Hace un mes decayó su propuesta de ley contra el proxenetismo en el Congreso por el voto negativo de sus socios de Gobierno y del Partido Popular. ¿Contaban ustedes con el voto en contra de los populares? ¿Habían negociado con ellos antes?

Estábamos casi convencidos de que podían apoyarla porque en la anterior legislatura también había habido intentos de sacar adelante esta iniciativa como una enmienda y, luego, como una proposición no de ley, pero no fue posible. Creo que hubiera sido muy interesante que el Partido Popular hubiera apoyado la norma por coherencia. Nosotros mantenemos el rumbo, mantenemos la coherencia en nuestras iniciativas y creo que, lamentablemente, el Partido Popular no fue coherente. Se hace muy difícil confiar en un partido que manifiesta una opinión un día y otra opinión el siguiente. 

A mí me decepcionó porque, como digo, teníamos el histórico del apoyo del PP a esa iniciativa y lamentablemente no pudo ser. Buscaremos la fórmula en la legislatura para volver a llevarla al Congreso.

O sea, fue un cambio de opinión de un día para otro. Es decir, sí que contaban con ellos.

Claro, es que era indispensable su posición favorable, tal y como la habían mantenido. Lo extraño fue el cambio de criterio. Ellos habían mantenido su posición favorable a esa modificación del Código Penal. Nosotros contábamos con que se mantuvieran en esa coherencia que finalmente rompieron.

En el marco de la preparación de esta ley, ¿tiene pensado reunirse con las representantes de las personas que están ejerciendo la prostitución, la mayoría mujeres?

Hemos estado con distintas asociaciones que trabajan precisamente en la calle directamente atendiendo, acompañando y rescatando a las supervivientes. Hemos mantenido distintas conversaciones tanto en Madrid como, por ejemplo, en Andalucía, donde también hay asociaciones muy potentes que trabajan con personas que ejercen la prostitución.

Creo que es indispensable hablar con todas las personas implicadas. Es más, yo no entiendo una ley sin hablar con todos los sectores implicados y que, de alguna manera, van a ser depositarios de la ley. Una ley no va a ser eficaz si no hablamos con todos y, de alguna manera, incorporamos esos criterios que tienen que responder a la voluntad mayoritaria, porque gobernamos para la mayoría y legislamos para la mayoría. En ese sentido, vamos a hablar con todos, aunque ya venimos trabajando con algunas asociaciones en este sentido.

La diferencia de postura con sus socios de Gobierno no es tanto por el qué, sino por el cómo. Ellos consideran que la norma puede criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución y que las dejaría desamparadas. ¿Prevén mejorar las condiciones materiales de las personas que ahora mismo ejercen?

Ahora mismo ya hay un plan, el Plan Camino, con recursos del Ministerio, que lo que pretende es acompañar, proteger y dar alternativas a las personas que están ejerciendo la prostitución. Ese Plan Camino se vehiculó a través de las asociaciones que están trabajando in situ, sobre el terreno, con las personas que ejercen la prostitución y las supervivientes. El Plan Camino ha sido pionero y está funcionando correctamente.

En su programa, el PSOE ha incorporado reiteradamente la abolición de la prostitución como un elemento esencial, porque entendemos que una sociedad igualitaria donde se respetan los derechos humanos, los derechos de las mujeres, no puede tener en su seno esta contradicción radical de dominación sobre las mujeres que significa la prostitución.
Por lo tanto, nosotros somos fieles a nuestro ideario, fieles a esa clara convicción de que la prostitución atenta contra los derechos humanos, contra la igualdad y la libertad.

En ese sentido, lo importante es regular adecuadamente y, sobre todo, dar alternativas a todas esas mujeres, porque en el 90% de los casos son mujeres que quieren salir de esa situación y que necesitan, lógicamente, el respaldo, apoyo y acompañamiento para poder salir de una situación absolutamente indeseada.

¿Están evaluando el impacto de las medidas del Plan Camino? ¿Están todos los fondos ejecutados?

Como estamos con presupuesto prorrogado, lo que hemos hecho es prorrogar estas ayudas y esos fondos del Plan Camino este 2024. Esperamos incluso mejorar esos recursos de cara al próximo Presupuesto 2025. Siempre hay una relación cordial y permanente con todas las asociaciones y fundaciones que trabajan in situ sobre el terreno y que son, además, las que desarrollan las distintas actividades de rescate, acompañamiento, incorporación al mundo laboral y recuperación de mujeres que están en una situación a veces muy dramática. Muchas tienen situaciones vitales terribles que lo que necesitan es también recuperarse psicológica y físicamente.

