La pelota de la venta de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a fondos buitre vuelve a estar en el tejado del Tribunal de Cuentas. Primero condenó a Ana Botella y a su equipo por malvender estas viviendas sociales durante su etapa como alcaldesa de Madrid; después revocó esta condena con el voto de dos vocales afines al PP, y hoy tiene la opción de permitir que la causa llegue al Tribunal Supremo, o bien que acabe definitivamente en vía muerta.

A finales de septiembre, la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Mercedes González requirió al Tribunal de Cuentas que la legitimara para poder formular recurso de casación ante el Supremo, "como vecina de Madrid" y en ejercicio de la acción sustitutoria; Ya que el Consistorio se negaba a defender los bolsillos de los madrileños, la edil reivindicaba el derecho a hacerlo, argumentó.

Fuentes del Tribunal explican a Público que esta institución todavía no ha decidido si permitirá o no personarse a la concejal, si bien reconocen que esto supone mantener entreabierta la puerta al recurso. 

No concretan cuándo expirará el plazo para responder a esta petición, ni si se inclinan por una u otra opción. El reloj permanece parado y, si finalmente le dan luz verde, en las próximas semanas, la edil del PSOE presentaré recurso ante el Alto Tribunal. 

"Hemos parado el reloj de una injusticia", asegura González a este diario. "De no haber presentado el escrito de preparación del recurso, el 7 de octubre hubiera sido firme la sentencia. Y si así hubiera sido, se habría contaminado la vía penal [sigue abierta, pero Botella no está en esta causa] y contable", apunta la edil socialista.  

"Tenemos esperanza de que aún se pueda defender el patrimonio de todos los madrileños”, incide. No obstante, si el Tribunal de Cuentas no le da derecho a formular recurso de casación, González planea presentar un recurso de queja ante el Tribunal Supremo.  

La concejal socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la autorizara a personarse el 26 de septiembre; el 27 era el último día para formular recurso, y fue también la jornada escogida para convocar el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en el que se oficializó la decisión de no recurrir la revocación de condena, ya anticipada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

 Según el propio Tribunal de Cuentas, el perjuicio a las arcas públicas causado por esta venta fue de 25.7 millones de euros. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende en realidad a 127 millones de euros. La Fiscalía, por su parte, no aprecia "perjuicio económico" en esta venta. 

En concreto, González actuó en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.  En esencia, este artículo establece que las entidades locales "tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos", y que "cualquier vecino" podrá requerir su ejercicio a esta entidad. 

Las maniobras de Almeida para blindar a Botella

El Gobierno de Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos) ha hecho lo posible por bloquear cualquier vía para recurrir la revocación de la condena a Botella. Esto pasa por gastar más de 14.500 euros de dinero público en un informe elaborado por el bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo que justificase su decisión de no recurrir, pese a que Almeida anteriormente argumentaba su decisión de blindar a Botella afirmando que no quería "despilfarrar" dinero de los madrileños en "venganzas estériles". 

El informe en cuestión fue encargado por el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, exjefe de Gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, investigado en varias causas por corrupción- , sin someterlo a votación o informar siquiera al Consejo, algo que ha sido criticado por Más Madrid y PSOE.

Además, la EMVS no ha querido explicar a este diario los motivos por los que ofertó la realización de este informe a cuatro despachos concretos, de los que tres se desmarcaron de inmediato, alegando conflictos de intereses. El bufet en cuestión, que ha defendido, defiende, emplea o ha empleado a exilustres del PP, realizó este trabajo por un importe que, además, está muy cerca del límete que marca la ley para los contratos menores.

Por si fuera poco, el Gobierno de PP y Cs ha ignorado deliberadamente el mandato del Pleno, que en julio se mostró a favor de recurrir la revocación de la condena a Botella. Por no hablar de que Almeida decidió despedir a la directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Paloma Herranz, en septiembre; era quien ultimaba el recurso de casación y quien conocía la causa. El Partido Popular ha hecho todo lo posible por dar carpetazo.