Tahal (Almería), donde al menos tres niños deben recorrer casi 50 kilómetros -entre ida y vuelta- en autobús para ir al colegio. Una huelga en la Alpujarra granadina, donde desde hace dos semanas varios niños y niñas no acuden al colegio en protesta por el cierre de aulas. Un colegio de Nueva Carteya (Córdoba), donde se incumple la ratio legal de alumnos por aula. Son tres enclaves de Andalucía en los que el curso se ha iniciado con problemas -hay  más- de distinto tenor, pero que comparten un denominador común: La inquietud en el ámbito rural por la política educativa del nuevo Gobierno de Andalucía, formado por PP y Ciudadanos, que necesitan para hacer casi cualquier cosa del apoyo de Vox.

En Andalucía, según los datos oficiales, hay 402 escuelas rurales que dan servicios a 31.700 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. En ellas, trabajan 4.648 docentes.

La situación en Granada ha motivado ya el inicio de una investigación de oficio por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús de Maeztu, que quiere saber las razones del cierre de unidades “y, por lo tanto de personal docente, lo que imposibilita que los niños y niñas reciban una educación con unos mínimos estándares de calidad” en los centros docentes de Torvizcón y Bérchules.

Para Maeztu, esta queja responde a un fenómeno que tiene relación con la despoblación. ”Es un problema en educación, en sanidad, en temas de movilidad, en exclusión financiera... todos estos fenómenos van a alterar la calidad de vida de los zonas rurales y de los municipios pequeños. Tenemos que ver qué medidas podemos proponer para que estén cubiertas las necesidades de esta población, en especial, de las personas mayores y de la infancia".

Los padres de la Alpujarra -a quienes se unieron familias de otras localidades como Pinos Genil, Cajar, Gojar y Puerto Lope- cortaron esta mañana uno de los carriles de la Gran Vía de Granada, apoyados por el sindicato Ustea, para protestar porque, sostienen, la Consejería de Educación, en manos de Ciudadanos, no les da soluciones. El consejero Javier Imbroda enfadó a los padres y madres esta semana al afirmar que “los niños no pueden ser rehenes de las reivindicaciones de sus padres”.

“No he convertido a mi hijo en un rehén, estoy luchando por él, para que tenga la educación que se merece, viva donde viva», le respondía Miguel, uno de los padres que acudieron a Granada, en declaraciones al diario Ideal de Granada.

En Tahal (Almería), el periodista de Ideal Almería Miguel Cárceles ha documentado el cierre del colegio de la pequeña localidad, de unos 400 habitantes, ubicada en el corazón de la Sierra de Los Filabres, lo que ha obligado al menos a tres familias a tener que recorrer, en una situación propia de otros tiempos, nada menos que unos 50 kilómetros -entre la ida y la vuelta- para poder ir al colegio.

En el Parlamento

El pasado jueves, en el Parlamento de Andalucía, el asunto fue motivo de debate, porque la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, se lo sacó al presidente, Juanma Moreno. “Un niño no puede viajar 50 km al día para ir al colegio. Está pasando en Tahal, donde el gobierno de derechas ha cerrado las líneas escolares y obliga a sus menores a desplazarse a otros municipios. Es lo que le importa la educación rural a Juanma Moreno”, afirmó la expresidenta de la Junta.

El consejero Imbroda, en lugar de buscar soluciones, vino a negar la existencia de problemas, e indicó que la situación este curso en los centros de la Alpujarra es "prácticamente es la misma que el año pasado salvo un colegio en el que se ha perdido una unidad". Imbroda agregó que el Gobierno mantiene una "apuesta real por las escuelas rurales".

Luego, se escudó en la gestión de sus antecesores y dijo que, mientras este curso se han cerrado siete unidades en escuelas rurales en Andalucía, entre los años 2016 y 2018 fueron 321. "No solamente se han cerrado pocas pese a que hay un millar menos de niños, sino que hay 114 docentes más”, afirmó el consejero.

La problemática no se reduce a estos lugares, sino que se extiende a otros lugares. Según las cuentas de Adelante Andalucía, el Gobierno andaluz ha cerrado más de 400 aulas en toda Andalucía. El PSOE, por su parte, tiene computado problemas en por cierre de unidades en al menos otros ocho colegios más de la provincia de Granada.

”No estamos de acuerdo en cuanto a la supresión de unidades en los colegios de muchos pueblos, especialmente en las zonas rurales. Además, tienen que dar solución al déficit que hay de personal o a muchos de los problemas que hay en relación a los servicios complementarios, tan necesarios para la conciliación de la vida laboral y familiar", manifestó la exdiputada socialista por Granada Olga Manzano.

La semana pasada, Toni Valero, coordinador de IU acudió a Córdoba a arropar a las familias que protestaban porque en su colegio de Nueva Carteya se supera, en seis de sus aulas, la ratio legal de 25 alumnos por clase. Valero criticó allí la “privatización encubierta” del sistema educativo que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno andaluz de PP y Cs, mediante el “trasvase de fondos de la educación pública a la privada”, y reclamó a la Junta que “rectifique y reponga las líneas públicas perdidas en los colegios públicos”, para así “garantizar la calidad”.

Las líneas maestras

El Gobierno de Ciudadanos y PP tiene muy claras sus líneas maestras en educación. Estas no pasan precisamente por un refuerzo de la escuela pública en Andalucía, tal y como tienen recogido en su acuerdo de Gobierno. El punto 71 de su pacto dice: “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada”. Y en el siguiente, el 72, se lee: “Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato concertado y promoveremos la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía”.

Mientras, PP y Vox pactaron tres cosas al respecto, complementarias a las cerradas con Ciudadanos. Por un lado, “garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”.

Por otro lado, “eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. Y, por último, “garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional”.

En su primer presupuesto -pactado entre los tres partidos PP, Ciudadanos y Vox- ya incrementaron el peso de la escuela concertada en detrimento de la pública, unos 41 millones de euros más.