Si se echaba en falta un factor en las tensiones y conflictos que el PSOE y Unidas Podemos han protagonizado en las últimas semanas, ese era Nadia Calviño; al menos hasta este lunes. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Agenda Digital ha irrumpido en la escena pública para reforzar dos de las posiciones socialistas que están provocando fricciones con su socio en el Ejecutivo: el rechazo a llevar la limitación directa del precio de los alquileres a la nueva ley de Vivienda y la negativa a aprobar ayudas directas a las empresas afectadas por las restricciones de la pandemia del coronavirus.

En una entrevista en TVE, Calviño aseguró que fijar topes en los precios del alquiler es "simplificar los problemas complejos", algo que "no ayuda a resolverlos", y apuntó que hay medidas que pueden ser más eficaces como "aumentar a 26.000 las viviendas del fondo social, trabajando con los bancos, la Sareb y con otros propietarios".

Alineándose con las tesis que defiende el Ministerio de Transportes y Movilidad de José Luis Ábalos, la vicepresidenta económica indicó que el Gobierno apuesta por medidas que sean útiles. "Regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás. Lo que hay que hacer es aumentar el parque público de vivienda", insistió.

Calviño siempre se ha mostrado en contra de la fijación de topes en los precios del alquiler y defiende que su regulación no tiene que pasar directamente por esta medida, negando que la misma sea un compromiso acordado con Unidas Podemos en el acuerdo firmado para el Gobierno de coalición.

Sin embargo, los de Iglesias lo tienen muy claro: si no se lleva esta medida a la ley de Vivienda, el PSOE estaría incurriendo en un incumplimiento del acuerdo, que a su juicio deja bien claro que el compromiso es fijar techos en los precios del alquiler, aunque insisten en que no contemplan este escenario. Las palabras de la vicepresidenta provocaron un nuevo choque en redes sociales con Unidas Podemos, en este caso con la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, que es la negociadora de la formación morada en el asunto de la Vivienda.

"Sabemos que a Calviño no le gusta la regulación de precios del alquiler, pero está en el acuerdo de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", recordó Belarra, que fue un paso más allá y apeló directamente a Pedro Sánchez: "Los acuerdos se tienen que respetar y el presidente debe hacérselo entender a los ministros de su partido".

Calviño y Unidas Podemos: una relación compleja

La vicepresidenta también marcó territorio sobre cómo se va a gestionar el fondo de 11.000 millones de euros para ayudar a empresas y pymes, descartando la posibilidad de dar dinero directamente. Calviño recordó que esta fórmula ha fracaso en algunos países europeos que, después de dar ayudas directas a la empresa, han terminado cerrando.

Calviño insistió en que ayudas directas son que el Estado asuma el salario de los trabajadores a través de los ERTE o las cotizaciones a autónomos. Para la responsable del área económica del Gobierno también se puede considerar como ayuda directa ampliar el plazo de carencia de los créditos ICO, y cifró que dichas ayudas han supuesto ya más del 2% del PIB solo en lo que va de año. En este sentido, indicó que cuando se gestiona tal cantidad de dinero público hay que ser muy cuidadoso "para que las ayudas lleguen a quienes tienen que llegar".

Sus palabras acerca de las ayudas directas también tuvieron respuesta por parte de Unidas Podemos en las redes sociales. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, advirtió a través de su cuenta de Twitter de que "lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública, se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad. Siempre es mejor prevenir que curar".

En la formación morada llevan tiempo advirtiendo de la necesidad de dar en este momento ayudas directas para que la crisis de liquidez que viven las empresas no termine derivando en una crisis de solvencia. "Para poner en marcha la recuperación económica en los meses de verano es necesario que nuestro tejido productivo llegue en las mejores condiciones, y eso pasa ahora por las ayudas directas; si no, en verano habrá muchas empresas que ya no podremos salvar", defienden en ese sentido.

Desde el comienzo de la legislatura, Calviño ha sido la ministra que más fricciones ha protagonizado con Unidas Podemos en cuestiones de fondo. Para algunos, esta posición la sitúa como la ministra de la ortodoxia económica, el puente entre el Ejecutivo español y la vigilancia constante de la Unión Europea. Para otros, la vicepresidenta tercera es un elemento disruptivo en un autodenominado Gobierno progresista, la "defensora de una ortodoxia que pasó de moda cuando la Unión Europea dijo que en esta crisis no podíamos aplicar la austeridad y las recetas que se utilizaron en 2008", explican desde el partido.

Que Calviño fuera replicada este lunes por dos secretarios de Estado, y no por un ministro o por el vicepresidente segundo, podría estar apuntando hacia una nueva estrategia de la formación morada. El relato sobre los últimos conflictos entre los socios de Gobierno han seguido un esquema muy claro: un ministro del PSOE y otro de Unidas Podemos chocan por una determinada iniciativa que acaba tensando la coalición, hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene y pone fin al enfrentamiento.

En políticas y reformas recogidas en el acuerdo de coalición, el partido morado tiene claro que la única solución pasa siempre por cumplir con los compromisos y que, si se diera un incumplimiento (como denuncian en el asunto de los alquileres), la interlocución compete a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, los líderes de las fuerzas coaligadas en el Ejecutivo y las dos personas que estamparon su firma en el documento. Si algún acuerdo terminase por incumplirse, en Unidas Podemos tienen claro que el presidente no estaría exento de responsabilidad.

Esta misma semana, Sánchez e Iglesias se reunirán en un contexto marcado por la existencia de importantes disputas entre los socios de Gobierno (desde la ley "trans", el registro de la ley de igualdad de trato y no discriminación o la ley de Vivienda, hasta la diferente actitud y respuesta ante las protestas y disturbios desencadenados a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél).