Acceder a una vivienda en España se ha convertido casi en un lujo para muchos bolsillos, especialmente en el de los más jóvenes, cuya tasa de emancipación ha pegado un bajón en la última década. Ante la crisis de los alquileres y la compra de hogares, el Gobierno de Andalucía ha propuesto la posibilidad de dividir un piso en varios más pequeños.

El anteproyecto de la Ley de Vivienda autonómica contempla esta fórmula en los casos en los que se vaya a desarrollar la rehabilitación de un inmueble. Esto permite redistribuir el suelo de las viviendas existentes en pisos más pequeños.

Además, el texto también incluye la creación de "Áreas Prioritarias de Vivienda", que permiten acelerar los trámites para la construcción de edificios en determinadas zonas. Se trata de un dispositivo normativo que puede tener como consecuencia desarrollos apresurados y de menor calidad.

Por otro lado, el anteproyecto  permite el uso residencial en parcelas y edificios calificados como turísticos o de oficinas. En concreto, estos suelos irían destinados a la oferta de viviendas protegidas en alquiler. Es decir, sería a las personas con menos recursos a quienes se pondría a disposición esta clase de pisos. 

El aumento de la oferta del parque residencial es uno de los principales objetivos de la ley regional, que se espera que entre en vigor a partir de 2026. El anteproyecto asume como reto la promoción de la emancipación juvenil, "garantizar la habitabilidad de las viviendas existentes y proteger a las personas con mayores dificultades", según señala el texto publicado por la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha puesto en marcha su propia legislación después de que el Tribunal Constitucional avalara en mayo la mayor parte de la Ley estatal de Vivienda. Andalucía elevó el texto a la Corte de Garantías, pero esta declaró inconstitucionales solo algunos preceptos, entre ellos, la nulidad del artículo 16 que hace referencia a la vivienda protegida.