Eso es lo que hacemos con el Plan Camino, dar alternativas laborales para su incorporación y su reinserción completa en la sociedad. Eso es lo que nos interesa, abolir la prostitución y dar alternativas a las mujeres que desean y necesitan salir de esa situación tan terrible.

Teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres migrantes, ¿una propuesta de este tipo no pasa necesariamente por plantear reformas a la ley de extranjería?

Estamos trabajando para dar una solución integral. Es verdad que sin una solución integrada no se puede avanzar. Igualdad es muy transversal, prácticamente en ninguna de las cuestiones que abordamos vamos solo desde el Ministerio, estamos en permanente comunicación con el resto de ministerios, porque muchas de nuestras medidas necesitan, lógicamente, el impacto laboral o necesitan el impacto internacional o la colaboración de otros ministerios para poder llevarlas a cabo. Eso es habitual y, por supuesto, estamos trabajando también con el Ministerio de Inclusión.

¿No puede adelantar nada de lo que están trabajando?

No hay nada avanzado. Estamos trabajando porque hay ahora mismo en ciernes una propuesta de reglamento que probablemente trate también esta cuestión. Desde luego, no podemos avanzarla porque estamos en un momento de negociación con el resto de ministerios.

Estamos viendo cómo en los últimos meses ha aumentado la violencia vicaria. Son ya siete niños y niñas asesinados por sus padres. Usted se refirió hace un tiempo a que podía existir un cambio de comportamiento en los agresores machistas y que el Ministerio debería de hacer un diagnóstico. Es urgente. ¿Tienen ya ese diagnóstico? ¿Se está complejizando la manera de maltratar a las mujeres?

No me atrevería ahora mismo afirmar que hay un cambio de paradigma. Es verdad que se produjeron esos asesinatos vicarios en muy poco tiempo e hicieron saltar todas las alarmas. Recuerdo hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto y nuestra preocupación hizo precisamente que él convocará una reunión del Observatorio contra la Violencia, que era una reunión extraordinaria. En muy poco tiempo, en prácticamente 48 horas, estaba convocada y todos acudimos a esa reunión. Una de las cuestiones que se habló en aquella mesa fue la necesidad de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia, incorporando medidaspara diagnosticar y atajar de alguna manera el problema de la violencia vicaria.

Ahora mismo, afortunadamente, y esta es una muy buena noticia, hay constituida una subcomisión en el Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ya han empezado las comparecencias de los expertos, de especialistas. Creo que es fundamental escucharlos y una de las cuestiones en las que está trabajando también la delegada especial contra la violencia es en materia vicaria. 

Tenemos que ser conscientes de que muchas veces el problema, y eso es lo que nos trasladan los especialistas, es no escuchar al menor. Escuchar al menor en procesos de divorcio, cuando se está tratando de establecer un régimen de visitas o un régimen de custodia o patria potestad es esencial. Además, dependiendo de la edad del menor, hay que escucharle por especialistas que puedan trasladar a ideas adultas lo que un niño de corta edad está expresando. Esa es una cuestión absolutamente esencial, la sensibilidad hacia ese menor que está sufriendo o que ha visto violencia en casa y que, evidentemente, va a seguir sufriendo si se mantienen determinadas relaciones con el padre maltratador.

Por eso, siempre digo que un maltratador nunca es un buen padre. El que ha maltratado a su mujer, a la madre de sus hijos, probablemente maltrate también a los niños. Por eso hay que ser especialmente sensible, estar muy pendientes de los menores y ser conscientes de lo que acabo de comentar, de que un maltratador no es un buen padre.

Habla de la Comisión en el Congreso para renovar el pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cuándo cree usted que se puede dar esta renovación?

A lo largo del presente año. Creo que a lo largo del 2024 podremos tener un Pacto de Estado renovado con medidas adicionales que nos permitan adaptarnos a las circunstancias y a todas estas nuevas formas de violencia. Nos preocupa especialmente la violencia online, la violencia en redes sociales que están sufriendo muchos menores y muchos jóvenes. Por lo tanto, es cierto que la violencia va cambiando y que muta, tenemos que estar a la altura de dar respuesta a esos cambios. Siempre son violencias, pero van cambiando las formulaciones: dónde se produce, en qué ámbitos, cómo llega ahora la violencia.

