Tras más de nueve horas de una maratoniana reunión, la ejecutiva de ERC ha decidido dar su visto bueno al preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat de la Catalunya. Según ha anunciado la portavoz del partido, Raquel Sans, el pacto está basado en un "concierto económico solidario" y en una apuesta para garantizar el uso social del catalán. En la rueda de prensa, Sans ha resaltado que Catalunya saldrá del régimen común de financiación, es decir, que tendrá "la llave de la caja" y gestionará el 100% de los impuestos.

Para ser definitivo, el preacuerdo requiere de la aprobación de las bases de ERC, a las que el partido consultará telemáticamente este viernes, 2 de agosto. En total, 8.700 militantes tienen derecho a voto. Si las bases republicanas lo avalan, el PSC todavía tendría que cerrar un pacto con los Comuns para garantizarse la investidura de Illa. El plazo para lograr la investidura y evitar la repetición electoral se agota el 26 de agosto, aunque ahora mismo, tras el preacuerdo con ERC, el debate en el Parlament se podría celebrar la semana que viene.

Los últimos días de negociaciones se han centrado sobre todo en cerrar la carpeta más conflictiva de la negociación: la financiación "singular" tan reclamada por los republicanos. El intrincado camino hacia el consenso, pilotado esencialmente por Marta Rovira, ha concluido con avances también en materia de lengua, de resolución del conflicto político y de políticas impulsadas por ERC desde el Govern.

En lo relativo al catalán, se ha pactado la creación de un departamento específico en el futuro del Govern de política lingüística. "Es hora de que las políticas relativas a la lengua estén en la mesa de los mayores, para garantizar el uso social del catalán entre los jóvenes". Asimismo, los republicanos también han querido garantizar el impulso de la lengua en espacios donde va "más coja", como el ámbito de la salud.

En la rueda de prensa, Sans ha anunciado la formación de una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, que incluirá a todas las formaciones y que estará presidida por ERC. "Es importante que el PSC asuma que hay un conflicto con el Estado", ha añadido. En última instancia, también han querido garantizar la gratuidad de Infantil 2, el pacto nacional de industria y la continuidad de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.

La financiación, el aspecto clave

El preacuerdo entre PSC y ERC se ha cerrado tras semanas de largas negociaciones, que se han intensificado los últimos días en sesiones maratonianas y con constantes intercambios de documentos. En este sentido, el retorno a Catalunya de la secretaría general de los republicanos, Marta Rovira, tras ser amnistiada, ha facilitado el impulso de unas conversaciones que ella misma lideraba, ya liberada de la distancia física y los encuentros telemáticos.

La financiación es el aspecto clave del preacuerdo y, sin duda, el que ha costado más de cerrar, teniendo en cuenta que el partido independentista aspiraba a un modelo "singular" en la línea del concierto vasco para Catalunya, algo que inicialmente no aceptaba el PSOE. En cualquier caso, para los republicanos era fundamental lograr avances significativos con la idea de que la Generalitat pasara a tener la "llave de la caja" de su financiación, es decir, que pasara a recaudar directamente los impuestos, en detrimento de la hacienda estatal.

Paralelamente, ERC exigía garantías de que un cambio de gobierno en el estado no comporte el posible desmantelamiento del nuevo sistema de financiación. Finalmente, según ha comunicado el partido en una asamblea extraordinaria con la militancia celebrada esta misma tarde por vía telemática, el preacuerdo está basado en un cambio del modelo de financiación, que consistirá en un "concierto económico solidario". Posteriormente, la portavoz del partido, Raquel Sans, ha confirmado en rueda de prensa que el preacuerdo supone que Catalunya saldrá del régimen común de financiación y pasará a recaudar el 100% de sus impuestos, algo que no será inmediato.

A grandes rasgos implica avances en la soberanía fiscal de Catalunya y, si se implanta, la previsión es que, por ejemplo, en 2026 la Generalitat asuma la cesión del 100% del IRPF, el impuesto que ahora mismo supone el 46% del total de la recaudación tributaria en Catalunya. Según ha anunciado Sans, de la recaudación y la gestión de los impuestos se encargará la Agencia Tributaria de Catalunya.

Para aumentar la confianza de los republicanos en el PSOE, las últimas semanas se habían producido avances significativos como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Govern, que cerraron la semana pasada Pedro Sánchez y Pere Aragonès en su reunión en el Palau de la Generalitat, o la transferencia de más de 1.000 millones para actualizar el servicio de Rodalies en el marco de su traspaso a una empresa mixta participada por la Generalitat y el Estado, entre otros.

Pendiente de los Comuns

Siempre que las bases de ERC avalen el preacuerdo alcanzado con el PSC, los socialistas todavía deben lograr el "sí" de los Comuns para garantizarse la investidura de Illa como president de la Generalitat. Entre republicanos y socialistas suman 62 diputados en el Parlament, de manera que los seis diputados de los Comuns son decisivos para alcanzar la mayoría absoluta de 68.

Pese a que las negociaciones conllevan semanas en marcha, aún no están cerradas. La prioridad de la formación liderada por Jéssica Albiach y Ada Colau es conseguir avances significativos en materia de vivienda. Entre otras cuestiones, el partido de izquierdas ha puesto sobre la mesa carpetas como la regulación del alquiler de temporada −que los socialistas, al lado de Junts, tumbaron en mayo−, el incremento del parque de alquiler público, intentar poner fin a los desahucios e impulsar la ley de barrios verdes.

La incógnita del retorno de Puigdemont

Una de las dudas que se abren ahora mismo es el impacto que puede tener entre las bases de ERC el anuncio de Carles Puigdemont de volver a Catalunya para un debate de investidura que podría llegar la semana que viene. Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo se niega a aplicar la ley de amnistía al expresident, si finalmente materializa su retorno del exilio, se expondrá a una muy probable detención, lo que sin duda generaría una movilización independentista de rechazo. Y este elemento sobrevolará la consulta a la militancia de ERC y condicionará el apoyo del partido a investir a Illa.

Más allá del rechazo de Junts, que apuesta abiertamente por una repetición electoral que llegaría en octubre, varios sectores del independentismo se han posicionado en contra de un pacto entre PSC y ERC. Así, por ejemplo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) lleva semanas reiterando su rechazo a la investidura de Illa, algo en lo que ha insistido su presidente, Lluís Llach, este mismo lunes. Probablemente, los pronunciamientos de este tipo irán a más en las próximas horas, con la voluntad de presionar a las bases republicanas y torpedear el acuerdo.