan precisamente que las autoridades españolas "no solo aplican la legislación de la forma menos rigurosa posible sino que, en determinados supuestos, puede entenderse que están adoptando decisiones claramente ilegales". Surge entonces el caso de Arabia Saudí, uno de los principales compradores de armas españolas.

"El caso más llamativo tal vez sea la autorización de exportación de armamento a Arabia Saudí, país en el que existe un alto riesgo de que dicho armamento sea utilizado en la guerra de Yemen", afirman. El informe advierte también sobre otros casos de dudosa legalidad que se han registrado durante el periodo analizado: la venta de armas a Libia durante el régimen de Gadafi, así como "las municiones de caza exportadas a Camerún que fueron desviadas a la República Centroafricana y la transferencia de municiones a Ghana".

"Opacidad y secretismo"

El documento subraya otro aspecto clave en este negocio: la falta de información pública sobre este negocio. De hecho, España mantiene vigente un acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en 1987 mediante el que se decretó la confidencialidad absoluta sobre las autorizaciones de venta de armamento, para lo cual se basó en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista. Una ley que hoy, al igual que aquel decreto del Ejecutivo de González, sigue vigente.

"Nos encontramos en un ámbito muy marcado por la opacidad y el secretismo. Las estadísticas oficiales recogen información genérica, pero no permiten saber qué tipo concreto de armamento se está exportando. Además, han sido clasificadas como secreto de estado el contenido de las actas del órgano que decide si se puede autorizar la exportación de material de defensa", apuntan los autores. 

El pasado lunes, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, defendió en la Comisión de Defensa del Congreso el mantenimiento de esa política de secretismo. Entre otros puntos, aludió a la necesidad de proteger los contratos que puedan surgir en el ámbito de la venta de armamento.

Recuerdan además que la política de fomento de las exportaciones "se ha visto salpicada por el escándalo de la empresa pública DEFEX, implicada en una presunta trama de corrupción y pago de comisiones ilegales en contratos de ventas de armas a Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún y Egipto".

"Instrumento de injerencia"

Asimismo, destacan que el comercio de armamento también es utilizado como un "instrumento de política internacional". "Hay países a los que España no exporta armas: Irán, Líbano, Palestina, Siria o Yemen. Las exportaciones también se emplean para favorecer las relaciones diplomáticas, como en el caso de las donaciones a Marruecos en 2008 por el precio simbólico de un euro. Incluso pueden emplearse como un instrumento de injerencia militar; de menor intensidad que el envío de tropas al extranjero y, por tanto, con un menor coste político para el Gobierno", añade. Un negocio, para algunos, muy rentable.