En primer lugar, nos gustaría saber si ha podido hablar con Julian Assange desde su liberación. Hemos visto que no ha declarado al llegar a Sidney (Australia) ¿Cómo está? ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones al salir de Belmarsh?

Sí, al salir de la prisión y mientras se encontraba en tránsito hacia las Islas Marianas chateamos brevemente. Evidentemente, no es momento para disquisiciones jurídicas, sino de enviarle un gran abrazo por esta larguísima batalla judicial de más de una década, y de reconfortarnos por verle en libertad junto a su familia. Singularmente emocionada encontré a Stella Assange, con la que hablé mientras esperaba en Australia a Julian Assange, porque se iba a encontrar por primera vez con él siendo un hombre libre después de 14 años.

El acuerdo se ha ratificado en las Islas Marianas del Norte, sometida a la jurisdicción de Estados Unidos, pero lejos de su territorio continental. Varios medios han explicado que esto podría deberse a la desconfianza de Assange a pisar el continente americano ¿sigue existiendo riesgo de que sea detenido?

El acuerdo suscrito con el Departamento de Justicia norteamericano reflejaba, expresamente, que debía ser ratificado ante la autoridad judicial de las Islas Marianas. Evidentemente, ese acuerdo tenía que ser presentado ante la autoridad judicial para que se cerrara el caso. Hacerlo en esa jurisdicción de ultramar, cercana a Australia, país natal de Julian Assange y hacía donde se dirigiría, era la fórmula más viable para que la causa se cerrara con una ratificación judicial.

En la actualidad contra Julian Assange no pesa ninguna orden de detención o solicitud de extradición, toda vez que la causa que estaba abierta en el Distrito Este de Virginia ha quedado cerrada con este acuerdo debidamente ratificado judicialmente. Por lo tanto, Julian Assange es, por primera vez en casi 14 años, un hombre libre.

En marzo, el Wall Street Journal anunció que el Departamento de Justicia estadounidense estaba barajando llegar a un acuerdo con Julian Assange para reducir su pena a cambio de que admitiera su culpabilidad. ¿Cuáles cree que han sido las razones de EEUU para aceptar este pacto? ¿En qué beneficia a la Administración Biden?

Es necesario recordar que la administración norteamericana de Barack Obama jamás formuló cargos contra Julian Assange. De hecho, autoridades de esa administración han reconocido que consideraban que acusar a Julian Assange chocaba frontalmente con la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y su brazo mediático, la libertad de prensa. Sin embargo, posteriormente, ya bajo la administración de Donald Trump, muy agresiva contra la prensa, se formularon 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcaban bajo la Ley de Espionaje de 1917, una norma estadounidense anacrónica, dispuesta en la Primera Guerra Mundial para perseguir a espías, y que no registraba precedentes de aplicación contra un periodista. Finalmente, la actual administración de Joe Biden heredó este sensible caso que sin duda dañaba a nivel internacional la imagen de Estados Unidos.

Sin embargo, es necesario recordar que hasta recientemente la administración norteamericana estuvo impulsando la extradición y efectiva entrega de Julian Assange, en todas las instancias judiciales de Reino Unido, incluyendo la entrega pocas semanas atrás de garantías diplomáticas que buscaban desbloquear judicialmente el caso para que Julian Assange pudiera ser llevado a Estados Unidos.

Pero lo cierto es que en los últimos meses la presión internacional ha sido enorme, y sin duda este elemento ha sido determinante. Creo que no hay una esquina del mundo donde no se haya creado un movimiento ciudadano de "Free Assange". A ello se une que la práctica totalidad de la estructura institucional de protección de derechos humanos a nivel internacional se había posicionado contra la extradición, incluyendo a los organismos de Naciones Unidas.

Además, organizaciones no gubernamentales de marcada relevancia, como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, venían desplegando una enorme campaña en contra de la extradición. E incluso mandatarios internacionales se dirigían personalmente a la administración norteamericana para solicitar el fin de esta causa, como por ejemplo, entre otros, el caso de Andrés Manuel López Obrador o Lula Da Silva. Con toda esta presión internacional la causa se había vuelto insostenible para Estados Unidos.

¿Cuál ha sido el papel de Reino Unido en esta negociación?

Las autoridades de Reino Unido se encontraban dilucidando si procedía la extradición. La situación procesal en Reino Unido ya discurría por las últimas instancias judiciales, en concreto, ante la High Court, que tenía que celebrar una vista que pivotaba en torno a si Julian Assange estaría o no protegido por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana de ser entregado. Una vista cuyo contenido era fundamental para cuestiones relativas a la libertad de prensa en el mundo.

Sin embargo, al constatarse la existencia de un acuerdo entre el Departamento de Justicia y Julian Assange, las autoridades judiciales británicas procedieron a acordar su libertad provisional para que pudiera desplazarse a la jurisdicción norteamericana a ratificar ese acuerdo en sede judicial. Es decir, si las dos partes están de acuerdo, sólo procedía que Reino Unido aprobara la libertad provisional para que se pudiera ratificar ese acuerdo frente a la autoridad judicial norteamericana.

