En 2015, el catedrático Enrique Arnaldo fue nombrado director del nuevo máster de acceso a la profesión de procurador de los tribunales que comenzaba a impartirse en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Un centro público salpicado por escándalos relacionados con el PP, como el caso máster de Cristina Cifuentes, por el que fueron condenadas dos profesoras del centro por falsificar las actas del Trabajo de Fin de Máster de la expresidenta madrileña.

La dirección de aquel máster era un goloso pastel en cuanto a la libertad de la que gozaba el director para contratar como profesor a quien quisiera, salvo por las limitaciones que marca la ley para ese máster concreto. El artículo 13 del reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales indica claramente que "el personal docente de todos los cursos de formación debe tener una composición equilibrada entre abogados o procuradores, según el caso [es decir, según sea el máster para Abogacía o para Procura], y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento".

El mismo artículo establece que los procuradores que integren el personal docente del máster de acceso a la Procura deberán serlo en ejercicio al menos desde tres años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual estable con una universidad. 

Salvo estas limitaciones marcadas por la ley, el poder de Arnaldo como director del máster de la URJC era prácticamente absoluto. Sin embargo, al menos en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 Enrique Arnaldo no siguió exactamente las instrucciones establecidas en la Ley 34/2006. Para empezar contrató a su propio hijo, Enrique Arnaldo Benzo, abogado especializado en Derecho Deportivo en el curso 2017-2018 como parte del profesorado de dos asignaturas: 'Métodos alternativos de solución de conflictos. Especial referencia a la Medicación y el Arbitraje' y 'Postulación procesal y los Registros Públicos. Especial referencia al Derecho Registral Inmobiliario'. 

Arnaldo Benzo no reunía las condiciones exigidas en el reglamento sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, en este caso, el máster de acceso a la profesión de procurador, por no ser ni procurador en ejercicio ni profesor universitario con contrato estable en una universidad. Los honorarios percibidos ascendieron a 100 euros por hora, según ha podido comprobar Público, y el número de alumnos aquel curso fueron 26, dos más que el curso anterior.

Este medio ha podido acceder al listado de profesores y al resto de documentación oficial referida a aquel máster dirigido por Enrique Arnaldo, que este jueves recibirá previsiblemente el aval del Congreso para convertirse en nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, en medio de la polémica por ser su perfil aparentemente poco idóneo por su falta de apariencia de imparcialidad. Arnaldo está ligado a casos de corrupción del PP, además de haber sido un habitual conferenciante de la Fundación FAES, liderada por José María Aznar. 

La información sobre el profesorado de aquel máster se mantenía bien oculta hasta que el Consejo de Transparencia ordenó, en noviembre de 2018, a la Universidad Rey Juan Carlos que se la facilitara a un abogado que la había solicitado y que se había encontrado con la injustificada negativa de la universidad pública. En el listado figuran jueces, notarios y abogados que no deberían haber sido contratados por no ajustarse su perfil al que impone la ley para este máster concreto. 

Maniobras en la Fiscalía General del Estado

Entre los nombres de los profesores contratados, según la documentación de la URJC, destaca el del abogado José Manuel Maza Muriel, hijo del ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, que falleció en noviembre de 2017. Maza Muriel había cursado un máster en Arbitraje y con esas credenciales fue presentado a los alumnos del  2016-2017. Curiosamente esa contratación coincidió en el tiempo con la conversación telefónica que mantuvieron Arnaldo y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el 11 de noviembre de 2016, cuando este estaba siendo ya investigado en el marco de la operación 'Lezo'. La Guardia Civil grabó la conversación en la que se escucha a Enrique Arnaldo afirmar: "Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo [fiscal general del Estado] que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno". Días después, el 25 de noviembre se producía el nombramiento de José Manuel Maza. 

Otro de los nombres que asoman en el listado es el de Pilar Llop, ministra de Justicia. En 2016 estaba en excedencia como magistrada y era diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Desde el ministerio indican a Público que Pilar Llop "estuvo en el citado máster a petición del Colegio Oficial de Procuradores donde ofreció dos charlas, renunciando a los honorarios ofrecidos por ello. Es decir, no recibió prestación económica alguna". Además las mismas fuentes oficiales explican que la interlocución de Llop fue "exclusivamente" con dicho Colegio y "no con la universidad" ni con Enrique Arnaldo. Aquella colaboración de la actual ministra de Justicia se enmarca, según el ministerio, en las que Pilar Llop siempre atendió a petición de colectivos profesionales, como es el caso, "de manera desinteresada". 

El juez Alejandro Abascal también aparece entre el profesorado del máster dirigido por Arnaldo. De hecho, acababa de doctorarse por la Universidad Alfonso X El Sabio, un centro privado, y el presidente del tribunal que evaluó su tesis fue el propio Enrique Arnaldo; también formó parte del tribunal el magistrado Manuel Marchena. Abascal había ocupado provisionalmente en 2016, durante seis meses, la plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 donde se instruían los casos 'Lezo' y 'Púnica' de corrupción del PP madrileño. En 2019 regresó a la plaza de refuerzo en la Audiencia Nacional. 

En la autoevaluación efectuada por la dirección del máster de acceso a la profesión de procurador se puede leer: "La mayoría del profesorado procede del ámbito profesional y de la docencia (profesores de la URJC, procuradores con amplia experiencia docente, tanto en impartir clases como en tutorías de prácticas)", justificando la presencia de notarios, una docena de jueces, y otro tanto de abogados en el listado del profesorado como "conferenciantes", sin que eso esté especificado en la documentación oficial de la universidad.

Arnaldo fue abogado del Colegio

El convenio entre la URJC y el Colegio de Procuradores de Madrid, organismo con fuertes vínculos con el PP, para la impartición de este máster se centró principalmente en la fase de prácticas de los alumnos en los diferentes despachos de procuradores. El exdecano del Colegio, Antonio Álvarez-Buylla, también profesor del máster, fue candidato del PP para entrar como vocal en el CGPJ. Pero su imputación, en 2014, por falsedad documental al haber falsificado presuntamente los estatutos del Colegio de Procuradores frenó su ascenso al gobierno de los jueces.

De hecho, también figuraban como profesores del máster dos miembros de la Comisión de Recursos del Colegio de Procuradores, que son los que tienen que resolver los recursos que se plantean contra los actos de la Junta de Gobierno del Colegio. Y para convertir la situación en más rocambolesca si cabe, Enrique Arnaldo era por entonces abogado del Colegio de Procuradores de Madrid, con lo que se podría concluir que contrató a sus clientes. 

El Colegio de Procuradores de Madrid se vio envuelto en la polémica por las elecciones de 2015, que fueron anuladas por la Justicia, en 2018, al haberse acreditado "irregularidades invalidantes". Arnaldo representó a la junta directiva que convocó aquellas elecciones y que después tuvo que dimitir en pleno.