Un error de la maquinaria judicial avisa con antelación a cinco empresas de que iban a ser registradas

MADRID.- Un error de la maquinaria judicial puso sobre aviso, con cuatro días de antelación, del registro que se iba a llevar a cabo en cinco empresas de publicidad, investigadas por supuestos pactos de precios de un total de 77 millones de euros en concursos publicitarios con la Administración del Estado.

La solicitud había sido realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside José María Marín Quemada, la cual está llevando a cabo una investigación para determinar si pactaron precios en sus acuerdos con la Administración.Las empresas que iban a ser registradas eran Media Sapiens Spain S.L., Media by Design Spain, S.A., Carat España S.A.U., Persuade Comunicación, S.A., y Optimedia S.L.U., según informa Confilegal.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, el error se produjo cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Madrid emitió un auto, una “medida cautelarísima”, como es la autorización de entrada en las empresas citadas.

En el mismo, el juez Jesús Torres establecía que tal diligencia la llevara a cabo el Servicio Común de Notificaciones que tienen en la calle Gran Vía, en el centro de Madrid.

Debido a que las direcciones de las citadas compañías se encontraban en un área de la ciudad que controlaba el Servicio de Notificaciones de los Juzgados de Plaza de Castilla, al norte del área metropolitana, se remitió hasta allí el auto, el 19 de mayo pasado.

Era un auto de “autorización judicial de entrada inaudita parte”, es decir, sin informar a la otra parte, en este caso, a las empresas investigadas. La sorpresa debía ser total para poder acceder a los discos duros y las comunicaciones telemáticas.

“Desde este Servicio de Notificaciones debía informarse a la CNMC, como parte demandante, y crear la llamada ‘Comisión Judicial’, compuesta por un secretario judicial o un oficial que levante acta de la entrada en las empresas en ese día”, explican las mismas fuentes judiciales consultadas.

Pero no ocurrió así. En vez de eso, el 20 de mayo ese Servicio de Notificaciones de Plaza de Castilla entregó el auto a las empresas, que se quedaron perplejas por “el aviso” de que iban a ser registradas cuatro días más tarde, el 24 de mayo, en busca de la documentación que pudiera probar que podrían haber pactado precios en concursos publicitarios por 77 millones de euros con la Administración del Estado.

Según ha podido saber Confilegal, lo normal es que, al ser la CNMC un órgano de la Administración, se entregara el mandamiento judicial en mano al abogado el mismo día que se solicitara para los días posteriores.También la CNMC podría haber realizado la inspección sin autorización judicial, por la ley se lo permite, pero podría verse con la negativa de las empresas.

Al ser un caso tan importante, decidieron hacerlo de acuerdo con las garantías más estrictas.

Cuando los hombres de la CNMC llegaron a las compañías citadas, con la Comisión Judicial, se encontraron con todas “las facilidades”.

Las cinco empresas fueron adjudicatarias del llamado Acuerdo Marco para la adopción de tipo del servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, destinados a la materialización de las campañas de publicidad institucional.

Fue un concurso que se enmarcó entre las acciones de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA), nacido en 2012 para racionalizar estructuras, procedimientos y recursos en la Administración.

Las cinco firmas son las responsables, en la actualidad, de comprar espacios en televisión, medios gráficos, radio, Internet, exterior y cine para difundir las campañas de publicidad institucional de la Administración General del Estado.

El conocimiento del error ha creado una gran irritación en la sede de los juzgados de lo Contencioso de la Gran Vía de Madrid.

Las competencias en materia de Justicia sobre los recursos humanos –funcionarios- y materiales corresponden a la Comunidad de Madrid. Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales- dependen del Ministerio de Justicia.

Madrid tiene los órganos judiciales dispersados por la autonomía, después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidara 105 millones de euros en una Ciudad de la Justicia que no se han construido. La colocación de la primera piedra costó 1,6 millones en un acto organizado por empresas de la trama Gürtel.