En una subcomisión de estas características es muy importante escuchar a los especialistas, tomar buena nota de lo que dicen los expertos, tanto a nivel psicológico, judicial, jurídico... De forma muy transversal. Una vez que ellos hayan expuesto sus opiniones y sus recomendaciones, todo eso se recogerá en un documento que actualizará el Pacto de Estado. Siendo razonablemente optimista creo que a lo largo de este año puede estar.

Ya tenemos un marco legislativo para combatir la violencia machista, pero muchas veces al aplicarlo se cometen errores. El hecho que mecionaba de mantener el régimen de visitas con menores con padres condenados o no conceder determinadas órdenes de alejamiento. ¿Cómo se deben corregir esas grietas? ¿Cree que falta formación en perspectiva de género en la judicatura?

Creo que nunca es suficiente esa formación en perspectiva de género. Estamos tomando medidas para implementarla. Con el Consejo General del Poder Judicial hemos tenido varias reuniones y ellos, desde luego, están haciendo un esfuerzo por formar tanto a jueces como a fiscales o secretarios, es decir, a todo el colectivo que trabaja en la justicia para que esa perspectiva de género no falte. También en la Policía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay que redoblar esfuerzos en esa formación y desde el Ministerio estamos implementando los recursos para que esa formación llegue a todos y que sea actualizada también.

A veces, nos encontramos con algunas resistencias y, otras veces, yo hablo del machismo como una cultura en la que nos hemos criado, en la que llevamos muchos años creciendo. En España, desde la ley de 2004 hasta hoy hemos dado pasos muy importantes contra la violencia de género y las violencias machistas, pero estamos hablando de veinte años. Veinte años en un Historia de una cultura milenaria como es la española, como es prácticamente la de todos los países, porque el machismo, lamentablemente, es la gran globalización cultural, es muy difícil luchar contra ello.

Puedes encontrarte con atavismos, puedes encontrarte con rechazo o, incluso, con determinadas adherencias ideológicas machistas que es difícil de superar. Hay que seguir insistiendo porque el machismo hace daño a la sociedad y hace daño a quien lo practica. Se reduce su capacidad de entender el mundo y, desde luego, podría acabar en conductas violentas y absolutamente negativas para todo el entorno y fundamentalmente para las mujeres. Hay que seguir insistiendo en formación porque nunca es suficiente.

Como decía, ahora mismo este Gobierno no cuenta con unos Presupuestos aprobados. ¿Cómo afecta eso al Ministerio de Igualdad?

Afortunadamente, tenemos los Presupuestos prorrogados de 2023, que eran expansivos. Se incrementaron los presupuestos de una forma muy importante, por ejemplo, para la lucha contra la violencia de género o el Plan Corresponsables, unos 190 millones de euros para seguir avanzando en corresponsabilidad a nivel de toda España. Las comunidades autónomas y ayuntamientos han participado y participan en este importante plan que lo que pretende es ir reduciendo las brechas de género en el ámbito fundamentalmente laboral.

Son unos Presupuestos muy expansivos con respecto a años anteriores y esperamos que los de 2025 sean aún más interesantes desde el punto de vista de que nos permitan realizar más trabajo, más proyectos y, por supuesto, profundizar en algunas de las propuestas que ya están encaminadas. 

¿Cómo convencería a sus socios parlamentarios de que hay que aprobar unos nuevos Presupuestos desde un punto de vista feminista? 

Todos los recursos son escasos por principio, hay tantas necesidades que necesitamos tener unos recursos adaptados precisamente a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a las nuevas exigencias y también ser conscientes de que todo cambia, todo sube. Y, por supuesto, los Presupuestos tienen también que implementarse en políticas de igualdad.

Evidentemente, todas las administraciones tienen que participar. Es decir, que aquí también quiero pedir la corresponsabilidad de las administraciones, porque en muchos de los programas prácticamente somos financiadores netos y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno de España, pero necesitamos la corresponsabilidad en igualdad. La corresponsabilidad presupuestaria de comunidades autónomas y ayuntamientos. 

Mucho me temo que, en algunas comunidades autónomas donde están gobernando Vox con el PP y cada vez más mimetizados en las políticas, y en muchos municipios donde también gobiernan conjuntamente, la reducción de los presupuestos ya se ha visto. En políticas de igualdad ya se ha producido un recorte muy importante en planes que no salen adelante, en propuestas que se quedan en el tintero, en apoyar, e implementar programas del Gobierno de España, como todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género o, por ejemplo, con el Plan Corresponsables.

