El Sindicato de Trabajadoras Sexuales OTRAS ha presentado este miércoles su propuesta de ley orgánica para "la despenalización del trabajo sexual". La norma, inspirada en el modelo neozelandés, busca establecer un marco jurídico de garantía de derechos y seguridad para las personas que ejercen la prostitución.

Mónica Martín, la secretaria general del sindicato, ha explicado en rueda de prensa que se trata de una "primera piedra sobre la que construir nuestros derechos". La intención es que los grupos parlamentarios puedan recoger sus demandas. "Siempre nos preguntan qué queréis y cómo lo queréis, pues aquí está", ha dicho Martín.

Su propuesta plantea despenalizar la prostitución y encontrar soluciones a los problemas que sufren las mujeres que ejercen como, por ejemplo, las dificultades para encontrar vivienda de alquiler derivadas de no tener contrato laboral, la inexistencia de contribuciones a la Seguridad Social que les pueda dotar de una jubilación en el futuro o la ausencia de condiciones laborales que permitan garantizar los descansos y las bajas médicas.

También abogan por contratos laborales que pongan su consentimiento en el centro y por los que se pueda especificar la conformidad para cada práctica sexual. Según Belén García, secretaria de acción sindical, esto pasa por "establecer el trabajo sexual como una relación laboral especial. Esto no es nuevo; el Estatuto de los Trabajadores ya contempla casos similares, como el servicio doméstico y los deportistas de élite. Con esta medida, el tema del consentimiento se resolvería, ya que en el Código Penal actual nuestro consentimiento es irrelevante. Este consentimiento será específico para cada servicio sexual", ha explicado García.

Una ley elaborada por las propias implicadas

El proyecto ha pasado por tres fases de trabajo. Primero, se ha consultado por sus necesidades específicas a las personas que ejercen en la calle, en los pisos, en los clubs y también a las creadoras de contenido sexual, tanto en plataformas como en la pornografía. Segundo, el sindicato ha hecho un estudio del ordenamiento jurídico español "para ver cómo se está tratando el trabajo sexual en nuestro país". Y en una tercera fase se han debatido las propuestas a incluir en el texto entre las miembros de la organización.

Las sindicalistas se han mostrado ilusionadas ante una propuesta legislativa que "no viene ni de partidos ni de instituciones y que es el resultado de una iniciativa proderechos y antipunitivista que busca dar soluciones a las dificultades que tienen las trabajadoras sexuales ante la falta de reconocimiento de que el trabajo sexual es un trabajo".

Mujeres migrantes y estigma social

"En este proyecto están representadas todas las realidades", ha referido la secretaria de organización del sindicato, Irene Adán. La propuesta reconoce el trabajo sexual como una actividad legal y legítima, permitiendo a las trabajadoras sexuales migrantes acceder a mecanismos de regulación.

Como punto importante, destacan la necesidad de seguir trabajando para la derogación de la ley de extranjería. Una clave en cuanto a la regulación de la prostitución ya que la mayoría de mujeres que ejercen son migrantes, según los datos aportados por varias organizaciones. Entre ellas, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en su último informe destaca las problemáticas que sufren las mujeres en situación irregular que ejercen la prostitución en nuestro país.

Por otro lado, la propuesta aborda el estigma social que afecta a las mujeres que ejercen y que consideran una "de sus mayores barreras". Estigma al que se enfrentan en la sanidad, al buscar vivienda o con la propia Policía. "¿Si se considera que el trabajo sexual es en sí mismo una violación, ¿cómo pueden denunciar las mujeres que ejercen estas violaciones? Por eso usamos el término "trabajo sexual", para visibilizar las violencias que enfrentan", explica Adán.

Derogar la normativa que castiga la prostitución

Tigra, secretaria de Migraciones del sindicato, ha explicado que el texto pasa necesariamente por reconocer "la licitud del ejercicio de la actividad sexual remunerada". En ese sentido, desde el sindicato abogan por derogar varios artículos de distintas leyes. Como punto imprescindible para conseguirlo, plantean revocar el artículo 187.1 del Código Penal, que impone multas y penas de cárcel para aquellos que se lucran de la explotación sexual de terceras aún cuando cuenten con su consentimiento.

Por otro lado, proponen incluir el "trabajo sexual asalariado" dentro del derecho del trabajo y de la Seguridad Social, y anular los apartados 56 y 11 del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre la desobediencia a la autoridad. También quieren derogar el artículo 11 de la ley del solo sí es sí, que prohíbe la publicidad de la prostitución.

En las antípodas del abolicionismo del PSOE

La de OTRAS es una propuesta radicalmente distinta a la línea en la que trabaja el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. Hace poco más de un mes, el PSOE llevó al Congreso su propuesta contra el proxenetismo con varios puntos enmarcados en el Código Penal. La norma decayó por el voto en contra del PP y los socios de Gobierno.

La ley socialista buscaba "prohibir el proxenetismo en todas sus formas" y lo hacía en tres puntos clave: considerar víctima de delito a la persona que se prostituye, establecer multas y cárcel para proxenetas y clientes, y recuperar la tercería locativa para quien, "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento".

En cuanto al primer punto, el Partido Socialista defiende ampliar el foco a cualquier persona que ejerza la prostitución para considerarla víctima de un delito. OTRAS, por su parte, apuesta por una distinción clara entre prostitución y trata, donde la trata es un delito en todas sus formas (con fines de explotación sexual, laboral, etcétera).

En este sentido, según Médicos del Mundo España en 2022, "de las 9.469 mujeres atendidas que ejercían la prostitución, se identificó a 138 como presuntas víctimas de trata, lo que representa aproximadamente un 1,45%". En otro estudio realizado en 2021, 9.899 personas recibieron atención de APRAMP y "se identificaron 1.189 mujeres y niñas como posibles víctimas de trata" (un 12%) en sus centros de acogida.

A partir de aquí, y con la propuesta de OTRAS sobre la mesa, empezarán una ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios. Su intención es que su iniciativa se tome en consideración en una futura negociación. La ministra de Igualdad aseguró este domingo en una entrevista con Público que no entendía "una ley sin hablar con todos los sectores implicados". Un diálogo que el ministerio podría recuperar de cara a una nueva norma. Sin embargo, las posiciones de la institución y del sindicato parecen discurrir en caminos marcadamente opuestos.