Tras acordarse su libertad provisional por la justicia británica, se dispuso su viaje junto a los abogados Barry Pollack y Jennifer Robinson, y el embajador australiano, desde el aeropuerto británico de Stanted a las Islas Marianas, haciendo una parada técnica en Bangkok para repostar.

De esa forma se triangulaba diplomáticamente entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia la formalización ante la autoridad judicial de ese acuerdo que ponía fin a un verdadero calvario judicial de casi 14 años de duración.

En el último año hemos visto que se han intensificado las presiones internacionales en pro de la liberación de Assange, especialmente por parte del Gobierno de Australia ¿Cómo de importante ha sido esta mediación para lograr la salida de prisión del fundador de Wikileaks?

La presión internacional ha sido un elemento fundamental de esta causa. De hecho, creo que se puede extraer una conclusión de este caso, y es que la presión internacional es una poderosa herramienta capaz de doblegar cualquier situación, incluyendo complejos escenarios como el que enfrentaba Julian Assange.

¿Cuál ha sido el punto más duro de la negociación con EEUU? ¿Qué cuestiones han quedado fuera?

Desconozco esos términos.

Para muchos, la liberación de Assange ha sido un triunfo, no sólo para el afectado y su familia, sino también para la lucha por el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, el australiano ha tenido que declararse culpable de haber violado la Ley de Espionaje de EEUU. Tal y como argumentó su defensa en varias ocasiones, esto podría crear un peligroso precedente para dichas libertades ¿Podría usar la Justicia estadounidense, a partir de ahora, el caso de Assange para coartar este derecho?

Es necesario recordar que contra Julian Assange pesaba una durísima e injusta acusación de 18 cargos, 17 de los cuales se encontraban bajo la referida Ley de Espionaje de 1917. Por esos cargos enfrentaba una potencial pena de 175 años de cárcel, es decir, una pena de por vida en términos efectivos. Sin embargo, el desbloqueo y cierre de esta causa se centra en la asunción de un solo cargo penal que se conmuta con el tiempo cumplido en régimen de prisión provisional en Reino Unido.

La situación de salud de Julian Assange era ya muy sensible. Llevaba privado de libertad casi 14 años en diversas fórmulas desde que fuera detenido en 2010. Pasó por una prisión provisional tras su primera detención, un arresto domiciliario en Norfolk con una tobillera de geolocalización, una situación infrahumana por casi 7 años dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, y, por último, un durísimo régimen penitenciario en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh, conocida nada menos que como la Guantánamo británica.

Este largo proceso judicial se había convertido ya de facto en una condena para Julian Assange, con unos daños enormes a su salud. Es más, el Relator de la ONU contra la Tortura emitió informes muy contundentes, tras visitarle con médicos especializados en tortura, alertando sobre su delicado estado de salud. Por lo tanto, era necesario parar este caso, y el acuerdo alcanzado bajo ningún concepto desdibuja la figura del que es, sin duda, el periodista más laureado de todos los tiempos.

Sin embargo, es cierto que este proceso judicial en sí mismo, al margen incluso del acuerdo alcanzado, nos debe hacer llegar a una conclusión, y es que la libertad de prensa no es un derecho consagrado en el mundo, sino que es necesario seguir peleando y luchando para garantizarlo. Los periodistas no pueden ser perseguidos como espías cuando publiquen información incómoda para los gobiernos. Esto debe llevar a una reflexión interna en Estados Unidos en torno a la Primera Enmienda y la Ley de Espionaje de 1917, ya que se evidencian, y creo que todos estamos de acuerdo, graves distorsiones en torno a la libertad de prensa y la acción penal de las autoridades de Estados Unidos sobre la base de esa Ley de Espionaje.

Stella Assange, abogada y esposa de Assange, comentó que iba solicitar el indulto para su marido ¿Es este el siguiente paso? ¿Qué resultado podemos esperar de este nuevo proceso?

Ciertamente Stella Assange ha anunciado esa acción. Y evidentemente sería procedente que la administración norteamericana la otorgara. De esta forma, el peligroso precedente que esta causa puede sentar para la libertad de prensa, y principalmente para los periodistas de investigación del mundo, quedaría en parte mitigado por esa concesión presidencial.

De lo contrario, se habría abierto una senda muy peligrosa para que cualquier periodista del mundo pueda ser considerado un espía cuando publique información veraz, incluso información que acredita la comisión de graves crímenes, como los crímenes de guerra que publicó WikiLeaks. Y ese es un escenario que atenta directamente contra principios fundamentales de la democracia, como la obligación de los gobernantes de rendir cuentas de sus acciones en forma transparente y abierta ante los ciudadanos.