En 2025 tenemos que ser mucho más exigentes con todas las administraciones que tienen que complementar, es decir, que tienen que incorporar presupuesto propio para sacar adelante todos esos proyectos que son imprescindibles. Aquí nos vamos a encontrar con una dificultad porque este año ha sido un año de enormes retrocesos en materia de igualdad, de apoyo a la diversidad y en materia también presupuestaria para mantener determinados programas que, en este momento, se están manteniendo sólo y neta y exclusivamente por el presupuesto del Gobierno de España. Y eso es muy lamentable. Vamos a exigir más corresponsabilidad en todos estos asuntos.

De hecho, existe una ola reaccionaria a nivel mundial que alienta el antifeminismo. Es una postura que, aunque está asentada en hombres de mediana edad de derechas, también crece preocupantemente en los jóvenes. ¿Cree que el Ministerio Igualdad debería trabajar en políticas públicas orientadas a nuevas masculinidades? ¿Podría ser esta una solución?

He dado muchas vueltas, por ejemplo, a los datos del CIS o a diversos estudios, por ejemplo, de la Federación de Mujeres Jóvenes sobre cómo impacta el machismo en las redes sociales y cómo afecta fundamentalmente a los hombres jóvenes. Creo que, lamentablemente, perdimos una oportunidad con la Educación para la Ciudadanía y que ahora estamos viendo 20 años después, aquella asignatura que tanto peleó el Gobierno socialista para que se mantuviera en los planes de estudio y que establecía precisamente el respeto a la diversidad y a la igualdad, el formarnos en los valores democráticos, de igualdad y de libertad. Ese es un elemento fundamental que hoy, de alguna manera, también está explicando esta situación. Por supuesto, no es lo único, pero sí es muy importante porque ha habido una generación que no se ha formado convenientemente.

Falta también formación en educación afectivo sexual y nos la demandan asociaciones jóvenes y también algunos centros escolares. Tenemos que ser conscientes de que es una realidad que se mueve fundamentalmente a través de las redes sociales, donde parece que estamos muy conectados, pero en definitiva se produce ese aislamiento de uno con sus prejuicios que se retroalimentan. Eso genera también una toxicidad en determinados grupos y en determinados colectivos, romper eso es complicadísimo. Es muy difícil porque entra también un componente de libertad, de libertad de acceso. 

En ese sentido, desde el Ministerio, conjuntamente con Infancia y Juventud, también con en el Ministerio de Innovación, trabajamos en una ley que va a ser importantísima, de protección de los menores frente a las tecnologías y frente a estas plataformas que fundamentalmente están generando una determinada forma de ver la sexualidad.

También adictos a la pornografía. Estamos viendo que hay una franja de edad, entre los ocho años, que se conectan ya con este tipo de contenidos, hasta los treinta, en lo que se está produciendo un gran porcentaje de adicción a la pornografía. Realmente preocupante. Con una pornografía, además, que no es igualitaria en absoluto, porque lo que está mostrando es el cuerpo de las mujeres y a las mujeres como objeto de consumo sexual.

Ahí hay una violencia realmente muy preocupante que luego está generando otro tipo de comportamientos. Por lo tanto, estamos trabajando y colaborando para que esa ley de protección del menor frente a la pornografía sea una ley que cuanto antes pueda entrar en vigor. Y también estamos colaborando con un grupo de trabajo, un grupo de expertos que está analizando precisamente todas estas nuevas realidades que tenemos que conocer, tenemos que diagnosticar y también tenemos que poner remedio para que no avancen. Es realmente un reto titánico, pero yo creo que estamos avanzando en la buena dirección, desde la transversalidad y con la colaboración de otros ministerios que están también observando la realidad desde otras perspectivas y contribuyendo a que tengamos una regulación mucho más protectora de los menores en esos ámbitos.

La persecución del derecho al aborto también es una cuestión internacional. Está pasando en Italia, en Estados Unidos... Pero también en España, donde hay comunidades autónomas que se escudan en que sus médicos son objetores de conciencia para no practicarlos. ¿Cómo va a garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres?

Afortunadamente, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente que avala la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su totalidad. Considera constitucional la penalización de los escraches y que las menores de 16 años tienen ese derecho sin necesidad de contar con el aval de sus padres. Eso es una muy buena sentencia que lo que nos indica es que la ley española es una muy buena ley. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de implementarla y de desarrollar la convenientemente.

Como en todos los casos en los que se produce un conflicto de derechos, hay que ponderar lógicamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la libertad de las mujeres y el respeto a su dignidad sobre sí mismas. Y, por otro lado, también la objeción de conciencia de los profesionales. Hay que ponderar esos derechos que están en liza desde el principio de proporcionalidad que implica que el derecho a la objeción hay que hacerlo compatible con que el derecho de las mujeres también se pueda ejercer. Además, con la dificultad de que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas.

Por lo tanto, el Ministerio lo que está haciendo es trabajar para asegurar que todas las mujeres pueden ejercer su derecho en cualquier lugar del territorio español. Estamos trabajando también con el Ministerio de Sanidad para garantizar que esto es así. Y a mí me consta que las comunidades autónomas también están trabajando en esta misma dirección, siendo conscientes de que efectivamente hay que ponderar los derechos y que la dificultad radica ahí, sabiendo que prima el derecho de las mujeres, la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo, porque se tiene que garantizar en todo el territorio español.

Hay una cuestión también preocupante para la que quedan pocos meses de acción, los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual. Ahora mismo, en España sólo tenemos diez en funcionamiento de los 52 previstos. Ha habido dos prórrogas a las comunidades autónomas para tenerlos listos y la fecha tope es dentro de seis meses, a finales de año. ¿Los tendremos? 

Yo espero tenerlos. Es más, estamos haciendo un recorrido por comunidades autónomas precisamente para visitar los centros que ya están abiertos o que están en proceso de apertura inmediata. Esta semana estuvimos en Guadalajara viendo que lo que resta, en ese centro es la dotación mobiliaria pero ya está prácticamente. Hemos estado en Bilbao, en Pamplona… Estamos haciendo un recorrido por comunidades autónomas y yo creo que, en general, van bien.

Es verdad que ha habido problemas administrativos, sobre todo, porque se han licitado para la compra de edificios con este fin en algunas comunidades autónomas donde se han quedado desiertas esas licitaciones. Quizá porque las exigencias eran excesivas y no era fácil encontrar esos lugares en los que poder ubicar el centro de crisis. Pero con esa insistencia que desde el Ministerio estamos realizando y con esa, si me lo permitís, presión que estamos ejerciendo sobre las comunidades autónomas, creo que todas van a tenerlos. 

¿Qué comunidad autónoma puede permitirse decir a sus ciudadanas que no tienen el centro y que, por lo tanto, no están al mismo nivel en desarrollo de recursos que el resto de sus compatriotas? Yo creo que para cualquier comunidad autónoma sería un demérito y sería una responsabilidad que tendrían que asumir y dar explicaciones si a finales de año no está ese centro porque tienen recursos. Los recursos son, además, de los fondos Next Generation. Tenemos ahora la obligación con Europa de ir superando esos hitos y yo estoy convencida de que al final de año prácticamente la totalidad estarán abiertos porque es muy difícil explicar que no se ha hecho todo lo posible para que esos recursos estén a disposición de las mujeres en el territorio.

Este jueves han presentado la campaña del Ministerio para el orgullo LGTBI+, ¿cuáles son las medidas que va a tomar en este primer Orgullo como Ministra?

Estamos muy ilusionados con la campaña 'Orgullosamente libres'. Resume muy bien el respeto a la colectividad, a las personas trans y LGTBI+, y lo que hemos hecho es defender la ley. Es una buena ley. Hemos defendido la ley allí donde se ha cuestionado y, en ese sentido, vamos a seguir defendiendo la ley trans y LGTBI+. Por supuesto, intentando también desarrollar algunas medidas que pueden en este momento ser necesarias. Pero fundamentalmente, creo que de lo que se trata es de trasladarle a las personas trans, a las personas LGTBI+, todo el respeto del Gobierno de España y la defensa de sus derechos en igualdad absoluta de condiciones.

Respetamos la igualdad en libertad y creo que lo hemos demostrado. Yo me he manifestado en la calle precisamente contra los recortes y las limitaciones de las leyes de Madrid de Isabel Díaz Ayuso que, como sabéis, derogan buena parte las leyes que ya había aprobado el propio Partido Popular en época de Cristina Cifuentes y que no habían dado ningún problema en diez años. Ayuso ha querido recortar esos derechos y me parece intolerable.

¿Lo van a llevar ante el Tribunal Constitucional (el recorte de derechos por parte de la Comunidad de Madrid)?

Estamos valorándolo y hemos abierto una ventana de negociación pero hace relativamente poco tiempo me reuní con la consejera y creo que hay determinados elementos irreconciliables. En cuanto, por ejemplo, la patologización de las personas trans, ese elemento es claramente irreconciliable. Hay dos posiciones claramente contrapuestas. Nosotros defendemos la libertad de las personas trans, la libertad con mayúsculas, y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no defiende la libertad de las personas trans. Defienden otra libertad, no sé si es la de tomar cañas o la de tomar vinos pero, desde luego, no es la libertad de asumir una decisión vital y un proyecto vital tan radical y esencial como es el de decidir transicionar.

La ley es muy clara, es una buena ley. Es una ley que ha permitido que más de cinco mil personas, en torno a 5.200, hayan transicionado, hayan visto que su vida mejora, que se resuelven sus problemas y que su proyecto de vida continúa en igualdad con el resto de la ciudadanía. Estoy satisfecha. Creo que hay que defender la ley y es lo que hemos hecho, defender la ley.

¿Cómo casa esto con la continuidad de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres? Una persona que se ha manifestado en bastantes ocasiones contra esta ley trans, incluso contra la propia existencia de las personas trans...

Creo que no es así, sinceramente.

Están ahí los vídeos, los documentos, los tuits...

He hablado mucho con Isabel y, desde luego, no es contraria en absoluto a la ley. Ella hizo algunos comentarios en las redes sociales y creo que también se la interpretó excesivamente desde una óptica de confrontación, que en absoluto ella ha propiciado. Lo que sí que considero es que es una mujer que trabaja por la igualdad cada día y en el Instituto, la verdad, se ha visto un despliegue de actividad, de proyectos, también de recursos muy importante. Siempre digo lo mismo. Esto es un equipo y el equipo defiende la ley y el que no esté defendiendo la ley no tiene cabida en este Ministerio y en este equipo.

En la ley trans estatal quedó por profundizar en los derechos de las personas trans migrantes y también de las personas no binarias. Sé que no está dentro de sus prioridades, como ya ha dicho, legislar para su reconocimiento, pero teniendo en cuenta que éste es el mes del Orgullo. ¿Qué pueden esperar entonces de este Ministerio?

Pueden esperar todo el respeto, toda la comprensión, todo el acompañamiento, todo el diálogo que ofrecemos cada día. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con las asociaciones que defienden y representan a las personas trans y a los derechos de las personas trans y LGTBI+. Sabemos que en materia, sobre todo, de reconocimiento registral de la transición para las personas inmigrantes, tenemos un déficit. Estamos trabajando para que se supere. Ese para mí también es un compromiso. Creo que podemos trabajar en esa dirección y ser ambiciosos para reconocer a las personas inmigrantes el mismo derecho en vía registral. Vamos a avanzar en desarrollar, por supuesto, la ley trans y la ley que reconoce los derechos de las personas LGTBI+.

Es verdad que la casilla del no binarismo no está tampoco entre los acuerdos con Sumar, los acuerdos de Gobierno. He respondido también a un par de preguntas en el Parlamento sobre este asunto, pero puede llegar el momento. Quiero decir que en este momento no es nuestra prioridad. Tenemos muchísimos frentes abiertos y con necesidad de avanzar ágilmente en temas como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Quiero también poner en valor que es una muy buena noticia que se haya constituido la subcomisión en el Congreso para luchar contra los discursos de odio hacia las personas vulnerables. Esa es una petición directa de las asociaciones y de las personas que nos hicieron llegar la necesidad de frenar los discursos y delitos de odio que se propagan por las redes y los medios de comunicación. Hemos asumido completamente ese pacto social que se produjo hace un año y vamos a intentar que se produzca también ese acuerdo de país para erradicar los discursos de odio de nuestra sociedad. Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer.

Tenemos leyes por delante muy importantes. La Ley de Paridad y de presencia equilibrada de mujeres y hombres ya está en fase de comisión. Espero que en breve podamos aprobarla y estar orgullosos de que España nuevamente será pionera y de estar a la vanguardia en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. También tenemos la Ley de Trata, que ha pasado por una primera lectura en el Consejo de Ministros, pero aún tiene mucho recorrido por delante. Tenemos mucho que hacer y estoy convencida de que, paso a paso, vamos a ir avanzando.